Los manifestantes que están apostados en las afueras del Congreso generaron incidentes forzando la valla de seguridad. Un grupo logró sobrepasar la línea y se instaló en las inmediaciones de 15 de Agosto y Paraguayo Independiente.
La idea de los manifestantes era llegar al acceso principal de la Cámara de Diputados. En el interior del recinto, los miembros del colegiado están estudiando el libelo acusatorio contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez. Este es el tercer intento de sacar a la fiscal general del Estado por la vía del juicio político.
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Para frenar el avance de los manifestantes que comenzaron a incidentar, las fuerzas públicas procedieron al uso de gases lacrimógenos. Entre los que comenzaron los incidentes se encuentran Efraín Alegre (hijo), María Ester Roa y otros.
Se estima que hay alrededor de 200 personas manifestándose. El personal de GEO y la Montada están atentos para actuar en cualquier momento para resguardar la ley del marchódromo que es muy clara, manifestó uno de los oficiales en servicio en comunicación con medios.
“Es imposible hablar con ellos, no entran en razón, solo tienen en cuenta sus derechos, pero no sus obligaciones. Varios dirigentes liberales son los que encabezan”, lamentó.
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Turba de opositores no siguió protocolo para ingresar al Museo de la Justicia, señalan
La coordinadora del Museo de la Justicia, Rosa Palau, aclaró que el grupo de dirigentes opositores que ocasionó disturbios frente al Poder Judicial, con la finalidad de acceder a la explanada y al Museo de Justicia, no siguió el protocolo establecido para el ingreso, por ende, no contaba con una autorización oficial.
“Ellos no pidieron autorización para ingresar al museo. Habían presentado un nota el pasado 20 de marzo, indicando que querían reunirse y conversar para la entrega del expediente de la causa judicial Rodrigo Quintana y de esa manera dejarlo para su preservación en el museo”, indicó al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Palau señaló que incluso solicitaron a una de las firmantes, de nombre Marlene Orué, acudir previamente hasta el museo con el fin de exponer sus pretensiones y coordinar acciones. “Nosotros no podemos recibir donaciones sin autorización de la Corte Suprema de Justicia. Todo el fondo documental del museo está declarado como patrimonio intangible de la humanidad”, explicó.
Asimismo acotó: “Esto no quita que no queramos en estos 35 años de democracia incorporar otras causas, pero las mismas deben estar finalizadas con sus últimas sentencias, tanto a nivel nacional como a nivel de Corte Interamericana. Pueden ser causas emblemáticas y ser materiales de consultas para los investigadores que visitan el museo. Nosotros no somos archivo”.
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Palau detalló que tras el encuentro con la dirigente opositora se le solicitó remitir una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, argumentando las razones sobre sus pretensiones de querer incorporar el expediente de la causa judicial de Quintana al Museo de Justicia.
Agregó que ayer 31 de marzo, fecha en que acontecieron los incidentes, se marcó un encuentro entre el director del museo, José Agustín Fernández, los padres de Quintana y la dirigente Marlene Orué para las 10:00.
“Llegó la hora y ellos no se presentaron. No estábamos enterados que se armó una manifestación al frente. Dijeron que autoricé el ingreso, pero yo no puedo hacerlo. El mecanismo para el ingreso al museo es mediante un agendamiento, se llama por teléfono, se da una dirección electrónica y los visitantes remiten la lista de personas, el horario, fecha y hora”, contó.
Palau siguió argumentando que “esto se hace con el fin de brindar a los visitantes toda la seguridad y comodidad para realizar el recorrido. No estaba agendada la visita para el número de personas (dirigentes opositores), sí para los padres de Rodrigo y de la señorita Marlene”, dijo.
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Incidentes frente al Palacio de Justicia entre dirigentes liberales y policías
Un grupo de dirigentes liberales y referentes de otros sectores políticos que pretendió ingresar hasta la explanada y al museo del Poder Judicial ocasionó una escaramuza, empujones y agresiones debido a que los agentes se opusieron a que se ingrese al recinto judicial, atendiendo a disposiciones de seguridad del Palacio de Justicia. Fue en coincidencia con el octavo aniversario del fallecimiento del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana.
Las personas se autoconvocaron desde las 10 de la mañana en la explanada del Poder Judicial de Sajonia, para realizar una representación teatral como también para hacer entrega del libro titulado 31M, a los responsables del Museo de la Justicia.
Sin embargo, este hecho no se pudo llevar a cabo porque las autoridades policiales informaron a las personas que existe una acordada de la Corte Suprema de Justicia, que prohíbe el acceso a manifestantes hasta la explanada de la sede judicial pero la obra teatral pueden hacerlo frente a la sede judicial.
Entre los que enfrentaron a los agentes del orden están el senador Rafael Filizzola, su esposa Desirée Masi, Luis Alberto Wagner, el diputado Raúl Benítez y el exdiputado Édgar Acosta, entre otros dirigentes.
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Juicio oral
Actualmente, el agente policial Gustavo Florentín está siendo juzgado por un tribunal de sentencia, por el homicidio del dirigente liberal Rodrigo Quintana.
