El Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), presidido por Gail González Yaluff, se suma a la lista de las instituciones afectadas por persecuciones políticas contra los funcionarios principalmente contratados, quienes denunciaron que son presionados para acompañar el proyecto de gobierno del movimiento Fuerza Republicana comandado por el aspirante a mandatario Hugo Velázquez.
“Nuestra preocupación radica en que se quiere utilizar una cuestión política en perjuicio de una gran parte del funcionariado, existe una persecución, están siendo arreados contra su voluntad, pedimos que se respete la voluntad de la gente, que participen en las actividades políticas, pero no bajo una presión, con las amenazas de sacarles del cargo o de las jefaturas”, mencionó Lino Ávila, secretario general del Sindicato de la Reforma Agraria (Sintra).
Agregó también que el amedrentamiento a los funcionarios impide la realización de las actividades normales dentro de la institución, razón por la cual instan a las altas autoridades del Indert a dejar de lado las persecuciones políticas y limitarse a hacer cumplir las funciones del ente.
“Queremos que esto pare, yo estoy resguardando el derecho del funcionariado, sus beneficios que fueron adquiridos, su tranquilidad y estabilidad sin distinción de colores. Los contratados no deben ser sometidos a los manoseos y humillaciones, respeto ante todo. Nuestros asociados vienen con mucho temor a denunciar todo esto”, sostuvo.
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Finalmente, comentó que dentro de la cartera agraria se busca instalar “la dictadura” con el fin de “acallar la voz del funcionariado”. “Hay una persecución abierta, solapada y subliminal. Acá se está amenazando a los más vulnerables, incluso a algunos directores”, dijo mediante una entrevista con el diario La Nación/Grupo Nación Media.
De esta manera, el Indert se suma a la extensa lista de secretarías y ministerios que son utilizados por las altas autoridades del Ejecutivo para lograr el respaldo político al proyecto presidencial del bloque oficialista. Días atrás también surgieron las denuncias de persecuciones políticas dentro del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y el Instituto de Previsión Social (IPS).
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