El senador colorado Gustavo Leite puso sobre la mesa un tema que promete generar polémica y abrir una nueva línea de investigación sobre el manejo de recursos públicos: el destino de los millonarios fondos invertidos por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). En entrevista televisiva, tras la promulgación de una ley que obliga a transparentar los fondos recibidos por las ONG que operan en Paraguay, el legislador anticipó un siguiente paso será revisar qué pasó con los 775 millones de dólares destinados a la educación, sin que se haya visto una mejora tangible en los últimos diez años.

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“Hoy se abre un camino hacia la transparencia”, manifestó Leite, al tiempo de señalar que la situación educativa del país sigue siendo alarmante a pesar de las multimillonarias inversiones. “Este es un curro de $800 millones al año, según la DNIT. El próximo gran curro es a dónde se fueron a parar los $775 millones que el Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación invirtió en nuestra educación, que no mejora en los últimos 10 años”, expresó. Además, el senador no descartó la posibilidad de que varias instituciones y actores hayan intervenido en la distribución de esos recursos.

El Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación (FEEI) fue creado en 2012 con el propósito de financiar proyectos de gran impacto en la educación y la investigación científica en Paraguay. Los recursos provienen del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que a su vez se nutre de los ingresos generados por la explotación de la represa hidroeléctrica binacional Itaipú. Desde su creación, el FEEI ha aprobado proyectos relacionados con la mejora de la infraestructura educativa, la formación docente, el acceso a tecnología y el desarrollo de programas para garantizar la inclusión educativa.

Sin embargo, el uso de estos recursos ha estado rodeado de críticas. Según informes recientes, Paraguay sigue enfrentando serios problemas educativos. Más del 65% de los estudiantes no alcanza el nivel básico de comprensión lectora, y en matemáticas, los resultados son aún más alarmantes: solo el 13% supera los niveles mínimos establecidos por las evaluaciones internacionales como PISA. Además, los docentes enfrentan graves dificultades en su formación y actualización, mientras que la infraestructura escolar, especialmente en zonas rurales, está en condiciones deplorables.

A pesar de los millonarios desembolsos, la situación de la educación en Paraguay es paupérrima. Según datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), más del 30% de las escuelas públicas tienen infraestructura precaria, y un 20% no cuenta con acceso a agua potable o baños en condiciones adecuadas. Además, el abandono escolar sigue siendo un desafío: alrededor del 10% de los estudiantes no culminan la educación primaria, y la cifra aumenta significativamente en el nivel secundario.

Otro punto crítico es la falta de formación y capacitación docente. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que solo un porcentaje limitado de los maestros cuenta con habilidades para aplicar métodos pedagógicos innovadores, lo que repercute directamente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

El anuncio de Gustavo Leite llega en un momento clave, en el que la ciudadanía exige mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. La reciente promulgación de la ley que obliga a las ONG a rendir cuentas sobre los fondos que reciben sienta un precedente para extender estas medidas a otras áreas, como el manejo del Fonacide y el FEEI.

El FEEI ha financiado proyectos como el programa de primera infancia “Abrazo”, que busca apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, y la dotación de tecnología para el aprendizaje en las escuelas. Sin embargo, los resultados no han sido consistentes con la magnitud de las inversiones. Una auditoría más exhaustiva de estos recursos podría arrojar luz sobre las posibles irregularidades en la ejecución de los proyectos.

La transparencia en la gestión de los recursos del FEEI es, sin lugar a dudas, un tema de interés nacional. Como señaló Leite, el hecho de que la educación no haya mejorado significativamente a pesar de las cuantiosas inversiones obliga a las autoridades a cuestionarse sobre la eficacia y la correcta ejecución de estos recursos.

El desafío no solo radica en determinar si hubo irregularidades en el uso de los fondos, sino también en repensar cómo deben estructurarse los programas de inversión educativa para que realmente beneficien a los estudiantes y mejoren las alarmantes cifras actuales. Por ahora, el camino hacia la transparencia parece abrirse con fuerza, y el escrutinio público será clave para garantizar que los recursos destinados a la educación sean utilizados en beneficio del futuro de Paraguay.

El Poder Ejecutivo emitió el decreto 2868 que reglamenta la Ley de Manejo Integral del Fuego, con la finalidad de optimizar la gestión y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de su aplicación.

