No tienen ningún argumento jurídico que pueda darles el mínimo respaldo a la hora de argumentar por qué quieren enjuiciar a Sandra Quiñónez. La institucionalidad de la República está por encima de los intereses sectarios del movimiento que busca ganar una interna, poniendo en el cargo a la esposa del precandidato a presidente Hugo Velázquez, cuestionó el diputado Walter Harms.
Así también destacó la importancia de reconocer cómo existen intereses particulares que buscan la destitución de la titular del Ministerio Público. Por otra parte, citando nuevamente las expresiones de los parlamentarios denunciantes, que se centran en el caso Messer, aparte de traer a colación casos que ya fueron investigados y cuentan con una sentencia.
“Pido por favor que nos brinden verdaderos elementos que sean un aporte para sostener una acusación y aplicar una figura constitucional tan grave como es el juicio político. Si van a seguir teniendo a Horacio Cartes como una figura a quien tirotear, avisen que ese será el tenor de esta sesión, pues no existirá ningún elemento jurídico para cuestionar a la fiscal general”, manifestó Harms.
Por ello, el parlamentario sostuvo que el único objetivo de toda la perorata opositor-oficialista es sacar algún tipo de rédito político con el enjuiciamiento a la titular del Ministerio Público. Animó a los denunciantes a que disimulen un poco, argumentando contra la fiscal general del Estado y no contra Horacio Cartes.
Los cuestionamientos al Gobierno
La diputada colorada Del Pilar Medina, a su turno, en medio de las declaraciones, reiteró que resulta importante centrarse en el libelo acusatorio para tratar el juicio político a Sandra Quiñónez, pues “este no es un juicio político a Horacio Cartes y se debe recordar que buscamos enjuiciar a Sandra Quiñónez”, aseguró.
Hizo hincapié además en el afán del sector opositor-oficialista, cuestionando al expresidente de la República Horacio Cartes, olvidando que este es el tercer reconstructor del Paraguay y la gente lo tiene presente, cuando él estuvo en el poder.
Mencionó en contrapartida que la titular del Ministerio Público constituyó el brazo ejecutor para que se investigue el caso de Juan Ernesto Villamayor, durante su negociado con PDVSA; Arnaldo Giuzzio, quien gozaba del apoyo y financiamiento del narcotráfico; Emilio Fuster, con su visto bueno al contrabando, y Carlos Arregui, con sus constantes inacciones frente a la Seprelad.
“Este gobierno desde el día uno decidió aliarse con los enemigos de la ANR, repartiendo ministerios, bastardeando el presupuesto. Con este juicio solo se quiere sacar del camino a Horacio Cartes, Santiago Peña, seguidores y funcionarios públicos, aparte de realizar repartija de cargos y venta de rubros en el IPS”, acotó.