Las persecuciones políticas realizadas por el movimiento Fuerza Republicana, liderado por el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, y el segundo del Ejecutivo y precandidato al cargo de mandatario, Hugo Velázquez, se trasladaron hasta el Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo a la denuncia presentada por cuatro exfuncionarios del Programa Tekoporã.
El periodista Gustavo Galeano, corresponsal de Nación Media en Alto Paraná, informó que la lista de los desvinculados por no simpatizar con el proyecto político del oficialismo se encuentra conformada por Carmen Aguayo, coordinadora distrital; y los guías de familiares Roque Acosta, Laura Cáceres y Sandra Soria.
Mediante un material audiovisual, Aguayo expresó que desde hace 8 años prestaba funciones en la institución que se encuentra encabezada por el ministro Mario Varela, actual precandidato al cargo de senador, y que ahora por conflictos políticos fue desvinculada de su trabajo.
Al respecto, detalló que su desvinculación se concretó solo mediante una llamada recibida el pasado 21 de julio. La mujer argumentó también que junto con sus excolegas se encontraban a pasos de lograr la desprecarización laboral.
“Nosotros estamos manifestando nuestro repudio e indignación. Tantos años de trabajo, nos merecemos al menos una justificación por la desvinculación, cuál es el motivo. Pisotean nuestra dignidad, derechos laborales, no es justo por qué se están manejando así, dando el gusto a unos políticos para dar cargos”, lamentó.
No es la primera denuncia que surge contra el gobierno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, teniendo en cuenta que semanas atrás varios trabajadores del Instituto de Previsión Social (IPS), pertenecientes al ámbito de la salud, sostuvieron que fueron apartados de sus cargos sin justificación.
La situación motivó para que en la Cámara de Diputados se apruebe un pedido de interpelación contra el titular de la previsional, Vicente Bataglia. El conflicto se sumó a la serie de cuestionamientos respecto a la falta de insumos y equipos médicos, casos de negligencia y corrupción.
Otra de las instituciones afectadas por los casos de persecuciones políticas es el Ministerio de Trabajo, encabezado por Carla Bacigalupo, también aspirante a senadora. Incluso días atrás se desató una puja en la cartera, precisamente en el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), filial Concepción, entre simpatizantes oficialistas del equipo de Bacigalupo contra el sector de la actual parlamentaria Blanca Ovelar, hecho que impide el desarrollo normal de las actividades.
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