La fiscal de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Orden Económico y Anticorrupción, Victoria Acuña, solicitó al Juzgado Penal el desafuero del diputado Éver Noguera para continuar con el proceso en su contra en el marco de las investigaciones de provisión de merienda escolar en el departamento de Guairá. El pedido fue trasladado a través del juez Agustín Delmás Aguiar al presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López, para someter al pleno el desafuero del diputado oficialista.
En el documento remitido por la fiscal Acuña se refiere que el 31 de agosto del 2020 fue formulada la imputación por parte de la Fiscalía en contra del diputado Éver Noguera y en ese momento el juzgado había dado trámite correspondiente al pedido de desafuero por el juzgado. En ese entonces, el 2 de setiembre del 2020, el pleno de la Cámara Baja rechazó este pedido y ahora nuevamente fue remitido el pedido por el juez Delmás Aguiar.
“Esta solicitud la realizamos, ya que el pedido de desafuero de un miembro de la Cámara de Diputados se podrá hacer cada vez que la cámara renueve su periodo parlamentario, no causa ningún agravio al mismo, pues todo ciudadano sometido a un proceso penal goza de todas las garantías constitucionales y derechos procesales establecidos en el orden jurídico de la República del Paraguay”, refiere el documento firmado por la agente fiscal.
Mientras tanto, el documento remitido por el juez penal a la presidencia de la Cámara de Diputados refiere que el desafuero es un procedimiento constitucional por el cual se priva de sus inmunidades a un miembro del Congreso Nacional a fin de que pueda ser sujeto en un proceso penal y así ser parte del proceso penal, lo que no significa que califica o sea incluido sobre su participación o responsabilidad en el supuesto hecho investigado.
Igualmente, con relación al pedido de desafuero que ya fue rechazado por el pleno, el juez penal Delmás Aguiar interpretó que no existen limitaciones para remitir un nuevo pedido de desafuero a la Cámara de Diputados en este caso.
“El procedimiento de desafuero no encuentra ninguna limitación en cuánto a la oportunidad, ocasión y reiteración en la Constitución Nacional, por lo que bien este juez interpreta que no existen limitaciones en cuanto a las ocasiones u oportunidades para dicha solicitud. De esta manera, se puede colegir que no existe impedimento constitucional alguno para la petición realizada por la agente fiscal Victoria Acuña”, menciona el documento firmado por el juez.
Éver Noguera está siendo investigado e imputado por la Fiscalía por supuesta comisión de administración en provecho propio y asociación criminal en el caso de la adquisición de almuerzo escolar, teniendo en cuenta que era accionista de la firma ESSA.
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Juzgado debe decidir sobreseimiento de suiza por uso del cannabis
La sexagenaria detenida el martes pasado por la posesión de dos plantas de cannabis para uso medicinal recibió arresto domiciliario y queda en manos del Juzgado Penal de Garantías el sobreseimiento definitivo y la extinción de la causa que solicitó el fiscal antinarcóticos de Guairá, Erico Ávalos, después que se viralizaran imágenes de la mujer de 62 años en la cárcel de una comisaría de Independencia.
El fiscal Ávalos pidió un cambio de calificación y un criterio de oportunidad a favor de Marianne Rita Baumann, la ciudadana suiza que fue aprehendida por tenencia y cultivo de estupefacientes. La solicitud fue formulada este jueves pasado, luego que la jueza Marcela Mallorquín dispusiera el arresto domiciliario de la procesada, rechazando el pedido inicial de prisión preventiva, considerándola improcedente.
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Baumann, domiciliada en el barrio Planta Urbana de Independencia, fue detenida el martes último al mediodía durante un allanamiento encabezado por el fiscal Erico Ávalos con apoyo de agentes policiales de Antinarcóticos Regional N.° 15 de Guairá y de la Comisaría 25.ª de Independencia. La mujer fue denunciada por vecinos por el olor a marihuana que provenía desde su vivienda. En el procedimiento se incautaron 33,6 gramos de marihuana picada y dos plantas de cannabis en sendas macetas, que la sexagenaria utiliza para tratarse la reuma.
