Luis Alberto Mauro, asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), indicó que si el Poder Ejecutivo promulga la ley que modifica el Código Electoral y establece multas a los electores que no voten, que ya es denominada como la ley de Muerte Cívica, la Justicia Electoral deberá proceder a reglamentar antes de proceder a la aplicación de las multas. Aclaró además, que la recaudación será destinada para capacitaciones que se realizan en el ente electoral.
En ese sentido, aclaró que esta normativa aún no es una ley vigente, dado que recién este martes el Congreso sancionó la normativa y falta que el Ejecutivo dé su visto bueno y la promulgue. Mencionó además, en comunicación con Radio Ñandutí, que en su artículo 2 establece que la reglamentación estará a cargo de la Justicia Electoral, por tanto estarán abocados a reglamentar esa ley.
“Hay que tener en cuenta que un ciudadano, si no va a votar pudo haber estado enfermo o también se exceptúa del voto una persona que por alguna circunstancia, ese día de las elecciones, se encuentra a 50 kilómetros del local de votación. Entonces estas dos variables que establece la ley, tendremos que ver con cada ciudadano antes de proceder a la aplicación de la multa”, mencionó.
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En cuanto al dinero que se llegue a recaudar con el cobro de las multas, el asesor del TSJE enfatizó que serán destinados a capacitación, atendiendo a que la Justicia Electoral lleva adelante varios tipos de capacitaciones en lo que respecta al sistema democrático.
“Nosotros como Justicia Electoral, los que nos toca es aplicar la ley, si es que nos autoriza a lo que ya se está denominando como Muerte Civil, independientemente a lo que a uno le guste o no, caiga mal o no, tenemos que aplicar la ley, nosotros como institución no tenemos la potestad de discutir una ley”, expresó.
En cuanto al control, señaló que todo dependerá de la reglamentación, indicó además, que existen experiencias en otros países como Ecuador y Perú tienen el mismo sistema y tienen además su reglamentación. Lo bueno, es que Paraguay tiene la oportunidad de integrar Misiones de Observaciones Electorales en otros países, que permite aprender de las experiencias en la aplicación de esos sistemas.
“Lo que estamos hablando es para sacar una reglamentación que evite un trámite muy burocrático o engorroso para el elector al momento de pagar la multa, que son 49.000 guaraníes, lo que establece la ley. Lo que queremos hacer que sea algo ágil, simple, que nadie tenga que hacer ningún trámite burocrático para pagar esa multa”, indicó.
Finalmente, dijo que solicitaron un informe jurídico a la Dirección Jurídica de la Justicia Electoral, respecto a la vigencia de la normativa y espera que para la próxima semana se pueda tener esa definición para saber si esta normativa podrá ponerse en vigencia ya en las próximas elecciones o no.