En medio de la sesión del estudio del juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, el diputado colorado Walter Harms sentenció que el interés es netamente político, agregando que los argumentos ni siquiera son suficientes, pues se basan únicamente en ataques al expresidente de la República Horacio Cartes.

“Escuché que Horacio Cartes es responsable de que un avión extranjero haya aterrizado hace poco tiempo en territorio paraguayo y hasta donde sé, el expresidente no es titular del aeropuerto Guaraní”, señaló el parlamentario. Con respecto a las coacciones denunciadas por el liberal Édgar Ortiz, puntualizó que ningún parlamentario puede estar sometido a un mandato imperativo.

Añadió además que incluso desde la Concertación Nacional emitieron una nota, amenazando que quienes voten en contra no serán candidatos dentro de la coalición opositora, lo cual aseguró que puede ser apelado por “cualquier estudiante de derecho de primer año”. “La desesperación por querer atropellar la institucionalidad de la República hace visible que esto no tiene nada que ver con la justicia ni con cuestiones de gestión”, remarcó Harms.

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Resaltó además que resulta incoherente querer enjuiciar a la titular del Ministerio Público, cuando ella es la única funcionaria del Estado paraguayo en ser premiada, condecorada y reconocida por el Departamento de Justicia de los EEUU. “Es apoyada por el gobierno norteamericano, o al menos yo lo entendí así ayer”, dijo.

Refiriéndose a Horacio Cartes, el diputado Raúl Latorre expresó que el expresidente será juzgado el 18 de diciembre, agregando que no tiene dudas del resultado en esa fecha: la victoria contundente del proyecto de gobierno de Honor Colorado.

“A meses de las internas, se estudia un nuevo intento de juicio político con claras intenciones de alterar el escenario electoral, atropellando nuevamente la institucionalidad en la búsqueda del posicionamiento a dedo de alguien que ejerza el garrote político y persiga a sus adversarios”, destacó.

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Con respecto a la reunión de la titular del Ministerio Público con un representante del Departamento de Justicia de EEUU, afirmando que eso echa por la borda todo lo afirmado para enjuiciar a la fiscal general, pues el propio gobierno norteamericano apoya a la funcionaria.

En cuanto al argumento de supuestas obstrucciones en el caso Messer, Latorre sentenció que los bienes del mismo quedaron congelados y fueron también incautados, comentando que esa no puede ser una razón para el enjuiciamiento. Esto, sin mencionar los casos emblemáticos encabezados por Sandra Quiñónez en el Ministerio Público, los procesos y condenas significativas y el operativo sin precedentes A ultranza Py, que desarticuló una amplia red criminal vinculada al crimen organizado.