El caso generó un debate en redes sociales sobre la criminalización del uso medicinal del cannabis y el senador Éver Villalba visitó este viernes a la mujer. “Durante mi visita al departamento de Guairá, me reuní con la Sra. Marianne Baumann para conocer más sobre su situación relacionada con la tenencia de dos plantines de marihuana. He solicitado a mi equipo revisar la legislación vigente y trabajar para proponer una ley moderna que permita al menos la tenencia de tres plantas para uso medicinal“, compartió el legislador sobre el encuentro.
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Cuestionan reclusión de sexagenaria por tener dos plantas de cannabis
Una mujer de 61 años fue detenida ayer miércoles y pasó la noche en el calabozo de la comisaría de Independencia, en Guairá, por la posesión de dos plantas de cannabis en dos macetas y 33 gramos de marihuana, que según alegó son para uso medicinal. Las imágenes de la sexagenaria en prisión se viralizaron y generaron cuestionamientos, entre ellos, de la organización Mamá Cultiva Paraguay.
“Manifestamos nuestra firme oposición a la criminalización del cultivo de cannabis para uso medicinal. Es imperativo que el Estado paraguayo garantice el respeto y la protección de los derechos humanos de todos los usuarios medicinales de cannabis en nuestro país como es el derecho fundamental a la vida digna sin dolor, a la salud y bienestar“, expresó en un comunicado publicado en la red social X, el grupo que reúne a madres que luchan por el uso medicinal del cannabis para dolencias persistentes.
Por su parte, el abogado Ricardo Preda opinó a través de la citada red social: “Urge la revisión de la política criminal con relación a la marihuana en nuestro país. Tanto desde la criminalización primaria como secundaria. Es un despropósito privar de la libertad a una persona que tiene la planta para su consumo”.
El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, aclaró que este operativo no corresponde a su institución y se preguntó qué habrán pensado los intervinientes para realizar este operativo. “Yo no haría ese tipo de trabajos. Si yo fuese fiscal y me llevan este tipo de casos, les meto presos a ellos. Si fuese hoy en día, como máxima autoridad de la Senad, se come un sumario fenomenal”, dijo este jueves en “Así son las cosas” por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Qué dice la ley
La Fiscalía de la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico, a través de Hernán Burgos y Juan José López, con la Policía de Antinarcóticos, realizaron el allanamiento de una vivienda ubicada en el barrio IPS de Independencia (Guairá), donde detuvieron a la mujer que fue imputada por tenencia de sustancias sin autorización y cultivo de marihuana. Se solicitó al Juzgado la aplicación de prisión preventiva.
La jueza Marcela Mallorquín será la que deba determinar si envía o no a la cárcel a la detenida, quien, mientras tanto, aguarda la decisión encerrada en el calabozo de la Comisaría 2.ª de esta ciudad. La Ley 1340/88 en su artículo 27 habla de tenencia de drogas sin autorización. A partir de allí, según Rachid, habría que analizar desde lo jurídico la gravedad del hecho y el grado de responsabilidad, además del uso que se le daba a la planta.
El artículo referido dice: “El que tuviere en su poder, sin autorización, sustancias estupefacientes, drogas peligrosas o productos que las contengan, será castigado con cinco a quince años de penitenciaría, comiso de la mercadería y multa del cuádruplo de su valor“.
Luego, en el artículo 30, expresa: “El que tuviere en su poder sustancias a las que se refiere esta ley, que el médico le hubiere recetado, o aquél que las tuviere para su exclusivo uso personal, estará exento de pena. Pero si la cantidad fuere mayor de la recetada o que la necesaria para uso personal, se le castigará con penitenciaría de dos a cuatro años y el comiso”.
“Se considerará de exclusivo uso personal del farmacodependiente la tenencia en su poder de sustancia suficiente para su uso diario, cantidad a ser determinada, en cada caso, por el médico forense y un médico especializado designado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y otro por el afectado si lo solicitare, a su costa. En el caso de la marihuana no sobrepasará los diez gramos y de dos gramos en el de la cocaína, heroína y otros opiaceos”, agrega el mismo artículo.
