El proyecto de ley que busca exceptuar el patrocinio de un abogado en juicios de información de insolvencia recibió media sanción por parte de la Cámara de Diputados, ahora dicho proyecto es remitido a la Cámara de Senadores para su análisis y posible aprobación.
Actualmente, bajo la norma, para la tramitación de una declaración de insolvencia ante el Juzgado de Paz se debe acudir con un abogado de manera obligatoria. Con la nueva normativa lo que se busca es que en los casos de recepción de órdenes de pago y para solicitar declaratoria de pobreza no sean necesarios los profesionales.
El único artículo con el que cuenta el proyecto reza lo siguiente: “Toda persona física capaz puede gestionar personalmente en juicio, sin necesidad de patrocinio de abogado, su declaración de pobreza o insolvencia, mediante información sumaria de testigos, ante el Juzgado de Paz competente de su domicilio”.
Para los proyectistas es fundamental que se pueda garantizar el acceso a la justicia para las personas que vivan en una situación de vulnerabilidad y que con un documento que acredite la insolvencia ya pueda ser suficiente para que cualquier ciudadano logre acceder a una justicia rápida y eficaz. Los impulsores son los diputados Rocío Abed, Erico Galeano, Raúl Latorre, Enrique Mineur, Jazmín Narváez y Hernán David Rivas
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Misa de Domingo de Pascua reunió a cientos de feligreses
Ante cientos de fieles católicos se llevó a cabo en varias iglesias de nuestro país la misa del Domingo de Pascua o de resurrección. Igualmente en las homilías se criticó a la Justicia y a otros poderes del Estado.
Con la celebración eucarístistica de la Pascua, los cristianos recuerdan la resurrección de Jesucristo, quien fue colgado de un madero y resucitó al tercer día.
Gran cantidad de feligreses se pudo observar en la misa central de Pascuas de Caacupé. Se instó a seguir trabajando en la educación de todos los niños, adolescentes y jóvenes de la república.
Tupasy ñuguaiti
Una de las costumbres más arraigadas en la cultura paraguaya es la celebración de la Pascua y de modo especial en muchas iglesias se realiza el tradicional Tupasy ñuguaiti, que traducido del guaraní se refiere a que la Madres (la Virgen María) ha encontrado a su hijo (Jesucristo).
No habrá paz social sin justicia
Por su parte el obispo de Caacupé, Ricardo Valenzuela, en su homilía realizó una profunda reflexión de la resurrección de Jesucristo. Señaló que la fe en la resurrección “nos propone pasar de una situación de vida marcada por el pecado a otra situación de vida marcada por la intimidad, la confianza, la solidaridad, la caridad, la apertura a lo trascendente y a la esperanza”, indicó.
Asimismo, el religioso sostuvo que “nos ponemos más allá de la absurda muerte y de las miserias. La muerte ya deja de ser absurda, pero si lo es para alguien, entonces se nos propone, desde la fe más profunda, que Dios nos ha destinado a vivir con él. No es posible negar la dinámica de la resurrección, estamos llamados a vivir para siempre”, expresó.
Valenzuela manifestó que se debe construir un país nuevo con la participación de la ciudadanía y que las autoridades “deben y tienen la oportunidad de dar el nuevo horizonte a nuestro país”. Fue claro en señalar que “no habrá paz social con inequidades y sin justicia”, afirmo monseñor Ricardo Valenzuela en la misa central de Caacupé.
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Filtración Ostfield: esperan que no caiga en saco roto y se haga justicia, indicó Eduardo González
El secretario general y director de Gabinete de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Eduardo González, espera que, con la filtración de los documentos del exembajador Marc Ostfield, el gobierno norteamericano tome alguna medida al respecto y lo sancione, retirándolo al menos del servicio diplomático.
En comunicación con La Nación/Nación Media, González indicó que esta filtración confirma lo que ya venían denunciando: que el gobierno de Mario Abdo Benítez, en contubernio con el exembajador Ostfield, operó para perjudicar a su adversario político, Horacio Cartes.
“Lo mínimo que podría recibir es que se le saque del servicio diplomático, por su lamentable actuación, para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir en el país”, sostuvo.
Sostuvo que todos estos hechos deben ser investigados acá en el país. Recordando que está en curso la imputación al expresidente Abdo y todos sus colaboradores que fueron ministros de la oposición en su gobierno.
“Este proceso tiene que llegar a su fin y que se haga justicia, para que hechos como estos no vuelvan a ocurrir. Esperamos que todo esto no queden en saco roto, para que nunca más ningún embajador vuelva a tener injerencia en asuntos internos del país”, acotó.
Consecuencias nefastas
En otro momento de la entrevista, señaló que ni durante la pandemia las empresas del grupo Cartes habían sido tan afectadas como sí lo fueron con la sanción impuesta por Estados Unidos, durante el gobierno de Mario Abdo en alianza con el exembajador Marc Ostfield.
Ratificó que, con esta información, se confirma lo que ya venían sosteniendo sobre la utilización del aparato estatal para perseguir al enemigo político, y es lo que se conoce como terrorismo de Estado.
