La diputada colorada, Rocío Abed, argumentó contra la idea de enjuiciar a Sandra Quiñónez por la muerte del joven liberal Rodrigo Quintana. Foto: Archivo.
Opositores utilizan la muerte de Rodrigo Quintana como último recurso para el juicio político
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Dentro del interminable estudio del juicio político a la fiscal general, Sandra Quiñónez, el punto 7 entró en debate, el cual consiste en el caso de la muerte del joven dirigente liberal, Rodrigo Quintana. Desde la oposición utilizan el mencionado suceso como parte del libelo acusatorio contra la titular del Ministerio Público.
Al respecto, la diputada colorada Rocío Abed realizó algunas puntualizaciones pertinentes para aclarar que la acusación no corresponde a una argumentación valedera para enjuiciar a la fiscal general. Así, trajo a colación el juicio realizado contra el uniformado Gustavo Florentín como responsable principal de la muerte del joven liberal.
Explicó que la causa está parada por un conflicto entre las dos querellas adhesivas, pese al urgimiento del Ministerio Público, y no por causas atribuibles a la Fiscalía, sino porque la pareja del joven fallecido solicitó la exclusión de la querella representada por los padres de Quintana. El Ministerio Público presentó los urgimientos correspondientes, pero finalmente por los motivos mencionados no se puede realizar la audiencia preliminar para dar continuidad al caso.
La acusación contra Florentín fue formulada por la Fiscalía por ingresar al predio del Partido Liberal, ocasionando el disparo que se cobró la vida de Rodrigo Quintana. Así también, fue acusado el oficial de policía, Guido Vera, por el hecho punible de coacción grave, debido a que disparó en el baño del PLRA cuando se encontraban algunos manifestantes.
En cuando al efectivo policial que disparó contra el diputado Édgar Acosta, la parlamentaria recordó que fue condenado a nueve años de pena privativa de libertad. “Nada más quería esgrimir estos argumentos porque hay cuestiones que se responsabilizan a la fiscal general del Estado, cuando los hechos escapan totalmente de las manos de la Fiscalía”, indicó Abed.
Al turno de su ponencia, la diputada liberal Celeste Amarilla nuevamente se desvió del foco central del estudio del juicio político, arremetiendo contra sus colegas para introducirlos en los zapatos de los padres de Rodrigo Quintana. Probablemente su intención fue hacer un paralelismo de la desazón sufrida, pero finalmente la parlamentaria fue víctima de sus propios ataques.
Apuntó contra el diputado colorado Nazario Rojas, olvidando que él atravesó una situación similar con su hijo. Por ello, el parlamentario respondió a Amarilla, afirmando que, lastimosamente, sabe lo que se siente ser llamado una madrugada por la muerte repentina de un hijo.
“Me llamaron a las 04:00 para avisarme la muerte de mi hijo y ni siquiera sabía las causas, si fue por una trifulca o algún otro tipo de situación. Sin embargo, quiero remarcar que los vencedores no son los que quedan vivos en el campo de batalla, son los que mueren por una causa justa y bella”, sentenció Rojas.
El senador Líder Amarilla indicó que, si bien Efraín Alegre estaba liderando anteriormente el PLRA, por estatuto partidario corresponde que Hugo Fleitas asuma la presidencia, lo cual se debe respetar. Foto: Archivo
“No corresponde que quieran entrar por la ventana para conducir el PLRA”, afirmó senador
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El senador Líder Amarilla manifestó que tanto la parlamentaria Celeste Amarilla, como el gobernador de Central Ricardo Estigarribia, deben regirse bajo la institucionalidad dentro del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y respetar la dirección de la nucleación, a cargo de Hugo Fleitas.
“Les pido que respeten la institucionalidad, al PLRA y a sus afiliados. No corresponde que quieran entrar por la ventana, para conducir el Partido Liberal; deben ganar elecciones y eso será en 2026″, sentenció el senador ante medios de prensa en la Cámara Alta.