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Liberales a la carga: USD 46 millones en adjudicaciones por alimentos
Empresas cercanas a dos legisladores liberales fueron beneficiadas con millonarios montos para la provisión de alimentos a instituciones públicas y particularmente para la entrega de merienda y almuerzo escolar. En total, tres firmas ligadas a los opositores se alzaron con contratos por más de G. 341.000 millones.
- Por Juan Carlos Lezcano
Más de G. 341.000 millones (unos USD 46,7 millones) en contratos para la provisión de alimentos a instituciones públicas recibieron las empresas LF Latin Food SA (ex-Arcáncel SA), Pinoty SA y Villa Madrid. Las primeras dos son firmas cercanas a la senadora Celeste Amarilla, mientras que la tercera está vinculada al diputado Pedro Gómez Silva, ambos del Partido Liberal.
De acuerdo con lo que consta en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), estas tres firmas cercanas a los políticos opositores se alzaron con un total de 103 contratos con instituciones estatales desde el 2010 hasta el presente año.
LOS AMIGOS DE CELESTE
La firma que más dinero recibió por parte de instituciones públicas es LF Latin Food SA (ex-Arcáncel SA). De acuerdo con los datos que se desprenden en la web de la DNCP, esta empresa cercana a la senadora Amarilla fue beneficiada con un total de 28 contratos con entidades públicas desde 2010 hasta el presente año.
Del total, el Ministerio de Salud Pública es el que más veces contrató a LF, con un total de diez adjudicaciones. En segundo lugar, entre los “mejores clientes” aparece la Gobernación de Central, con un total de ocho contratos.
En total , esta firma recibió la friolera suma de G. 176.809 millones (unos USD 24,2 millones) por parte de instituciones del Estado.
LF Latin Food SA, anteriormente denominada Arcángel SA, es representada por María Isabel Gavilán y Patricio Buteler. Esta empresa tiene una cercana relación con la senadora liberal Celeste Amarilla. De acuerdo con la declaración jurada de bienes y renta presentada por la legisladora opositora ante la CGR en 2023, la empresa proveedora de merienda escolar le debe unos G. 124 millones, correspondientes a utilidades de ejercicios anteriores. Además, la legisladora se muestra como una amiga cercana de Gavilán en publicaciones realizadas en redes sociales.
Amarilla declaró una drástica reducción de la deuda de la empresa durante los años del gobierno de Mario Abdo Benítez. En la manifestación de bienes de Amarilla del 2018 figuran deudas a cobrar a Arcángel SA por G. 3.000 millones y en 2019 subió a G. 3.425 millones, ella ya era diputada en ese momento. Al asumir como senadora, sus cuentas a cobrar bajaron a G. 125 millones.
MIMADOS EN CENTRAL
Volviendo a los contratos, como ya señalamos líneas más arriba, el Ministerio de Salud Pública fue el que más contratos entregó a Latin Food. Sin embargo, la Gobernación del departamento Central es la que más dinero adjudicó a la firma.
De hecho, el mayor contrato firmado por LF con una entidad pública fue precisamente con el gobierno centralino. En concreto, en 2015 la administración del liberal Blas Lanzoni firmó un contrato de G. 37.000 millones con la empresa que en esa época tenía aún a la hoy senadora (y correligionaria del entonces gobernador) Celeste Amarilla en su nómina accionaria.
De los más de G. 176.809 millones que recibió esta empresa del Estado, la mayor parte provino de la Gobernación de Central. En concreto, fueron G. 130.405 millones de los centralinos los entregados a Latin Food.
El Ministerio de Salud Pública entregó otros G. 30.785 millones a la firma, que tiene entre sus “clientes” a las gobernaciones de Ñeembucú, Misiones, Alto Paraná, Concepción y Amambay. Además, también fue contratada por la Senad y la Municipalidad de Guajayvi.
