La Contraloría General de la República había detectado una serie de falencias en la Memoria Anual 2021 del presidente Mario Abdo Benítez en el marco de la lucha contra la pandemia del COVID-19. Esas falencias fueron expuestas en el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal, donde se sacó a la luz uno de los mayores escándalos de corrupción que marcaron la gestión del gobierno de Abdo Benítez.
El reporte periodístico detalla las irregularidades detectadas durante la cuarentena, cuando la ciudadanía estaba encerrada en su casa por disposición del Poder Ejecutivo. Mientras la gente tenía prohibido salir a las calles, el Legislativo aprobó una ley de emergencia con un préstamo internacional de US$ 1.600 millones, mientras los funcionarios corruptos y los empresarios que tenían un afán desmedido de lucro hacían sus grandes negociados entre cuatro paredes, sin importarles el terrible escenario que se avecinaba, según publicó el portal de noticias Hoy.
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El modus operandi
El informe de la Contraloría, expuesto en el programa “La caja negra”, revela la forma en que trabajaban desde el Ministerio de Salud para lograr el cometido. Para eso se recurrió a una serie de irregularidades como pliegos direccionados y sin aprobación de la máxima autoridad, falta de invitación a empresas interesadas en participar de las licitaciones y la conformación irregular de los comités de evaluación.
En ese sentido, se menciona que no se observó constancia de que la institución haya invitado a otras empresas interesadas en presentar mejores propuestas en su llamado licitatorio. En su momento justamente se presumió que no se realizó la invitación correspondiente a otras empresas, ante lo cual desde Salud Pública alegaron que sí invitó a otros potenciales oferentes, pero que estos no se presentaron.
Asimismo, el informe menciona que el pliego de los requisitos no fue aprobado por la máxima autoridad del ministerio, es decir, se habría llevado adelante sobrepasando al entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni, y es allí, según los antecedentes, donde aparecen hombres cercanos al presidente de la República, ajenos al Ministerio de Salud, como el caso de Raúl Silva, un alto funcionario de Yacyretá salpicado en la cocinada de las fallidas compras de Salud al clan Ferreira.
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La Contraloría también resalta la omisión de los criterios de evaluación y calificación en el pliego de bases, que no garantizó a los invitados al llamado que sus ofertas serían evaluadas y calificadas con objetividad, en igualdad de condiciones y con la transparencia, según publica el diario Hoy. Otro dato llamativo es que los miembros del comité de evaluación no fue conformado mediante resolución que aprueba el pliego, sino fueron nombrados a través de Memorando de la Dirección Operativa de Contrataciones.
El informe indica que era un equipo externo el que armaba y evaluaba los pliegos. El clan Ferreira fue uno de los beneficiados mediante sus empresas Eurotec e Imedic, ya que proveyó por vía de la excepción los famosos insumos médicos chinos al Ministerio de Salud. La colusión y corrupción en estas compras fueron corroboradas y generaron un tremendo escándalo en la pandemia.
Esta fallida compra de insumos chinos revelada por “La caja negra” no solo dejó desprotegido el personal de salud en los hospitales durante meses, sino además consagró el fracaso en la gestión sanitaria del gobierno de Mario Abdo.
La adquisición de equipos y accesorios de gases médicos para la contingencia de COVID-19 en el momento más álgido de la pandemia es otro de los aspectos señalados por la Contraloría. Mientras la vida de miles de personas estaban en peligro, se usó el mismo modus operandi anterior, el pliego no fue aprobado por el ministro y tampoco invitaban a otros potenciales interesados.
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Polladas y falta de medicamentos
La falta de medicamentos, insumos y hasta oxígeno en los hospitales públicos obligó a las familias a recurrir a la ayuda solidaria de la ciudadanía mediante rifas, polladas y la venta de hamburguesas para solventar los costosos gastos médicos. Los fármacos más caros y que se pedían casi a diario eran Atracurio y Midazolán. Según la Contraloría, faltó planificación y gestión oportuna en la adquisición efectiva de los fármacos.
Por la falta de medicamentos para los pacientes se procedió a la compra directa con precios de referencia muy superiores a los del 2019, con un pliego de bases y condiciones no aprobado por el ministro de Salud y con especificaciones técnicas que restringían la participación de varias proveedoras.
La misma situación ocurrió en el Instituto de Previsión Social (IPS), donde la Contraloría detectó varias falencias en las compras por vía de la excepción de los medicamentos e insumos médicos para el combate al COVID-19, al incumplirse las formalidades establecidas para estos procesos.
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Vacunación anti-COVID
Paraguay fue uno de los países que arrancaron tardíamente la campaña de vacunación contra el COVID-19 y las primeras inmunizaciones se hicieron gracias a donaciones internacionales, y fueron aplicadas al personal de salud y adultos mayores de 80 años. Si las autoridades actuaban con eficiencia, las dosis anti-COVID compradas iban a llegar a tiempo y se iban a evitar 10.000 muertes.
En lo que respecta al plan nacional de vacunación, el informe revela que el Ministerio de Salud presentó informes inconsistentes con relación al registro y aplicación de las vacunas.
Entre las irregularidades se mencionan informes de registros múltiples de vacunación sobre una misma persona, la utilización de cédulas de 119 personas fallecidas, vacunaron a 2.310 personas como personal de blanco sin acreditar sus vínculos laborales, e inocularon indebidamente a 28 funcionarios públicos y a otras 4.415 personas que no estaban dentro del cronograma de vacunación, indica el informe publicado por Hoy.
NADA MEJORÓ EN LA PANDEMIA
El programa “La caja negra” entrevistó a Rossana González, secretaria del Sindicato Nacional de Médicos. Ella indicó que su sector tuvo esperanza en que las cosas mejoren durante la pandemia, que se haga algo y se pueda aprovechar para dar visibilidad al problema de la salud pública. “No teníamos nada, tanto que la pandemia nos toma prácticamente en una situación cero, se tuvieron que construir hospitales de contingencia, pero se descuidó a los pacientes crónicos”, expresó.
Sostuvo que hubo descoordinación en la conducción de las autoridades en el combate al virus y la llegada tardía de las vacunas se cobró la vida de miles de personas. “Esa crisis iba a ser oportunidad para salir del problema, pero no fue así. De vuelta se comenzaron a apagar incendios, no se construyeron hospitales resolutivos ni se contrató la cantidad de personal”, acotó.
La profesional lamentó que hasta hoy no tengan acceso a la nómina de las 13.000 personas incorporadas al sector salud durante la pandemia. Sostiene que solo 1.500 son médicos y 3.000 enfermeras.
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Debido al inconveniente con el clan Ferreira para la compra de insumos, hasta ahora ellos siguen comprando sus equipos de bioseguridad. “Nada se mejoró. De vuelta se agudizó la situación”, lamentó.
Por su parte, el secretario del Sindicato Nacional de Médicos, Lilio Irala, cuestionó que Salud Pública no dejó de ser un botín político y recordó que históricamente esta importante institución fue utilizada por los políticos de turno a su conveniencia y como un trampolín político para ir incorporando a sus operadores.