Amarilla indicó que, si bien Efraín Alegre estaba liderando anteriormente el PLRA, por estatuto partidario corresponde que Fleitas asuma la presidencia. Para el congresista, esto no se puede terminar en una reunión de directorio y tampoco en una reunión de convencionales.
“Quiero dejarle bien en claro a la senadora Celeste Amarilla y al gobernador Ricardo Estigarribia que, tanto Hugo Fleitas como Alba Talavera, fueron electos por el voto popular. La gente los votó y ganaron las elecciones”, puntualizó el parlamentario, reiterando la necesidad de respetar la institucionalidad.
En la semana, miembros del directorio del PLRA, liderados por Estigarribia, participaron de una sesión autoconvocada, en donde decidieron convalidar la Convención del 6 de octubre y ratificar el recorte de mandatos internos. Exigieron así la renuncia de Fleitas como presidente del partido.
La senadora Celeste Amarilla también coincidió en que la única salida ante la crisis que atraviesa el PLRA es la renuncia de Fleitas. No obstante, el congresista Líder Amarilla lamentó la manera en la cual los disidentes liberales prefieren contribuir a la crisis, en lugar de trabajar en conjunto dentro de las bases partidarias.
“El Partido Liberal tiene un estatuto, afiliados y elecciones, donde es el momento en el cual tienen la oportunidad de acceder a la conducción. Es molestoso que sigan insistiendo con este tema, en lugar de preocuparse por trabajar con los comités y fortalecer el partido”, indicó.
La senadora Celeste Amarilla sigue publicando fotos abrazada con su amiga María Isabel Gavilán, representante de LF SA, empresa que alguna vez fue suya y que sigue recibiendo contratos con el Estado.
Senadora Amarilla votó por aumentos siendo parte interesada
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La senadora Celeste Amarilla (PLRA) participó en reiteradas oportunidades en votaciones para aumentar el presupuesto de la Gobernación de Central, institución que contrata de forma constante a una empresa amiga de la legisladora para la provisión de alimentación escolar. La legisladora reconoció en sus declaraciones juradas que seguía cobrando deudas a esa firma en particular.
Juan Carlos Lezcano
Cada uno juzga por su condición, plantea un viejo axioma popular. Refrán ligeramente modificado porque la senadora Celeste Amarilla amenaza con querellas a diestra y siniestra cuando se trata de hablar de sus vínculos e intereses con el alimento escolar.
El refrán hace referencia a lo que en psicología se conoce como proyección: un mecanismo de defensa que consiste en atribuir a otras personas o cosas sentimientos, deseos, cualidades o defectos que no se reconocen o se rechazan en sí mismo.
En la sesión extraordinaria de este miércoles, la senadora liberal acusó a su colega Gustavo Leite de impulsar un proyecto de ley para beneficiar a su amigo. Amarilla no hizo siquiera referencia a la cuestión de si la legislación que beneficia la venta de etanol sería positiva o no.
Y si hay algo de lo que sabe muy bien la senadora Amarilla es de formar parte de debates legislativos que podrían beneficiar a sus amigos o hasta a ella misma.
Central y el interés de Celeste
El caso más reciente de estos debates tuvo lugar el año pasado, cuando Amarilla formó parte de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) a la que acudió el gobernador del departamento Central, el también liberal Ricardo Estigarribia.
Estigarribia solicitó una ampliación presupuestaria, alegando que necesitaba de los fondos para poder cumplir con el almuerzo y la merienda escolar a lo largo del 2024.
Y es ahí donde entran los intereses de la hoy senadora liberal. Y es que Celeste Amarilla tiene un vínculo muy cercano con la firma Latin Food SA, otrora llamada Arcángel SA, empresa dedicada a la provisión de alimentos.
De acuerdo con los datos que se desprenden en la web de la DNCP, esta empresa cercana a la senadora Amarilla fue beneficiada con un total de 28 contratos con entidades públicas desde 2010 hasta el presente año.
En total, esta firma recibió la friolera suma de G. 176.809 millones (unos USD 24,2 millones) por parte de instituciones del Estado.