MÁS PARA LOS AMIGOS DE CELESTE
La firma Pinoty SA es la segunda que más dinero recibió entre las tres firmas. Entre 2012 y 2019, la firma fue beneficiada con un total de 30 contratos con el Estado, lo que le valió adjudicarse con más de G. 89.559 millones (unos USD 12 millones).
Al igual que LF Latin Food, Pinoty SA tiene una cercana relación con la senadora Celeste Amarilla. De hecho, ambas firmas comparten la misma representante, según Contrataciones Públicas: María Isabel Gavilán. Como ya dijimos líneas arriba, esta empresaria muestra en redes sociales su cercana amistad con la legisladora.
Además, Pinoty SA es una de las deudoras de Amarilla, según su declaración jurada de bienes y rentas. Cuando asumió como diputada, en 2018, la firma le debía a la legisladora liberal más de G. 6.000 millones, suma que se redujo a G. 4.500 millones para 2019.
De acuerdo con la última DD. JJ. de Amarilla, presentada tras jurar como senadora el año pasado, la firma actualmente tiene una deuda de G. 1.611 millones.
La institución que más veces contrató a Pinoty SA fue la Gobernación de Central, con cuatro contratos. Le siguen las gobernaciones de Alto Paraná, Caaguazú y Ñeembucú con tres adjudicaciones cada una.
En términos de contratos individuales, la Gobernación de Caaguazú fue la que le entregó la mayor adjudicación. Fue en 2015 cuando la administración de Mario Varela le entregó un contrato de G. 18.763 millones para la provisión de alimentos para el almuerzo escolar.
De hecho, el gobierno del quinto departamento es la institución que más dinero entregó en contratos a Pinoty SA: un total de G. 27.230 millones. Le sigue la Gobernación de Central, con G. 14.008 millones.
PROTEGIENDO EL NEGOCIO FAMILIAR
La lista se cierra con la firma Villa Madrid SA, empresa ligada al diputado liberal por el departamento Central, Pedro Gómez Silva.
La firma tiene como representantes legales a María Ana Silva y Mónica Gómez, madre y hermana, respectivamente, del legislador liberal. De hecho, la empresa tuvo como uno de sus primeros accionistas a Roberto Pedro Gómez Verlangieri, fallecido padre del diputado.
Según los datos que constan en la web de la DNCP, la firma recibió un total de 46 contratos con el Estado, lo que le valió adjudicaciones por más de G. 75.052 millones desde el 2013 en adelante.
Más de la mitad de las adjudicaciones, 26 en concreto, fueron otorgadas por el Ministerio de Salud Pública. Seis contratos fueron con la Gobernación del departamento Central y cuatro fueron con la Senad.
Sin embargo, la mayor cantidad de dinero provino de la Gobernación de Central, institución que le entregó también el contrato más jugoso a la empresa de la familia del diputado.
En una sola oportunidad, el gobierno centralino le entregó un contrato de más de G. 24.000 millones a la firma. Más concretamente, fue en 2017, durante la administración del liberal Blas Lanzoni, cuando la empresa de la familia Gómez fue beneficiada con una adjudicación para la provisión de pan lacteado, cereales y otros, para la merienda escolar.
Dos años antes, la administración de Lanzoni también había entregado otro contrato de G. 18.000 millones a la empresa de la familia de su correligionario liberal.
En total, la Gobernación de Central entregó contratos por más de G. 67.613 millones a Villa Madrid SA.
DEFENDIÓ PEDIDO DE AUMENTO
Gómez Silva fue uno de los legisladores que defendió el pedido de aumento presupuestario presentado por el gobernador del departamento Central, el también liberal Ricardo Estigarribia, cuando el año pasado el Congreso estudiaba el Presupuesto General de la Nación para el 2024.
El estudio del pedido de ampliación presupuestaria solicitada por la administración de Estigarribia tuvo lugar en el pleno de Diputados el 11 de octubre de 2023, fecha en la que el planteamiento fue rechazado.
