El contralor general de la República, Camilo Benítez, se mostró alarmado por los índices de corrupción del Paraguay y afirmó que el sistema de verificación de enriquecimiento de los funcionarios públicos está construido para que fracase. Por ello urgió cambiar de modelo de vigilancia para lo que se requiere que la Contraloría acceda a datos claves manejados por Tributación y el Ministerio de Hacienda.

“Apostamos por el cambio, porque los índices de corrupción en el Paraguay son demasiado altos y se mantienen hace demasiados años. Y hay que reducir esos índices de corrupción porque vamos a explotar en un día de estos si seguimos con el mismo manejo, con el mismo sistema”, afirmó en entrevista en Unicanal.

Explicó que desde este organismo contralor se busca implementar un proyecto de digitalización de la información a través de una fuerte inversión en tecnología y “que la computadora haga el trabajo del ser humano”.

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Benítez aseguró que para impulsar el cambio se precisa de voluntad política. Aclaró que ello no implicará una nueva ley, sino simplemente se puede disponer la implementación del nuevo sistema a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Básicamente se quiere realizar un cruzamiento de datos con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda y con otras instituciones que manejan información del contribuyente.

“El sistema de la verificación del enriquecimiento de los funcionarios públicos está construido para que fracase. Porque tradicionalmente desde que se creó la Contraloría y que se le dio este mandato de hacer exámenes de correspondencia el promedio anual de exámenes son de 15 al año”, explicó.

Sin embargo, para realizar el estudio solamente a los altos funcionarios del Estado se precisan realizar 1.200, todos los años. “Y eso es materialmente imposible porque la Contraloría no accede a la información oficial”, lamentó. Contó que, por ejemplo, no se puede acceder a información manejada por Registro Público y Tributación. Dijo que habitualmente se plantea el pedido de información vía oficio, un trámite engorroso que puede durar entre seis meses a un año. “Tardan a veces un año en respondernos todas las instituciones del Estado”, lamentó.

“Lo que nosotros proponemos es trasladar toda esta información a un software y que el cruzamiento se haga automáticamente para todos los funcionarios”, remarcó. Benítez aseguró que de esta manera se agilizará la fiscalización, además de que el proceso será mucho más sencillo. “Si vos tenés el acceso a Tributación, tenés la declaración jurada del funcionario, con cuánto entró, con cuánto salió. Tenés la información de Hacienda de cuántos salarios tuvo. Tenés, por otro lado, el pago de renta, IVA, lo que él generó por renta y lo que gastó”, detalló.

Al tener acceso a toda esta información, se abreviará el proceso y desde la Contraloría se ejercerá un mayor control, conforme expresó. “Lo que a nosotros nos lleva un año hacer se puede hacer en tres minutos y sobre esa información profundizar”, destacó. Adelantó que desde la Contraloría se trabaja en implementar el plan piloto relacionado al manejo de las declaraciones juradas. “Para mí es lo más fácil, lo que hace falta es que estos organismos del Estado nos den la información”, insistió.

Benítez mencionó que con la ayuda de expertos colombianos se realizó un análisis jurídico porque ellos incluso tuvieron que cambiar la Constitución de Colombia para poder implementar el denominado control concurrente o la utilización de inteligencia artificial para los procesos de fiscalización.

“Nosotros estamos convencidos de que la Contraloría en su normativa constitucional al hablar de vigilancia, esa palabra a nosotros nos da el marco legal para no requerir una iniciativa legislativa. Sí eventualmente podría, por ejemplo, el Poder Ejecutivo dictar un decreto”, indicó. Comentó que en los próximos días se reunirá con los responsables de las instituciones, quienes deben “tomar la decisión política de transferir la información”.

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