Más de 200 diputados franceses, de izquierda y derecha, pidieron el lunes al gobierno que bloquee la conclusión del esperado acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur, que consideran “traiciona” la ambición europea.

“El acuerdo, negociado por la Comisión Europea, traiciona dos veces lo que debe ser la Unión Europea. Traiciona la ambición de elevar los estándares medioambientales, sociales y sanitarios. También traiciona nuestro compromiso con la soberanía alimentaria de nuestro continente”, escribieron 209 diputados de distintos grupos del espectro político francés.

“Nos negamos a abrir los mercados europeos a pollo dopado con antibióticos, a la carne de vacuno criada en un contexto de deforestación, al maíz tratado con atrazina...”, declararon, rechazando “un acuerdo cuyo contenido, negociado desde 1999, sigue sin aportar compromisos sólidos en materia medioambiental, social y sanitaria”.

Para ellos, “en un momento en que Francia perdió 100.000 explotaciones agrícolas en diez años, que corre el riesgo de perder el mismo número en la próxima década, y cuando el 75% de la deforestación en Brasil está vinculada a la ganadería bovina, este acuerdo equivaldría a sacrificar nuestros valores profundos por intereses comerciales y geopolíticos cortoplacistas, por una carrera por la influencia y los nuevos mercados”.

“El presidente de la República se comprometió con los agricultores y las organizaciones medioambientales, unidos en esta lucha”, señalaron. “Nosotros, diputados de todas las bancadas, pedimos al gobierno que bloquee la conclusión del acuerdo (...), y a la Comisión Europea que respete este veto francés”.

Las negociaciones con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia) se reanudaron en los últimos meses bajo el impulso de países europeos, entre ellos España y Alemania.

La posibilidad de una conclusión enfurece a los sindicatos agrarios franceses, que anuncian una movilización para mediados de noviembre.

Fuente: AFP

En la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, se analizó la iniciativa sobre el uso y la tenencia de armas de fuego. Se trata del proyecto de ley “de armas de fuego, sus componentes, municiones y sus componentes, accesorios controlados, explosivos, accesorios explosivos, precursores químicos de explosivos, afines de explosivos y artículos pirotécnicos”, que ya cuenta con la media sanción del Senado.

La comisión asesora, bajo la presidencia del diputado Pedro Ortiz, se reunió con el titular de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), Melanio Servín, con quien se analizó la propuesta y los alcances de una posible nueva reglamentación para el uso y tenencia de armas de fuego.

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La propuesta que pretende una modificación total de la ley 4036/2010, “que regula las armas de fuego, sus componentes, municiones y explosivos”, cuenta con 289 artículos. Uno de los principales puntos de este proyecto es la creación de un Registro Nacional de Portación de Armas de Fuego, que dependerá de la Policía Nacional, manteniendo su rol actual como autoridad competente para inscribir a las personas que cumplan con los requisitos legales para portar armas.

También establece la disposición de materiales incautados a favor de los órganos de seguridad y se fortalece el organismo de aplicación, la Dimabel, que pasará a denominarse Dirección General de Material Bélico (Digemabel)

Para un mayor estudio y debate, la comisión asesora convoca a una audiencia pública que se desarrollará el próximo lunes 11 de noviembre, a partir de las 08:00, en el Salón Comuneros de la Cámara Baja, en la que fueron invitadas diversas entidades del Estado, además del sector privado y el sector civil, refiere el informe de la Cámara Baja.

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El gobierno del presidente Lula denunció el viernes pasado el “tono ofensivo” adoptado por Venezuela hacia Brasil en medio de una crisis por el veto brasileño a la entrada de Caracas a los BRICS y los cuestionamientos sobre la reelección de Nicolás Maduro. “El gobierno brasileño constata con sorpresa el tono ofensivo adoptado por manifestaciones de autoridades venezolanas en relación a Brasil y sus símbolos nacionales”, dijo en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores, Itamaraty.

