El senador Fernando Silva Facetti manifestó que las instituciones del Estado se encuentran siendo utilizadas políticamente sin sustento jurídico y técnico contra los adversarios políticos en el marco de las campañas electorales. Foto: Archivo.
El gobierno de Abdo busca cercenar a la industria nacional, dice senador liberal
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El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Fernando Silva Facetti afirmó que el Congreso Nacional debe mantenerse alerta ante las persecuciones políticas que se desatan desde el gobierno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el marco de las campañas políticas con miras a las elecciones internas partidarias previstas para el 18 de diciembre.
Al respecto, el parlamentario mencionó que la administración del también candidato a la titularidad de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) busca cercenar el funcionamiento de las industrias nacionales, principalmente al rubro del tabaco.
“Dentro del objeto de la creación del Banco Nacional de Fomento, cuya carta orgánica fue aprobada en el periodo pasado con sus modificaciones y ampliaciones, está claramente el fomento de la industria nacional, sus actuaciones tienen que estar fundamentadas y ellos no deberían poder cerrar (cuentas bancarias) o perseguir, las instituciones no deben ser utilizadas para golpear a un adversario político en cuestiones tan delicadas como son las finanzas”, mencionó.
El legislador se refirió a la decisión adoptada días atrás por el Banco Nacional de Fomento (BNF) de cerrar las cuentas bancarias de Tabacalera del Este SA (Tabesa) sin contar con sustento jurídico o pruebas fehacientes de las denuncias que involucran a la empresa con hechos ilícitos como el lavado de dinero.
Sin sustento jurídico y técnico
El legislador agregó que el rubro tabacalero ofrece empleo actualmente a más de 6.000 personas de forma directa, mientras que de manera indirecta son beneficiadas más de 10.000 personas, quienes terminarán siendo perjudicadas mediante las persecuciones “sin argumentos jurídicos”.
“Acá no existe ningún informe de la Seprelad, no existe ninguna prueba porque hasta donde nosotros entendemos, todas las empresas tabacaleras vienen cumpliendo todas las regulaciones; entonces, para hacer lo que hacen (cerrar cuentas bancarias) deben ser con actos fundados. Ellos están cercenando a la industria nacional a través del corte del financiamiento y operaciones financieras”, sentenció.
Finalmente, el liberal manifestó que claramente el Gobierno se encuentra utilizando las instituciones del Estado como un “martillo y castigo político. Evidentemente que fue una decisión de fundamentación política, no fue técnica ni jurídica; entonces, es un llamado de atención porque si se va a usar al Estado para perseguir a los oponentes, evidentemente es algo que no corresponde”.
“Prioridad del Gobierno es llevar líquido vital a región Occidental”
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El senador Basilio Núñez, uno de los proyectistas de la iniciativa “”Agua para el Chaco”, indicó que la prioridad del Gobierno es llevar el líquido vital a la región del Chaco paraguayo. El legislador sostuvo que, de no contar con la cooperación de cooperativas o empresas para la financiación, el Gobierno se podría hacer cargo de su financiamiento.
“El acueducto para el Chaco es una prioridad para el Gobierno, y nosotros no vamos a depender de otra empresa, es una cuestión de Gobierno. No podemos depender del humor ni de un legislador o una legisladora que retira su firma”, refirió en conversación con los medios de prensa en el Senado.
Reiteró que en este proyecto el Gobierno podría conseguir una fuente de financiamiento para llevar adelante la iniciativa presentada en el Legislativo. “Claro que puede, es cuestión de tiempo, de tratar de hacer bien los deberes, que lo estamos haciendo, y yo creo que vamos a tener agua permanentemente para el Chaco”, apuntó. Con respecto a los cuestionamientos de algunos sectores, en el Senado, sobre algunos puntos del proyecto, indicó que el primer paso ya fue tomado, presentarlo y en el transcurso de su tratamiento se podrá ir incluyendo las modificaciones.
“Tenemos que ver el lado positivo, se presentó un proyecto, está la problemática. Si hay una base, un proyecto de ley de 12 artículos, ¿para qué le damos entrada?, para que sea modificado, enriquecido, hasta la fuente de financiación podemos ver, si encontramos fuente de financiación para construir kilómetros y kilómetros de asfalto, que no se toma y que no es vital, por qué no vamos a encontrar financiación”, refirió el senador. Indicó además que el proyecto se encuentra en las comisiones asesoras para su estudio previo, antes de ser puesto a consideración del pleno y llegar a un acuerdo sobre las modificaciones que sean necesarias.