Para ese entonces, la Gobernación de Central ya había iniciado la licitación para la provisión de alimentos para las escuelas del departamento. Más concretamente, según la web de Contrataciones, la licitación fue publicada ya el 30 de agosto del año pasado. Entre los oferentes apareció Villa Madrid SA, la empresa de la familia del diputado Gómez, que votó a favor de la ampliación solicitada.
La justificación de Estigarribia fue entonces que, sin más dinero, no habría más alimentos para niños. Alimentos que son proveídos, entre otros, por la empresa de la familia de uno de los diputados que votó a favor de la ampliación.
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Senado dejó sin quórum estudio de desafuero de Mario Abdo Benítez
Ante la falta de quórum, la Cámara de Senadores levantó su sesión ordinaria en el momento que se desarrollaba el estudio del pedido de desafuero del senador vitalicio y exmandatario Mario Abdo Benítez. El presidente de la Cámara Alta, Silvio Ovelar, hizo un repaso de sus colegas presentes, donde se registró un total de 22 senadores, cantidad que ya no permite proseguir con la sesión.
En un principio se habló que la propuesta era mejor postergarla sine die, pero para dicho efecto no se consiguió reunir la mayoría simple de 23 votos, tampoco contaba con los números para su aprobación, que era la mayoría absoluta de 30 votos. Por lo que, para evitar que el documento sea rechazado, dando una imagen de blindaje, se optó por dejar sin quórum la sesión.
El senador Derlis Maidana, de la Comisión de Legislación, indicó que es necesario respetar las instituciones, y por ello, no se debe obstruir la investigación penal, el cual, a su consideración, se está llevando adelante con las garantías del debido proceso. Indicó que tanto el exmandatario Abdo Benítez, así como los demás coimputados, tienen el lujo de contar con los mejores abogados y estudios jurídicos de este país, para llevar adelante sus respectivas defensas.
Destacó que la imputación fue admitida por una jueza de Garantías y quien ha convocado a aquellos que no tienen fueros para que sean oídos. “Es una cuestión que pasa absolutamente por la Justicia ordinaria, y que nosotros, como Senado, mal podríamos entrar a trabar esta situación, que prácticamente es entrar a entender sobre el fondo de la causa”, indicó.
Persecución política
Por otra parte, indicó que se ha mencionado en el plenario sobre el “Lawfare”, que es la utilización de la Justicia para perseguir al adversario político. Maidana sostuvo que el Lawfare es lo que hicieron René Fernández, Arnaldo Giuzzio y los demás imputados no cumpliendo con el artículo 32 de la Ley 1.015 de Seprelad, ni el artículo 315 del Código Penal, y otras disposiciones legales.
“Ellos utilizaron datos sensibles como la publicación de un informe que solicitó la Fiscalía de Panamá a Seprelad; y ellos pasaron a un diario de gran circulación de la República del Paraguay y así comenzó el operativo jurídico, mediático, político de perseguir a los adversarios políticos. Yo pregunto: ¿Horacio Cartes, Santiago Peña y Óscar Boidanich, ustedes vieron si en todo ese expediente que reclamó la Comisión de Asuntos Constitucionales, si tuvieron el derecho a la defensa al debido proceso, antes de publicar estos informes amañados? Claro que no”, remarcó.
Se evitó el blindaje
Fuera de la sala de sesiones, el líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, indicó que mediante esta acción se ha logrado evitar el blindaje, recordando que el propio presidente Mario Abdo Benítez había estado en contra del blindaje. Incluso, él había presentado un proyecto de ley que fue rechazado en su momento. Señaló, además, que no existen los votos para blindar, rechazando el pedido de desafuero solicitado por la Justicia.
“Yo defiendo la idea de que ellos (sus colegas) no contaban con los votos para blindar a Mario Abdo. Ahora el pedido judicial queda pendiente, el cual podría ser tratado en cualquier momento, en cualquier sesión que sea convocada. Para nosotros es una victoria porque no se ha logrado el blindaje”, indicó.