Los fiscales y procuradores generales, miembros de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), expresaron su rechazo al intento de juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez. A su vez, manifestaron su preocupación contra los “actos reiterados y constante presión contra las instituciones”, afirmación realizada en el comunicado difundido a través de las redes sociales del Ministerio Público.
A través de este comunicado, los fiscales y procuradores de la región expresan su solidaridad a la titular del Ministerio Público y aseguran que los “constantes intentos de avasallamiento” afectan a la autonomía de la institución.
“Rechazamos estos intentos de avasallamiento del ordenamiento jurídico local, que no hacen más que afectar la autonomía e independencia en la investigación y persecución penal de hechos que pueden ser constitutivos de delito, bajo el principio de objetividad y con el pleno respeto de los derechos y garantías fundamentales”, reza parte de la declaración.
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Mediante el documento recalcaron lo dispuesto en la Declaración de Lisboa del 2016, en la que se ratifica la autonomía del Ministerio Público frente a los poderes Legislativo y Ejecutivo, lo que constituye en una garantía para la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la independencia de los tribunales y la credibilidad del sistema de justicia.
El comunicado agrega: “Reiteramos a viva voz nuestro rechazo al nuevo intento de juicio político con fines de destitución de la fiscal general del Estado de la República del Paraguay, Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga, que podría importar un atentado contra la autonomía e independencia del Ministerio Público y cercenar las capacidades investigativas de la Fiscalía”.
Este documento fue firmado por autoridades de ministerios públicos de la región. Entre ellos, Juan Lanchipa, fiscal general del Estado de Bolivia; el fiscal nacional de Chile, Jorge Abbott Charme; la fiscal de la nación de Perú, Liz Patricia Benavides; y el fiscal de la Corte y procurador general de Uruguay, Juan Gómez.
También por el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa; la fiscal general del Estado de la República de Ecuador, Diana Salazar; por el procurador general de la nación de Panamá, Javier Carballo; el procurador general de Argentina, Eduardo Casal, y por el procurador general del Brasil, Augusto Aras.
Este es el tercer intento de juicio político a la titular del Ministerio Público, los dos pedidos anteriores fueron archivados y en estos momentos se desarrolla otra jornada de sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, por tercer día consecutivo, donde se trata el libelo acusatorio contra Quiñónez.
Los legisladores de la Concertación y del oficialismo alegan que la fiscal general incurrió en un mal desempeño de sus funciones; sin embargo, Sandra Quiñónez recibe constantes muestras de apoyo a su administración, incluso por parte de la Embajada de Estados Unidos y por sus pares de la región.