“Está en la comisión y nosotros mismos también vamos a sugerir modificaciones, ese proyecto de ley fue una iniciativa legislativa. Yo estuve en comunicación con el presidente de la República, el Ejecutivo va a dar sus sugerencias también a través de la bancada oficialista y nosotros por sí como senadores también”, sentenció.
“Debe ser abarcativo e integral”
El gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez, instó a la posibilidad de trabajar en un proyecto abarcativo, para marcar diferencia en los departamentos de la región Occidental.
“Este debe ser un proyecto que beneficie a todos. Hasta ahora, los proyectos de acueductos no han beneficiado al Alto Paraguay, sin mencionar que no han sido bien elaborados porque no llegan a donde deberían: Loma Plata y el Chaco central”, puntualizó el jefe departamental.
Lamentó así las ineficiencias realizadas anteriormente con respecto a la posibilidad de potabilizar el Chaco paraguayo, apuntando a la importancia de seguir socializando el proyecto tanto con las autoridades departamentales, como también con la propia población. “Con el gobernador de Boquerón, Harold Bergen, hemos conversado sobre los alcances del proyecto ‘Agua para el Chaco’. A lo que queremos apuntar es a abarcar de manera integral las comunidades de Alto Paraguay, como antes no habían sido garantizadas”, refirió.
Reiteró la importancia de seguir contribuyendo con la realización del plan, apuntando a trabajos coordinados no solo entre las autoridades departamentales y del Gobierno, sino también con las propias comunidades que podrían acceder a cambios trascendentales en su estilo de vida.
Dirigente pide no poner trabas
Líder Amarilla, senador y dirigente del PLRA
El senador Líder Amarilla se refirió sobre el proyecto de ley “Agua para el Chaco”, impulsado por el parlamentario Orlando Penner.
El dirigente y legislador liberal puntualizó que acompañará y apoyará el plan, lo cual deben hacer otros colegas suyos, entendiendo la importancia de la propuesta para comunidades chaqueñas.
“Seguiré apoyando este proyecto, independientemente de la salida del senador Penner del partido Patria Querida porque el plan plantea una solución definitiva a la problemática de la falta de agua en el Chaco”, expresó el congresista ante diferentes medios de prensa.
Remarcó así que las cuestiones políticas o ideológicas no deberían utilizarse como excusa para rechazar el plan impulsado. Sentenció que los pobladores del Chaco tiene derecho a acceder al líquido vital y los parlamentarios poseen la obligación de garantizar dicho aspecto.
“Celebro al 100 % que esto se pueda llevar adelante y ojalá pueda materializarse lo antes posible. Desde el Senado y Diputados, de ninguna manera deberíamos poner trabas a esta propuesta porque el progreso es una necesidad para la región”, aseguró el senador Amarilla.
“El proyecto de agua es necesario para el Chaco”
Éver Villalba, senador opositor
El senador liberal pidió también una revisión del proyecto.
El senador Éver Villalba sostuvo que el proyecto “Agua para el Chaco” es necesario para los pobladores del país; sin embargo, destacó que existen varios puntos que deben ser revisados antes de ser tratado en el pleno de la Cámara de Senadores. “El proyecto en sí es necesario para esas comunidades. Ahora, sí yo tengo algunas reservas que estoy analizando con mi equipo asesor, primero es la adjudicación directa que prevé el proyecto”, comentó el legislador.
Como segundo punto que debe ser revisado, se refirió al monto que se había hablado inicialmente. “Se hablaba de 120 millones de dólares, pero en el proyecto presentado va a 250 millones de dólares”, indicó al hablar con periodistas acreditados en el Senado.
Reiteró que existe una gran necesidad de este tipo de proyecto, principalmente, para los pobladores de esa región del país. Mientras tanto, indicó que uno de los puntos que le preocupa y debe ser discutido es que el proyecto habla de agua cruda y no de agua potable.
“Es necesario. Los compatriotas que viven en esa zona del país necesitan tener agua. Otro punto que el proyecto no prevé, porque dice que, a través de un canal a cielo abierto, van a llevar agua, pero no se compromete en la provisión de agua potable. Entonces, finalmente esa carga va a quedar sobre el Estado o la comunidad. Dice agua cruda, no agua potable”, refirió.