De esta forma se busca asegurar una respuesta integral, eficiente y oportuna hacia la prevención de los incendios forestales. A la vez refiere que el Instituto Forestal Nacional (Infona) será responsable de aprobar y publicar anualmente un calendario de quemas, que incluirá los distritos y requisitos necesarios para otorgar permisos. En caso de condiciones climáticas adversas, podrá suspender temporalmente las actividades de quema.

Asimismo, se establece la creación del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales, dependiente del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF), como un conjunto de herramientas y procesos diseñados con el objetivo de recopilar, sistematizar, analizar y proveer información necesaria para la detección temprana, prevención, monitoreo y mejora en la capacidad de respuestas ante los incendios forestales.

Los diputados rusos adoptaron ayer jueves en primera lectura una legislación que prohíbe promover una vida sin hijos, con el telón de fondo de una crisis demográfica que se ha empeorado con el conflicto en Ucrania. La normativa fue adoptada por unanimidad, según una retransmisión en directo del voto en la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso. El proyecto de ley aún debe ser votado en segunda y tercera lectura.

“Una familia fuerte ha sido proclamada valor tradicional” en Rusia en 2022, subrayan los autores del texto en una nota explicativa. Entre los que firmaron el proyecto figuran la presidenta del Consejo de la Federación (Cámara Alta), Valentina Matvienko, y el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin.

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“Una de las amenazas a los valores tradicionales es la promoción en la sociedad rusa de la ideología de no tener hijos, que conduce al deterioro de las instituciones sociales (...) y crea circunstancias para la despoblación”, escribieron.

Según ellos, varias comunidades y grupos en línea promueven este modo de vida e increpan a “los que se dan cuenta de su necesidad de ser madre o padre”. Los autores defienden, por ende, “crear un mecanismo de defensa de los valores tradicionales” y proponen prohibir la promoción de modos de vida sin hijos en internet, medios, películas y comerciales.

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Según Volodin, que presentó la iniciativa a finales de setiembre, una persona física se enfrentaría a una multa de 400.000 rublos (unos 4.300 dólares), un funcionario el doble y una persona moral a cinco millones de rublos (51.000 dólares). “No debe haber propaganda que presione a las mujeres para que tomen la decisión de tener un hijo. Es lo que ocurre en Estados Unidos y Europa”, aseguró Volodin en Telegram tras el voto.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha hecho de la defensa de los llamados valores “tradicionales” una de sus políticas, en oposición a lo que denuncia como la “decadencia” occidental. Desde su llegada al Kremlin en 2000, el dirigente se ha fijado como prioridad frenar la crisis demográfica de Rusia, una herencia de la era soviética, pero nunca lo ha conseguido.

Fuente: AFP.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, manifestó que el Gobierno del mandatario San­tiago Peña también se encuen­tra trabajando en un proyecto de reforma de la Caja de Jubila­ciones y Pensiones, pero que su presentación ante el Congreso Nacional se concretará para el próximo año.

Fernández Valdovinos sostuvo que la atención del Poder Eje­cutivo en lo que resta de 2024 se centra exclusivamente en lograr la sanción y posterior promulgación del proyecto de ley de la función pública y la carrera del servicio civil. La propuesta de reforma fue presentada por Peña al Poder Legislativo el pasado 16 de setiembre.

La iniciativa pretende iniciar un sistema de jerarquización del funcionariado público. “La reforma más importante que tenemos en términos de las finanzas públicas será la ley del servicio civil que está para ser debatida a finales de este mes de octubre o inicios de noviem­bre en la Cámara de Senadores y antes de fin de año probable­mente tengamos sancionado ese proyecto”, comentó en una entrevista con la 1020 AM.

Las afirmaciones del alto fun­cionario de Estado surgieron tras darse a conocer que el défi­cit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones en lo que va del año alcanza los G. 1,6 billones (USD 211 millones) y ya supera por G. 504.838 millones a la pérdida total del 2023, esto equivalente a un 44 % más.

“Siempre dijimos que en tér­minos de estas tres propuestas importantes, la ley de jubila­ción es primera, la carrera del servicio civil segunda y la Caja Fiscal tercera, y se dará el año que viene. No es que desde el Gobierno no se reconozca su importancia o que queramos patear para adelante, pero se deben ajustar los tiempos polí­ticos. Estamos trabajando en eso”, manifestó.