El fiscal federal y consejero del Departamento de Justicia de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Brian Skaret, se reunió esta mañana con la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez Astigarraga, a fin de preparar y coordinar la visita de representantes del FBI y la DEA al Ministerio Público el próximo lunes en el marco de una cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos y la Fiscalía General del Estado sobre casos abiertos de corrupción, lucha contra el narcotráfico y financiamiento del terrorismo.
A más de esta agenda planteada por la oficina de prensa de la Fiscalía General del Estado, el hecho de que la reunión fuera en un escenario público (un conocido café ) y no en alguna de las dependencias de la Fiscalía General del Estado o la Embajada de los Estados Unidos, se entiende claramente como un gesto de visibilizar el apoyo de la institución diplomática a la gestión de Sandra Quiñónez a un día del anunciado juicio político planteado por sectores de la oposición.
Es muy inusual que estas reuniones se cumplan en tal escenario, por lo que observadores políticos etiquetan como una expresión de apoyo a la titular del Ministerio Público. También se menciona entre los temas de agenda del desayuno cuestiones que se desarrollarán en el curso de la semana entrante.
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Departamento de Justicia de EE. UU. capacita en investigación financiera a jueces y fiscales
El departamento de Justicia de los Estados Unidos dio inicio al seminario internacional sobre investigación financiera en el cual participan jueces, fiscales, asistentes fiscales, policías y agentes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). La capacitación se extenderá hasta julio del 2025.
“Es muy difícil ser juez, no solamente en Paraguay sino también en todos los países. Un juez necesita saber o reconocer la ley obviamente, pero también el contexto de la criminalidad entonces por eso los jueces están aquí, mano a mano con los investigadores y fiscales para entender mejor eso”, expuso Brian Skaret, asesor del departamento de Justicia.
De estas jornadas participarán además de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los jueces de los tribunales especializados y también alrededor de 170 miembros del orden público, lo que representa una inversión de alrededor de USD 250.000 que realiza el gobierno norteamericano en nuestro país.
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Skaret hizo énfasis en la necesidad de contar con jueces que puedan ser severos en sus sentencias, pero también que cuenten con “misericordia” cuando la persona así lo merece. El asesor manifestó la razón por la que Estados Unidos decide apostar por países como Paraguay y poner a su disposición capacitaciones encabezadas por expertos en bienes, recursos financieras y crímenes trasnacionales que han generado un impacto en el sistema de justicia norteamericana.
“Nuestra misión como seres diplomáticos y como gobierno de los Estados Unidos es para que Paraguay sea el mejor aliado, el mejor socio para los Estados Unidos, para cumplir con eso creemos en el estado de derecho y en la amistad que es fuerte entre los dos países. Un estado de derecho sólido y estable va a fomentar más inversiones en el país” resaltó.
Skaret indicó que el departamento de Justicia trabaja de cerca con instituciones como la Corte, Seprelad, el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Migraciones, la Policía Nacional, entre otras, independientemente a este seminario. La agenda integra otros puntos y las investigaciones bilaterales, detalló.
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Denuncian a empresas por explotación clandestina de juegos de azar y otros
El procurador general de la República, Marco Aurelio González y el presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) Carlos Liseras, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra la firma Montego Trading S.A., que habría cometido los hechos punible de explotación clandestina de juegos de azar y estafa; además fueron denunciados los accionistas y directivos de Amazing S.A., por presunta producción de documentos no auténticos.
Los denunciados son Ariel Alegre Colmán y Abigail Alegre Colmán, de Amazing S.A. y Gerardo Bermúdez Arreola, Nasry Árguedas Safie y Erick Vázquez Loza, de la empresa Montego Trading S.A.
En la denuncia se explica que, a través de la resolución Nº 21/2019 del 22 de mayo del 2019, la Conajzar otorgó a la firma Amazing S.A. la autorización para la explotación de la nueva modalidad del juego de azar denominado “Máquinas electrónicas virtuales de juegos de azar” para su explotación, a través de un sistema de entretenimiento virtual conectado.
Debido a la licitación que ganó la referida firma, la misma debía ofrecer una póliza de seguro para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, pero no lo hizo, por lo que habría incurrido en los delitos mencionados.
En tanto que, a Montego Trading S.A., se le atribuyen hechos de explotación clandestina de juegos de azar, estafa y otros hechos punibles que se puedan determinar a través de la investigación del Ministerio Público.