Opaci no analizó posibilidad de unificar elecciones municipales y generales
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Desde la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) señalaron que algunos concejales plantearon unificar las elecciones municipales y generales, sin embargo, esta posibilidad no ha sido analizada por la institución. El presidente de la asociación, el intendente Óscar Cabrera manifestó que esta propuesta debe ser estudiada en detalles y sobre todo, escuchar a la ciudadanía.
“Un grupo de concejales había mencionado esa posibilidad, pero como Opaci e intendentes municipales no lo hemos analizado, sí creo que es una opción política que tiene sus pro y sus contras, indudablemente debe ser una materia de análisis consciente, con todas las aristas de forma que se pueda presentar una u otra opinión”, expresó Cabrera.
Señaló que es una decisión que no se puede tomar a la ligera, dado que se debe evaluar las cuestiones técnicas, políticas y económicas que implica unificar las elecciones. Señaló que para los administradores, podría ser una ventaja financiera el realizar los comicios de forma conjunta y también para el funcionamiento en cuanto a gestión.
“Las elecciones siempre entorpecen las labores administrativas porque se distrae ese tiempo, son elecciones cada dos años prácticamente porque la campaña se inicia un año antes, eso dificulta que las personas que estén en los cargos puedan desarrollar programas de gobierno que beneficien a la gente y eso también afecta al gobierno nacional de todas formas”, mencionó a la 780.
En cuanto a la legislación necesaria para unificar las elecciones, precisó que solo se necesita de una ley, tal y como sucedió con las ocasiones en que se extendió o acortó el mandato de los intendentes. Cabrera aclaró que no es necesaria una reforma constitucional, dado que la Constitución no habla de este aspecto.
“Es una alternativa muy interesante, pero creo que la ciudadanía se debería pronunciar, todos nos debemos a la ciudadanía en primer lugar como funcionarios electos y por eso debe ser consultada, se debe escuchar las voces de sus representantes porque al fin y el cabo se afecta a todo el país con cualquier decisión que se pueda tomar. Yo creo que la mejor decisión es la que pueda tener un cierto consenso”, sostuvo.
Comisiones asesoras del Senado se aprestan a dictaminar sobre el control a las ONGs
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El senador Gustavo Leite dijo que, en el transcurso de los próximos días, será remitido a las diferentes comisiones asesoras de la Cámara Alta, el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.
“El gran ajuste que tenemos que hacer es hacer una ley que controle las platas que usan las ONGs cuando intervienen en políticas públicas. Esto ya se encuentra bastante avanzado, ya existe una propuesta presentada e irá a Comisiones en estos días. No es posible que nosotros hayamos recibido 17 millones de euros de la Unión Europea para mejorar la educación, para que ayuden al Ministerio de Educación y Ciencias, pero si le preguntamos a cualquier paraguayo la educación no mejoró ¿En qué usaron la plata?”, sostuvo.
La propuesta presentada a fines del pasado año por varios senadores del movimiento Honor Colorado estipula la obligatoriedad de su inscripción en un registro nacional, así como del detalle de las actividades y operaciones que realicen y de los documentos que deben llevar. Las comisiones que tendrán a su cargo los dictámenes son de Asuntos Constitucionales y la de Legislación.
“Estas ONGs tienen que rendir cuentas a la ciudadanía, a quién le contrataron, por cuánto, para qué, con qué resultados, facturas, hay demasiadas susceptibilidades. Las ONGs son sin lugar a dudas el remedo de un quinto poder que se está fortaleciendo demasiado en el mundo y que no rinden cuentas a nadie”, indicó en una entrevista con la 1020 AM.
Asimismo, Leite acotó: “deben rendir cuentas de la plata que reciben, sea de gobiernos extranjeros del extranjero o del Estado paraguayo cuando se involucran en políticas públicas. ¿Por qué los entes que más hablar sobre la necesidad de transparencia no quieren rendir cuentas?”.
En la iniciativa también se establecennormas de transparencias, rendición de cuentas y supervisión las que no solo alcanzan a las organizaciones sin fines de lucro, sino también a terceros. La propuesta señala que en el capítulo del régimen sancionatorio quedan fijadas las sanciones por la transgresión de la ley, tanto por personas físicas como jurídicas y otros entes u organismos, así como se prevé el procedimiento a seguir.
