El senador Fernando Silva Facetti cuestionó la posición adoptada por la Concertación opositora y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) al obligar a los legisladores a votar a favor del juicio político contra la fiscal general del Estado (FGE), Sandra Quiñónez. Aseguró que el planteamiento de ambos sectores constituye una acción de inconstitucionalidad.
“La Concertación y el Partido Liberal bajaron una línea que me parece una barbaridad cada vez que quieren imponer ideas a los legisladores, eso es abiertamente inconstitucional y esto consta en varias sentencias, no pueden aceptar imposiciones los senadores y diputados y mucho menos prohibirnos participar en la Concertación, es ridículo”, indicó.
Al respecto, Silva Facetti destacó la gestión realizada por Quiñónez al frente del Ministerio Público y agregó que el trabajo realizado por la agente se ve sustentado en los reconocimientos recibidos por parte de los organismos internacionales.
“La fiscal realiza un buen trabajo, no lo digo yo, sino organismos internacionales, los gremios de jueces, fiscales, nada más que la gente espera que ante un título en la empresa se produzca una imputación inmediata, en el sistema americano y brasileño las investigaciones fiscales conllevan años y cuando llega la imputación, vos ya estás cocinado y acá se pretende que con una tapa de diario se impute sin haber profundizado, escarbado en el análisis de los hechos denunciados o las presuntas pruebas que se puedan juntar”, sentenció.
Por otra parte, el parlamentario expresó que varios de los puntos utilizados por la oposición en la Cámara de Diputados para destituir a la titular del Ministerio Público ya fueron analizados en los otros enjuiciamientos archivados.
“Por un principio constitucional no se puede juzgar dos veces por la misma causa, las causales”, dijo el dirigente liberal. Finalmente, el senador argumentó que las causales expuestas actualmente por el bloque de la oposición con el respaldo de los colorados oficialistas a partir del anuncio realizado por la Embajada de los Estados Unidos ante el Paraguay carecen de contenido jurídico.
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