La Comisión de Legislación del Senado inició el estudio del proyecto de ley antichicana, en el marco de una mesa de trabajo de la que también participaron representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Ministerio Público.
Se trata del proyecto de ley “Que establece el nuevo régimen unificado de recusaciones contra ministros de la Corte Suprema de Justicia y magistrados judiciales en los distintos fueros de la justicia ordinaria”, impulsado por la misma Corte. Se pretende modificar varios artículos de varias leyes que aluden a los plazos procesales y a las consecuencias de la recusación del juez.
El senador Fernando Silva Facetti, presidente de la citada comisión asesora, explicó que “la misma se usa para la recusación o acusación, en algunos casos los magistrados para llevar a exponer al interminable proceso que nunca acaban y eso obviamente viene afectando la imagen de la Justicia y al sistema”. Específicamente se busca modificar el punto referente a la recusación, que es utilizado como mecanismo para prolongar plazos en los juicios.
El legislador liberal aclaró que la propuesta de la Corte prevé que el alcance sea para todas las instancias y para todas las ramas del Derecho. Esto implica que será aplicado en el campo laboral, en el civil, en lo penal, entre otros. Se trata de una renovación de este instrumento procesal que sea transversal, que le pueda servir a todos, conforme expresó.
Destacó la importancia de que todos los sectores estén representados en el debate antes de que el proyecto de ley sea dictaminado y tratado en plenaria de la Cámara Alta. Aseguró que se buscará dictaminar sin afectar los derechos constitucionales que tienen todos los ciudadanos según la propia Constitución.
“Vamos a ver a qué punto podemos llegar con las partes o con la proponente que es la Corte Suprema de Justicia, con los asesores y abogados que también quieren precautelar el derecho a poder impugnar a un juez que ellos, por algún criterio, consideren que no va a ser imparcial”, señaló.
Del encuentro participaron senadores de diferentes bancadas. Igualmente, tomaron intervención en el debate los ministros de la Corte Suprema de Justicia: Víctor Ríos, Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia. Así también, estuvieron representantes del Ministerio Público, de la Defensoría Pública y la titular de la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario (Conarep), diputada Rocío Villarejo.