LF Latin Food SA, anteriormente denominada Arcángel SA, es representada por María Isabel Gavián y Patricio Buteler. Esta empresa tiene una cercana relación con la senadora liberal. De acuerdo con la declaración jurada de bienes y renta presentada por la legisladora opositora ante la CGR en 2023, la empresa proveedora de merienda escolar le debe unos G. 124 millones, correspondientes a utilidades de ejercicios anteriores. Además, la legisladora se muestra como una amiga cercana de Gavilán en publicaciones realizadas en redes sociales.
Amarilla declaró una drástica reducción de la deuda de la empresa durante los años del gobierno de Mario Abdo Benítez. En la manifestación de bienes de Amarilla del 2018 figuran deudas a cobrar a Arcángel SA por G. 3.000 millones y en 2019 subió a G. 3.425 millones, ella ya era diputada en ese momento. Al asumir como senadora, sus cuentas a cobrar bajaron a G. 125 millones.
La drástica reducción en las deudas con Amarilla coincidió también con la presencia ininterrumpida de la misma en la Comisión Bicameral de Presupuesto. Es que, de acuerdo con la página web del Congreso, la misma ha formado parte de la CBP todos los años desde 2018.
Es decir, desde que ingresó al Congreso formó parte del estudio del presupuesto de las instituciones que contrataban a la que alguna vez fue su empresa y que le seguía debiendo dinero.
La propia Amarilla reconoce que las empresas proveedoras le deben dinero. Y en su papel de legisladora debe estudiar los presupuestos de las instituciones que contratan a las firmas que le deben dinero.
Central, siempre Central
Volviendo a los vínculos de Amarilla y LF con la Gobernación del departamento Central, los datos revelan que ésta es la que más dinero adjudicó a la firma.
De hecho, el mayor contrato firmado por LF con una entidad pública fue precisamente con el gobierno centralino. En concreto, en 2015 la administración del liberal Blas Lanzoni firmó un contrato de G. 37.000 millones con la empresa que en esa época tenía aún a la hoy senadora (y correligionaria del entonces gobernador) Celeste Amarilla en su nómina accionaria.
De los más de G. 176.809 millones que recibió esta empresa del Estado, la mayor parte provino de la Gobernación de Central. En concreto, fueron G. 130.405 millones de los centralinos los entregados a Latin Food.
El Ministerio de Salud Pública entregó otros G. 30.785 millones a la firma, que tiene entre sus “clientes” a las gobernaciones de Ñeembucú, Misiones, Alto Paraná, Concepción y Amambay. Además, también fue contratada por la Senad y la Municipalidad de Guajayvi.
Más y más intereses
Amarilla también tenía vínculos a la firma Pinoty SA. Entre 2012 y 2019, la firma fue beneficiada con un total de 30 contratos con el Estado, lo que le valió adjudicarse con más de G. 89.559 millones (unos USD 12 millones).
Al igual que LF Latin Food, Pinoty SA tiene una cercana relación con la senadora Celeste Amarilla. De hecho, ambas firmas comparten la misma representante, según Contrataciones Públicas: María Isabel Gavilán. Como ya dijimos líneas arriba, esta empresaria muestra en redes sociales su cercana amistad con la legisladora.
Además, Pinoty SA es una de las deudoras de Amarilla, según su declaración jurada de bienes y rentas. Cuando asumió como diputada, en 2018, la firma le debía a la legisladora liberal más de G. 6.000 millones, suma que se redujo a G. 4.500 millones para 2019.
De acuerdo con la última DD. JJ. de Amarilla, presentada tras jurar como senadora el año pasado, la firma actualmente tiene una deuda de G. 1.611 millones.
La institución que más veces contrató a Pinoty SA fue la Gobernación de Central, con cuatro contratos. Le siguen las gobernaciones de Alto Paraná, Caaguazú y Ñeembucú con tres adjudicaciones cada una.
Nuevamente, Amarilla es una de las que debe analizar primero en la CBP y luego en el pleno del Senado, los pedidos de aumentos de las instituciones que le deben a la empresa que le debe dinero.