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La persecución fue tan grotesca que ni a nuestros abogados se les permitió la defensa, apuntó Ortiz
La alianza de Mario Abdo Benítez con el exembajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, no solo facilitó y permitió una abierta injerencia extranjera en los asuntos internos del país, sino que además generó una fuerte tensión política y mediática que acarreó un enorme perjuicio económico a empresas paraguayas, sumado al fuerte impacto en la economía de muchas familias paraguayas.
Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) es una de las principales generadoras de fuentes de trabajo y millonarios aportes al Estado; pero las sanciones del Departamento del Tesoro norteamericano la sacaron del mercado estadounidense derivando en despidos y cierres de operaciones clave.
Esto generó una merma anual de aproximadamente USD 40 millones en contribuciones tributarias, reveló su director, José Ortiz, y agregó que el trasfondo de las sanciones fue claramente político, debilitar la figura del entonces accionista y candidato a la presidencia del Partido Colorado, Horacio Cartes. “El nivel de persecución fue tan grotesco, tan evidente, que ni siquiera se les permitió a nuestros abogados dialogar con la embajada”, reclamó Ortiz.
Filtración de documentos
Respecto a la filtración de documentos enviados por el exembajador Ostfield a su país, Ortiz dijo que demuestran el grado de injerencia que ejercía, ya que defendió al que consideraba “su aliado”, el entonces presidente Mario Abdo Benítez.
“Al señor Cartes no se le dio la mínima posibilidad de defenderse. Él (Ostfield) actuó de abogado de Mario Abdo. Aclaró que sus empresas han vendido al sector privado y no al Estado, ignorando cuántas rutas iba a hacer. Otro dato importante es que dice que se les ataca a sus colaboradores”, señaló el titular de Tabesa.
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El problema no fue con EE. UU.
El empresario señaló además que las sanciones equivocadas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y muy probablemente informada por el embajador Ostfield, es de marzo del 2023.
“Recién en agosto del 2024, ya con todo el daño colateral y con toda esa arbitrariedad encima, reconocen que nosotros teníamos la razón y que los documentos que enviamos son creíbles. El señor Cartes ya no era accionista, pero le renovamos la sanción por la asistencia financiera a Horacio Cartes”, indicó.
Al respecto, Ortiz señaló el nivel de arbitrariedad que existía, y la repercusión en el contexto político, se ve como EE. UU. es un país arbitrario; hasta que viene el senador Marco Rubio al Paraguay y cae la ficha de que el problema no era con Estados Unidos, sino entre el embajador Ostfield en complicidad con Mario Abdo, sumado al mal uso de las instituciones del Estado para enviar información falsa.
“Ahí surge un cierto alivio cuando nos damos cuenta de que Estados Unidos no es tan arbitrario como pensábamos. Sino que esto fue gestado aquí, pero que no hubo derecho a la defensa y el daño económico a una persona, a sus empresas y a cientos de empleados está hecho”, concluyó.
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Caso Odebrecht: justicia peruana dará a conocer sentencia contra el expresidente Humala
La justicia de Perú anunciará este martes la sentencia contra el expresidente Ollanta Humala en el caso por presuntos aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y de Venezuela a sus campañas de 2011 y 2006, en el que arriesga 20 años de prisión.
El fallo pondrá fin a más de tres años de audiencias contra este exteniente coronel de centroizquierda que gobernó Perú entre 2011 y 2016. Odebrecht, cuyo escándalo de sobornos y corrupción salpicó a varios países de América Latina, reconoció en 2016 haber repartido decenas de millones de dólares en coimas y donaciones electorales ilegales en Perú desde inicios del siglo XXI.
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La lectura del fallo contra Humala en el tribunal está prevista a partir de las 09:00 locales (14:00 GMT) en presencia del expresidente, de 62 años y quien afronta el juicio en libertad. “No se ha probado que haya ingresado dinero de Venezuela en 2006 y nunca se corroboró que ingresó dinero de Odebrecht en 2011″, zanjó el domingo a la radio RPP su abogado Wilfredo Pedraza.
Acusación
La Fiscalía lo acusa de lavado de activos por supuestamente ocultar que recibió 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña de 2011 que lo llevó a la presidencia, según declaró a fiscales peruanos el exnúmero uno de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht.
Nadine Heredia, esposa de Humala, también está imputada como cofundadora de su agrupación Partido Nacionalista. Según la acusación, en su fallida campaña de 2006 la pareja habría desviado también unos 200.000 dólares enviados por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a través de una empresa de ese país.
La Fiscalía pidió 20 años de prisión para Humala y 26 años para Heredia, a quien acusan además de ocultamiento de fondos por “compras de bienes inmuebles con dinero de Odebrecht”. La pareja niega haber recibido dinero de Chávez o de alguna empresa brasileña.
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En el caso de Venezuela, la tesis fiscal es que el dinero lo envió “el ya fallecido expresidente Hugo Chávez a través de transferencias bancarias con la empresa de inversiones Kayzamak”. Humala es el segundo de un total de cuatro expresidentes salpicados por la trama de corrupción de Odebrecht en Perú.
Según la Fiscalía, el escándalo implicó también a Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), aún investigado; y Alejandro Toledo (2001-2006). Toledo fue condenado en 2024 a más de 20 años de prisión por recibir millonarios sobornos a cambio de obras en su gobierno.
Fuente: AFP