“Las ONGs que participaron de los 17 millones de euros nos quisieron decir que no pueden darnos los datos detallados por acuerdo de confidencialidad con la Unión Europea. Cuando se usa plata para el mejoramiento de nuestra educación, de nuestro pueblos originarios o de la salud, tienen que rendirse cuentas detalladamente y a la ciudadanía”, refirió el legislador.
El Gobierno apuesta todo en su lucha contra la inseguridad y la delincuencia
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Uno de los retos más duros para el Gobierno es el incremento de asaltos a entidades financieras y transportadoras de caudales que se ha intensificado en los últimos meses, en varios sitios del interior del país. La violencia demostrada y el gran aparato de combate que tienen estos grupos delincuenciales dan muestra que se está ante un enemigo mucho más temible. No porque sean diferentes a los otros, sino porque el extraordinario poder de fuego que ostentan y la capacidad de organización y destrucción que han demostrado indican que es un adversario más peligroso y aterrador.
El departamento del país más castigado es Itapúa, una zona de economía pujante y anteriormente tranquila, que últimamente ha sufrido el embate de los criminales que aprovechan la indefensión de la zona para hacer sus asaltos. Como dicha región fue siempre muy calma, no tiene los organismos de seguridad ni fuerzas públicas en suficiente cantidad como otros departamentos que tradicionalmente contaban con antecedentes más violentos. Por ello está casi en la indefensión, porque anteriormente no se hizo mucho para su defensa, hecho que esta administración estatal ha constatado y que va a remediar con su trabajo.
La crónica policial indica que en los últimos seis meses en Itapúa se produjeron varios hechos criminales contra entidades financieras que demuestran la alta peligrosidad y poder criminal de los delincuentes. Dejando de lado las dos incursiones contra sucursales del Banco Regional en las localidades de Pirapó y Carlos A. López de 2022, desde noviembre de 2023 hasta el último domingo 27 de abril se registraron cinco golpes que piden una urgente actuación del Estado.
En noviembre pasado, en la localidad de General Delgado se asaltó a un transportador de caudales que dejó grandes sumas de dinero tiradas en la calle. Un mes después, en diciembre de 2023, se atacó una sucursal del Banco Sudameris, en Pirapó. En enero de 2024 una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF), de Carlos A. López, fue víctima del accionar criminal. A comienzos de abril, en Yatytay, se robó un cajero automático del BNF. Y el domingo último, en Natalio, la sucursal del BNF local fue destruida con explosivos y se robaron centenares de millones de guaraníes.
Estos datos de lo acontecido en los últimos meses hablan de que la historia reciente es muy alarmante. No se puede darles más tiempo ni oportunidades a las bandas de malhechores que están preparadas para el delito. Y requiere que se actúe con rapidez y eficiencia, como las autoridades nacionales están planificando hacer.
Por eso el Ejecutivo está combinando la actuación de las fuerzas públicas, con la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. El Consejo de Defensa Nacional (Codena) está coordinando esta actividad y se aguarda que la conjunción de estas fuerzas pueda dar la respuesta que se requiere.
El presidente Santiago Peña señaló que el Codena está trabajando para realizar nuevas inversiones para el equipamiento logístico y en armamentos. Dijo que una de las tareas es aumentar el número de efectivos policiales, a razón de 5.000 hombres anualmente, para alcanzar 25.000 nuevas incorporaciones en los cinco años de su mandato presidencial. Se estima que en materia de equipamiento se requerirán inversiones por valor de 100 millones de dólares.
Teniendo en cuenta el éxito alcanzado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los departamentos de San Pedro y Concepción, se está analizando la posibilidad de extender su intervención en otros departamentos. En la actualidad se está iniciando el trabajo en Canindeyú, así como se hizo en Amambay, para extenderlo más adelante a los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. “Tenemos que ir expandiendo este criterio del uso de las fuerzas conjuntas, donde los militares tienen un rol y las fuerzas policiales tienen también otro”, manifestó el primer mandatario, para resumir el criterio de trabajar de manera unificada contra los delincuentes.
La preocupación que causa el avance de la inseguridad hace pensar a muchos que todo cuanto se haga para contrarrestarla será poco. Y así como el departamento últimamente más castigado, Itapúa, ya se ha declarado en estado de emergencia, otras jurisdicciones tienen que tomar medidas de alta protección. Todo eso para darle un apoyo firme al Gobierno central en la guerra contra la delincuencia y la inseguridad.