Así que, como ya señalamos líneas más arriba, si hay algo de lo que sabe muy bien la legisladora liberal es de votar para favorecer a sus amigos.
La senadora Celeste Amarilla sostiene que para sacar al partido liberal de la crisis dirigencial Fleitas debe renunciar y convocar a elecciones internas. Foto: Archivo
Senadora pide la renuncia de Fleitas y Talavera de la dirigencia del PLRA
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La salida para la crisis dirigencial del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) es que el presidente del Directorio partidario Hugo Fleitas y la vicepresidenta primera Alba Talavera, renuncien y se realicen las elecciones partidarias, tal como lo decidió la Convención liberal, aseguró la senadora Celeste Amarilla.
“Es un partido quebrado en el sentido emocional inclusive, después de una derrota tremenda, esparcida la gente, desilusionada, y no han podido sacarnos de la depresión y del pozo. Han tenido nuestro apoyo, cuando Efraín se va todos consensuamos que quede Fleitas y que siga Alba en su lugar”, expresó en la 1020 AM.
Refirió que en este momento se debe llevar adelante un plan b, ya que Fleitas no está cumpliendo con las expectativas luego de reemplazar a Efraín Alegre también por decisión de la Convención liberal.
“Eso fue de consenso, todos le prometimos que le íbamos a ayudar, estábamos a disposición, pero no salió, puedo hacer críticas fuertes, pero en este momento lo que digo es que por x razones, esto no prendió, entonces buscamos plan b, ¿cuál es el plan b?, adelantar las elecciones”, apuntó.
Mientras tanto, la legisladora indicó que este proceso se debe realizar de manera pacífica y de consenso, con todos los sectores, incluso sus colegas senadores que se oponen a la elección interna.
“Yo me iría por el lado pacífico, negociar con ellos si hace falta, que renuncien e irnos a elecciones. Por lo menos (los senadores) se avengan a intentar, vía nuevas elecciones, un liderazgo legítimo que nos pueda llevar delante de aquí a la intendencia”, expresó.
Tras la correspondiente votación sobre la propuesta de derogación, el documento no reunió los votos suficientes para su aprobación, siendo finalmente rechazado y archivado. Foto: Gentileza
La Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, rechazó el proyecto de resolución que deroga la resolución que crea la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de hechos punibles de lavado de activos, contra el Estado, contrabando y otros delitos conexos, anulando las diligencias realizadas.
“Como integrante de la Comisión Bicameral debo comentar que hemos trabajado objetivamente, no hemos dictaminado nada aún, hasta ahora solo escuchamos a las personas, a la ciudadanía”, expresó el diputado Rodrigo Gamarra sobre la propuesta; el parlamentario fue proyectista de la creación de la CBI.
El objetivo central había sido analizar el nivel de transparencia sobre los fondos públicos desembolsados a Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y la manera en la que utilizaron dichos fondos. Gamarra puntualizó que se pudo observar cómo varios actores políticos fueron financiados por las ONG.
“Hay informaciones que nos pasan los invitados, pero aún no dictaminamos para que no digan que hacemos persecuciones. Este pedido de derogación es infundado”, sentenció y catalogó además como absurdas ciertas denuncias sobre el estamento, al considerarlo como una herramienta antidemocrática.
La diputada Rocío Abed también se refirió en torno al proyecto, asegurando que “muchos no quieren que se destape la olla”. Consideró también como ridículo usar frases rebuscadas para intentar desacreditar el trabajo de la comisión, sobre la cual ratificó su nivel de constitucionalidad.
Tras la correspondiente votación sobre la propuesta de derogación, el documento no reunió los votos suficientes para su aprobación, siendo finalmente rechazado y archivado. Los parlamentarios del sector opositor, quienes apelaban a la derogación de la CBI, cuestionaron la legalidad de la comisión.
El proyecto que pretendía la derogación, en su exposición de motivos, afirma que no eran cumplidas las formalidades requeridas en la Ley N° 137/1993, y por la propia Carta Magna, debido a que no fue determinado, de manera clara, qué hechos iban a ser investigados.