El senador de Patria Querida Stephan Rasmussen lamentó que la Cámara de Senadores haya reunido los votos para rechazar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo al proyecto de Ley N° 6924, que modifica el artículo 280 de la Ley de Presupuesto General de la Nación 2022, el cual evitaba realizar “transferencias discrecionales” por parte de las gobernaciones.
El veto del Ejecutivo pasa ahora a la Cámara de Diputados, que deberá analizar y establecer la aceptación o rechazo del veto; en ese sentido, el senador Rasmussen considera que en la Cámara Baja podría existir la mayoría de 41 votos para el rechazo de igual forma, lo cual mandará al archivo la ley vetada y quedará vigente lo establecido en el PGN 2022, dejando la “canilla libre” para el despilfarro del dinero público en pleno año electoral.
El legislador patriaqueridista, en conversación con el diario La Nación/Nación Media, explicó que la decisión del Senado rehabilita las transferencias directas por parte de las gobernaciones de manera discrecional. Señaló que, pese a las argumentaciones, el plenario decidió por mayoría de 24 votos rechazar el veto total del Ejecutivo. “Nosotros acompañamos la objeción total para no abrir nuevamente la canilla, y evitar que se termine rifando el dinero público”, dijo.
Asimismo, recordó que el Congreso había eliminado del Presupuesto de este año la posibilidad de que los gobiernos departamentales tengan esta facilidad a la hora de hacer transferencias de dinero, ya que se utilizaban de manera irregular para ir destinadas a ONGs u otros entes. Sin embargo, posterior a eso, el parlamento aprobó eliminar esta restricción y, pese al rechazo de esta iniciativa por parte de la Presidencia de la República, desde el Senado ahora aceptaron seguir con el despilfarro.
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“Si es que también se rechaza el veto total en la Cámara de Diputados, va a quedar sancionada esta ley, que permitirá a las gobernaciones hacer las transferencias de forma directa. Esto es una locura, porque la canilla quedará abierta en pleno año electoral, todo está recontracomprobado que esto es para despilfarrar plata del Estado”, insistió.
Finalmente aseveró que lo correcto es que las gobernaciones ejecuten las obras directamente sin desvíos a terceros, realizando los llamados a licitación a través de la Dirección de Contrataciones Públicas, y no terminar regalando el 90% del dinero entre los amigos, y dedicar el 10% a malas obras de infraestructura.