Según la denuncia, a pesar de haberse revocado la autorización para la explotación de apuestas deportivas de manera online y en salas físicas, esta empresa continuó operando a través de la página web de nombre “CrownCity”. La Conajzar y la PGR solicitaron a la Fiscalía el allanamiento y cierre de los locales físicos, además del bloqueo de la página web.
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Inacción del entonces fiscal Giuzzio posibilitó la muerte de Cecilia Cubas, sostiene exfiscal general
En el marco del juicio oral y público de Lorenzo González, acusado por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, declaró la exfiscal general del Estado Sandra Quiñónez, quien investigó el presente caso inicialmente. La misma se presentó ante el tribunal de Sentencia y mencionó la inacción de Arnaldo Giuzzio mientras se desempeñaba como fiscal, para lograr la detención de los autores del hencho.
Quiñónez señaló que “Cecilia Cubas estaba viva al momento de la reunión, donde se decidió su muerte”. Agregó que “Dionisio Olazar ya estaba colaborando con el Ministerio Público y él nos comunicó de la reunión”.
Ante la consulta del abogado querellante, Andrés Casati, sobre qué actitud tomó el Ministerio Público ante la comunicación de la reunión clave, Quiñónez manifestó que “se acercaron los fiscales de aquel entonces, Giuzzio y otros, cuando los que estaban adentro se percataron que iba a haber un procedimiento salieron y fueron detenidos, pero luego fueron liberados”.
Dijo además que la Fiscalía de aquel entonces logró la detención de Lorenzo González y Anastasio Mieres, pero luego fueron liberados, pasadas las 6 horas. El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar al acusado Lorenzo González está integrado por Laura Ocampos, Fabián Weinsesee y Cándida Fleitas.
González fue extraditado a Paraguay en febrero del 2022 y es señalado como el “fusilero” del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). También tuvo participación en la captura de la hija del expresidente Raúl Cubas Grau. Además de este antecedente, el ahora procesado aparece en un video de una reunión del grupo criminal que data del 2004.
Condenado a 34 años de cárcel
La Cámara de Apelación conformada por José Waldir Servín, Gustavo Santander y Agustín Lovera Cañete confirmó la condena para Óscar Luis Benítez por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas. Benítez fue condenado a 24 años de cárcel y 10 años como medida de seguridad el 29 de junio del 2021, por el Tribunal de Sentencia integrado por Carlos Hermosilla, Sandra Farías y Fabián Escobar.
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Senado analizará expropiación del Ministerio Público
Un grupo de senadores plantea la propuesta de expropiar al Ministerio Público un inmueble en beneficio de la Policía Nacional. El proyecto será estudiado esta semana en la Cámara Alta, pero ya había sido tratado en Diputados, donde fue rechazado por el pleno.
Se trata de un predio de 4.200 metros cuadrados ubicado al costado del Palacio de Justicia de Asunción que, de acuerdo a los datos proveídos por el Ministerio Público, desde el 2003 está en poder de la Fiscalía. El proyecto es transferir el inmueble a la Policía Nacional a título gratuito.
Desde el Ministerio Público se han expresado al respecto manifestando su postura en contra de la expropiación. Argumentaron que el inmueble estará destinado a albergar un futuro laboratorio forense, esencial para fortalecer las capacidades investigativas y judiciales del país.
“La comunidad y las autoridades del Ministerio Público expresaron su preocupación ante la posibilidad de que esta expropiación interfiera en los planes de desarrollo del laboratorio forense, un proyecto clave para la mejora del sistema judicial”, expresa parte de la postura de la Fiscalía.
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Sobre la expropiación
Cuando el plan de transferencia de un inmueble del Ministerio Público había sido tratado en Diputados, el propio fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, había mantenido una reunión con el titular de la Cámara, Raúl Latorre. Esto para manifestarle la necesidad de rechazar el proyecto.
El inmueble está ocupado como servicios de talleres de la Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior, por lo cual se planteó la expropiación a favor de dicha cartera. Sin embargo, el fiscal general ratificó las intenciones de la Fiscalía para apuntar al fortalecimiento de las labores institucionales.
“El Ministerio Público y diversas organizaciones están llamando a la reflexión sobre la importancia de mantener este predio para cumplir con los objetivos de justicia y seguridad del país. La decisión final del Senado será crucial para determinar el futuro de este importante proyecto”, remarcó la Fiscalía.