El consultor, analista y periodista estadounidense Douglas Farah, experto en seguridad y terrorismo, profundizó sobre el anuncio que había realizado la Embajada de Estados Unidos tras denegar la entrada del exmandatario Horacio Cartes al país norteamericano. Hizo hincapié en que, desde su perspectiva, no se observan vinculaciones directas del expresidente de la República del Paraguay con el terrorismo.
“No es probable que él personalmente mantenga relaciones con Hezbolá o algún grupo islamista. Obviamente es muy amigo de Israel y tiene muchos otros factores”, expresó Farah este viernes en conversación con la 1080 AM, consultado sobre la posibilidad de que el político paraguayo llegue a ser imputado ante la justicia norteamericana y se ordene el trámite de su extradición. “Dependería mucho de la evidencia y de lo que tienen como evidencia judicial en contra del expresidente”, opinó Farah.
Respecto al contexto de la presunta parte terrorista, que fue referida por el periodista, el especialista respondió: “Yo creo que eso tiene que ver con el avión de Irán, que ahora está todavía retenido, creo en Buenos Aires, donde tenía la tripulación iraní”. En este pasaje se refirió específicamente al servicio de transporte de Paraguay a Aruba en dicho avión de una carga producida por una empresa vinculada al exmandatario.
En otro tramo de la entrevista, Farah manifestó que la aeronave pudo utilizarse para distintos intereses, aunque ello no implica un involucramiento con su tripulación y su ideología. “Me parece que, en estas circunstancias, especialmente como vemos en la frontera allá, que hemos visto muchas veces en Colombia, que estamos viendo ahora en Centroamérica, hay grupos dedicados al lavado que toman dinero de todos, utilizan, digamos en este caso para ese mismo avión de grupo vinculado al terrorismo. Pero que el expresidente esté directamente involucrado me parece lejano. Obviamente el caso tiene que seguir por su propio curso. No tengo conocimiento interno de cómo está la cosa”, explicó.
Proceso de reacomodamiento
Al referir sobre los factores claves a la hora de determinar el grado de culpabilidad para que el Gobierno norteamericano realice una designación, el consultor internacional comentó que el proceso “tiene que pasar por varios elementos de revisión y situaciones legales; hay que tener abogados que están de acuerdo, que hay suficiente evidencia”; y acotó que también se enmarca en una política de la administración de Joe Biden hacia América Latina.
“Es un proceso yo creo de tratar de reacomodar la política de Estados Unidos hacia países en la región desde la perspectiva de que la corrupción es eje fundamental de muchos de los otros problemas que estamos viendo en América Latina”, señaló el experto en seguridad nacional.
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Particularmente en el caso del expresidente paraguayo, Farah mencionó la filtración de Wikileaks, la página creada por Julian Assange, de un documento confidencial que trascendió en 2011, que señalaba que Cartes fue objeto de una investigación de una agencia del Departamento de Justicia en 2009. Sin embargo, ningún otro documento refirió públicamente el desarrollo o conclusión del operativo policial, y el Gobierno norteamericano no hizo ningún comentario sobre el caso, reportó Associated Press en aquel entonces.
En mayo de 2013, los portavoces del Departamento de Estado de EEUU, Roberta Jacobson y Patrick Ventrell, felicitaron mediante un comunicado oficial a Cartes por su victoria en las elecciones presidenciales de ese año. Luego, Cartes compartió con el presidente estadounidense de ese entonces, Barack Obama, en la Cumbre de las Américas en Nueva York, en setiembre de 2015; así como el siguiente mandatario, Donald Trump, en la Asamblea General de la ONU, en setiembre de 2017, también en Nueva York.
“No es una condena judicial”
En cuanto a lo que significa la designación anunciada por la Embajada de Estados Unidos en Paraguay y su sentido político, Douglas Farah contestó: “El impacto más directo es quitarle la visa y la posibilidad que empresas de Estados Unidos hagan negocios con él, y que su familia yo creo que ya no pueden tampoco viajar a Estados Unidos”.
“Lo que hace el Departamento de Estado está más relacionado con quiénes les dice que pueden entrar y no entrar a Estados Unidos, y bloquear la posibilidad que alguna empresa en Estados Unidos esté haciendo negocios”, afirmó el excorresponsal del periódico The Washington Post.
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“No es una condena judicial, sino una apreciación de parte de Estados Unidos que hay suficiente evidencia que ya no queremos que esta persona esté entrando y saliendo del país”, puntualizó Farah, y explicó que para los casos judiciales siguen un curso muy distinto, y que tardan varios años en montar un caso judicial. “Para que llegue a un caso judicial toma mucho más tiempo”, ratificó.
Posteriormente, el consultor estadounidense compartió unas acotaciones a través de su cuenta personal en Twitter: “Sí dice que la designación no es judicial sino de postura del gobierno EEUU ante las evidencias de corrupción. No dije que era postura netamente política. En cuanto a estar vinculado al terrorismo dije que no conozco la evidencia”. También agregó: “Pero estar vinculado a un avión iraní, estado designado como patrocinador de terrorismo, sí puede vincular una persona indirectamente con el terrorismo. Pero no indica que es miembro de Hezbolá”.
“Maniobra política”
El experto en ciencias políticas Michael Gold-Biss, reconocido consultor, investigador y docente universitario en Minnesota (EEUU), que fuera profesor del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa “William J. Perry”; había afirmado a través del mismo medio radial que la designación realizada por el Departamento de Estado del país norteamericano a través de su embajada sobre el expresidente de la República forma parte de una “maniobra política”.
“Esta designación viene directamente a intervenir en un proceso electoral, si realmente hubiese algún interés que no sea político, sino realmente jurídico, yo creo que esta medida hubiese sido totalmente diferente. Esto demostró y ratificó de que esto se trata de una asociación de grupos mediáticos junto con autores políticos del gobierno y la concertación”, sentenció en la reciente entrevista, que posteriormente fue eliminada de las redes del medio.
“La intervención de afuera se consideraría como una intervención de los asuntos internos del Paraguay, esto es un asunto interno que debería manejar la Justicia paraguaya. Consideraría que los paraguayos se sentirían altamente ofendidos por la acción de los Estados Unidos. No existe un caso penal contra el señor Cartes en los Estados Unidos, no existe ningún motivo por el cual se podría pedir la extradición en este momento o en los próximos meses del señor Cartes o de sus aliados”, afirmó Gold-Biss.