El abogado y constitucionalista Marcelo Duarte cuestionó la utilización del dinero público por parte de la senadora oficialista Lilian Samaniego para el financiamiento de una consultora especialista en hacer cabildeos en los Estados Unidos para mantener una serie de reuniones con altas autoridades del país norteamericano en carácter personal, sin representación legislativa.

En una entrevista realizada al programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media, manifestó: “Yo conozco perfectamente el sistema de lobby en los Estados Unidos, sé que es una actividad regulada, lícita, pero invocar la representación del Gobierno paraguayo sin un título habilitante es absolutamente ilegal, ilícito”.

Por medio de un formulario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, denominado FARA, que es una información pública, se pudo comprobar que Samaniego en su reciente visita al país del Norte en julio pasado en realidad consiguió reunirse con autoridades norteamericanas gracias a las gestiones de una firma consultora dedicada a hacer lobby.

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De este modo se confirma que el oficialismo colorado acicateado por el propio gobierno de Mario Abdo Benítez tuvo intervención directa y estuvo operando ante autoridades de los Estados Unidos para influir sobre la imagen del expresidente de la República, Horacio Cartes, y unas semanas después el gobierno de ese país mediante su embajada ante el Paraguay anunció que deniega el ingreso al país norteamericano al líder del movimiento Honor Colorado.

“El Congreso Nacional tendría que habilitarle por decisión de un plenario a determinadas personas para hacer gestiones, pero con dinero del Poder Legislativo, ni siquiera con dinero propio contratar un lobby de esta naturaleza, yo diría que es por lo menos ilegal, pero además yo creo que es lo más poco patriótico para decirlo de manera elegante”, sostuvo Duarte.

El cabildeo de Samaniego demandó la suma de G. 51 millones para recompensar a la firma Planty & Asociados, encargada de realizar lobby en los Estados Unidos. Algunos senadores, como el colorado Enrique Riera, ya adelantaron que su colega deberá dar explicaciones al pleno de la Cámara Alta.

Cesión de soberanía

Por otra parte, Duarte volvió a reiterar que los legisladores para­guayos estarían incurriendo en la cesión de la sobera­nía del país, de concretarse la intención de remitir el informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero al gobierno de los Estados Uni­dos. Explicó que en todo caso este procedimiento debe ser realizado por la Cancillería Nacional y no por los parla­mentarios.

“Obviamente es una cesión de soberanía y se debe hablar con mucha franqueza, Estados Unidos es una de las grandes potencias del mundo y uno no recurrirá por casualidad a ese país, van a pedirles su intervención como hermano mayor, pero por qué irían autoridades paraguayas a pedir intervención a los Estados Unidos sobre una cuestión que es estrictamente nacional”, manifestó.

Duarte agregó que el planteamiento solo podría justificarse si en el Paraguay no existiese un normal funcionamiento de los poderes del Estado. “Yo no veo cuál podría ser la justificación para poder llevar nuestras diferencias políticas internas a discutirse en los Estados Unidos, esto solo se podría concretar si la institucionalidad del Paraguay desapareciese y no hubiesen las instancias para reclamar tanto en el ámbito político o judicial”, remarcó.

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