Las relaciones entre los dos vecinos se han agrietado luego de la exigencia de Brasilia de no reconocer los resultados electorales venezolanos mientras no se publiquen las actas del escrutinio del 28 de julio. La oposición venezolana reivindica el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, y denuncia fraude.

Pero la crisis aumentó de nivel por el veto brasileño al acceso de Venezuela a los BRICS la semana pasada durante la cumbre del bloque en Kazán, Rusia. El gobierno venezolano convocó a consultas a su embajador en Brasilia y llamó al encargado de negocios de Brasil en Caracas. Antes, Maduro acusó a Itamaraty de “conspirar contra Venezuela”, evitando responsabilizar directamente a Lula por el veto en los BRICS.

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Pero en señal del aumento de tensiones, la Policía Nacional de Venezuela (PNB) publicó el jueves una imagen en Instagram con un rostro ensombrecido que se asemeja al de Lula y una bandera brasileña con la leyenda: “El que se mete con Venezuela se seca”. La PNB está a cargo del ministro de Interior Diosdado Cabello, del ala más dura del chavismo gobernante.

“La opción de ataques personales y escaladas retóricas, en sustitución de los canales políticos y diplomáticos, no corresponde a la forma respetuosa con que el gobierno brasileño trata a Venezuela y su pueblo”, señaló la nota de la cancillería brasileña. “No entramos en el juego de descalificaciones”, insistió a la AFP un alto funcionario de la cancillería, bajo reserva.

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Los señalamientos se han centrado contra el excanciller Celso Amorim, asesor de Lula, a quien el ministerio de Exteriores venezolano llamó “mensajero del imperialismo norteamericano” que “se ha dedicado de manera impertinente a emitir juicios de valor sobre procesos que solo les corresponden a los venezolanos”.

Amorim fue observador en las presidenciales y dijo que Maduro le prometió difundir el escrutinio detallado de la votación, pero esto aún no ocurrió. Según el asesor, la decisión en los BRICS respondió a que Venezuela “rompió la confianza” tras esos comicios.

Fuente: AFP.

La viceministra de Capital Humano del Ministerio de Economía, Andrea Picasso, manifestó que la ley del Servicio Civil abarcará a cada uno de los funcionarios del Estado. Dicha aclaración se debe a la idea de que el proyecto de ley no se aplicará para funcionarios del Legislativo o incluso judiciales.

“La ley se aplica a todas las instituciones públicas. La única exclusión se da con las sociedades anónimas de participación mayoritaria del Estado. En el respeto de las atribuciones constitucionales, se define que los órganos son la autoridad de aplicación”, explicó ante los medios de prensa en el Senado.

Al respecto, Picasso subrayó que se apela a que los diferentes poderes u órganos constitucionales elaboren sus propios reglamentos, en el marco de los criterios que define la propuesta de ley. Además, recalcó que los trabajadores del Legislativo y del Poder Judicial serán parte de la normativa.

“Por supuesto que se respetarán las carreras que tengan su propia ley especial. La reglamentación es una ley general, pero se respeta la autonomía institucional y las diferentes leyes de carreras que tienen los servidores públicos”, expresó la viceministra.

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Picasso recordó que con el plan se pretenden resolver todas las dificultades encontradas con la ley 1.626. La misma ha sufrido varias acciones de inconstitucionalidad, volviéndola no aplicable en varios órganos o poderes del Estado, por lo cual se apunta a una reorganización.

“Ya desde el punto de partida, con la versión que presentó este gobierno, se pretende salvar las dificultades en la implementación en los diferentes órganos constitucionales. El principio ha sido respetar la autonomía constitucional, dividiendo la ley en dos partes”, remarcó la viceministra.

La autoridad señaló que la ley define lo referente a la función pública, así como la carrera civil. Esta afecta a todos los funcionarios administrativos, con desempeño transversal en el Estado, pero no así a aquellas carreras con leyes especiales, reconocidas también en la Constitución Nacional.

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