El pleno de la Cámara de Senadores aprobó la vuelta a Comisión de Legislación del proyecto que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública, más conocido como “puertas giratorias”. El objetivo de la vuelta en comisión es para integrar aportes del Poder Ejecutivo según indicó el senador oficialista Derlis Osorio.
Este proyecto fue estudiado en general y faltaba el estudio en particular, el que será realizado en 15 días. El senador Enrique Baccetta señaló que la propuesta del Poder Ejecutivo es más amplio y armoniza con una ley de Contrataciones Públicas que ya está aprobada, por lo que es correcto que la propuesta vuelva a Comisión.
“Es básicamente preventivo ¿Cuál es el acuerdo al que se llegó ahora con los proyectistas? Admiten efectivamente que este proyecto del Ejecutivo es más amplio, abarcativo ¿Qué se va a hacer en la parte de peticiones? los propios proyectistas van a pedir que el proyecto vuelva a comisiones, no se va a tratar en particular. En comisión de legislación se va a trabajar nuevo proyecto teniendo como base proyecto del Ejecutivo”, indicó días atrás Hugo Richer, senador del Frente Guasú.
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El proyecto de ley tiene por objetivo establecer un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los altos cargos de la Administración Central, de los entes descentralizados en el Banco Central del Paraguay, la banca pública, las empresas públicas, además organismos y entidades del Estado.
Específicamente serán objeto de esta ley los ministros y viceministros del Poder Ejecutivo y sus equivalentes en las secretarías ejecutivas, dependientes de la Presidencia de la República. El proyecto alcanza también al presidente y al resto de los miembros titulares del Banco Central del Paraguay, del Banco Nacional de Fomento, del Fondo Ganadero del Crédito Agrícola de Habilitación y de la Agencia Financiera de Desarrollo.
Además incluye al presidente de cualquier empresa pública, del Instituto de Previsión Social, el superintendente de bancos, el superintendente de seguros e interventores del Poder Ejecutivo. Se establece que los altos cargos no podrán prestar servicios a personas jurídicas privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que el mismo funcionario haya participado, por un plazo de dos años desde su cese.
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El proyecto ya fue aprobado en general el pasado 14 de julio con 27 votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones. Su estudio en particular, fue postergado en varias ocasiones y ahora nuevamente volverá a Comisión para su análisis. La senadora del Partido Patria Querida (PPQ) Georgia Arrúa, una de las proyectistas indicó que la normativa no implica persecución a ninguna facción política y más bien “busca proteger la libre competencia y evitar los privilegios y limitar que se falte a la confidencialidad”.