Según la acusación del Ministerio Público, en fecha 1 de abril del 2017, siendo aproximadamente las 00:30, el oficial Gustavo Florentín Silva, junto con otros agentes policiales, ingresaron al Directorio del PLRA, abrieron la puerta de acceso del local de la sede partidaria, ocasión en que varias personas, empezaron a correr por el pasillo del local y fue en ese momento que el acusado, el primero en ingresar a la sede, realizó un disparo con su escopeta calibre 12 cuyo proyectil impactó en la humanidad de Quintana quien falleció en dicho sitio.
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Diputado e intendentes de Itapúa analizan soluciones para la Caja Municipal
El diputado Germán Solinger recibió a una comitiva de intendentes de Itapúa, encabezada por la jefa municipal de La Paz, Blanca Chávez y en esta reunión abordaron sobre la situación crítica de la Caja De Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal y plantearon varias alternativas de modo a recuperar su estabilidad.
“Requiere de un trabajo profundo y ver cómo se inició todo esto, qué pasó y en qué momento, además qué salida se le puede dar porque es bastante preocupante, año tras año va empeorando, pero también los responsables deben asumir la responsabilidad, sino es muy sencillo todo y termina en la nada, se tiene que tomar en serio”, afirmó el legislador.
Solinger indicó que la situación de la caja preocupa a todos los funcionarios municipales, puesto que actualmente está en riesgo su capacidad para hacer frente al pago de los jubilados y esta problemática se extendería a generaciones futuras, por lo que urge poder determinar una solución que permita nuevamente su sostenibilidad.
“Estuve hablando con la doctora Blanca porque ellos trajeron planteamientos muy interesantes y convenientes para todos los funcionarios municipales. Es un problema que ya data desde hace varios años, yo fui intendente en dos periodos y conozco muy bien la situación y cada vez se está complicando más”, manifestó ante varios medios de prensa.
El diputado indicó que considera oportuna la reacción de los intendentes, puesto que aún hay tiempo para encontrar una salida. Además adelantó que considera que los jefes municipales de otros departamentos también se adherirían a los planteamientos de la comitiva itapuense, ya que sin una solución, cientas de personas saldrán perjudicadas.
“Vamos a reunirnos con el presidente de la Cámara de Diputados haciéndole llegar estas inquietudes. La doctora Blanca también estuvo hablando con el presidente del Senado de esta situación y él le pidió 15 días de tiempo para poder analizar esto y determinar qué camino seguir, entiendo que la misma postura estaría asumiendo el presidente de la Cámara”, refirió.
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Senado rechaza modificaciones del Código Penal y proyecto vuelve a Diputados
La Cámara Alta rechazó el proyecto de ley que pretende modificar tres artículos del Código Procesal Penal, específicamente los que guardan relación con la inviolabilidad de la defensa, duración máxima del procedimiento y desestimación de causas. Desde la Comisión de Legislación advirtieron sobre los riesgos que correría el sistema de Justicia si estas modificaciones llegaran a ser aceptadas.
“Es peligrosa, vaga, confusa y puede traer más problemas que las soluciones que dice proponer por eso solicitamos el rechazo del presente proyecto de ley”, aseveró el senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, quien expuso los motivos por los cuales no consideraban viable dar visto bueno a este proyecto.
A iniciativa del diputado Derlis Rodríguez, se planteó la modificación de los artículos N° 6, 136 y 305 de la ley N° 1286/1998 Código Procesal Penal, en este sentido, Maidana indicó que por unanimidad la Comisión resolvió recomendar el rechazo a este proyecto debido a varias razones. Con relación al artículo N° 6, sostuvo que se introduce una expresión que terminará afectando directamente a los derechos a la defensa de los imputados.
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Asimismo, añadió que la redacción actual de este articulado es prácticamente una transcripción de lo que establece la Constitución en su artículo N° 17 en cuanto a los derechos del procesado y el ejercicio a su defensa. En cuanto al artículo N° 136, manifestaron que si bien todo proceso debe ajustarse a un tiempo específico, el planteamiento de este proyecto podría ocasionar consecuencias negativas en los derechos tanto de los investigados como de las víctimas.
“La propuesta cae en el mismo vicio que hoy tenemos en cuanto a planteamiento de incidente y otros, dando lugar a extinciones y prescripciones que a su vez conducirá a una profunda crisis de impunidad”, expuso Maidana, quien precisó que en una audiencia pública donde participaron representantes de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Defensa Pública, Fiscalía y Colegio de Abogados coincidieron en la misma conclusión.
“Este tipo de normativas puede hacer que muchas causas caigan en la impunidad y falta de juzgamiento a través de chicanas y otro tipo de artimañas”, aseveró. Por último, y con relación al artículo N° 305 que habla de la desestimación de las causas, señalaron que la propuesta era improcedente puesto que el denunciado podría solicitar la desestimación de la causa, sin que se le dé participación a la víctima, en un plazo de tiempo muy breve, lo cual incidiría directamente en los niveles de impunidad. Tras el rechazo del Senado, el proyecto fue devuelto a la Cámara de Diputados.