El Instituto de Previsión Social (IPS) se convirtió en un conglomerado de irregularidades con la serie de cuestionamientos que se suman a la lista de incongruencias. Si bien la pésima atención al asegurado se lleva el primer lugar de las erratas inadmisibles, las persecuciones políticas a funcionarios que no se alinean a la línea partidaria de turno y contrataciones “mau” de colaboradores vienen a acaparar también el foco de atención sobre la institución que presta más relevancia al mantenimiento de anomalías, antes que ofrecer un buen servicio a sus asegurados.
La Nación Investiga desnudó la manera en que se desarrollaba la millonaria licitación adjudicada a la rosca de siempre: Potî S.A, Alberto Palumbo Unipersonal, Cevima S.A, viciadas de “inconsistencias administrativas”.
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Al respecto, Hugo Richer, senador por el Frente Guasu, expresó que esa es una rosca que viene de hace muchísimo tiempo. “Nosotros como bancada ya habíamos intervenido en esta misma empresa, Potî S.A, en la Cámara de Senadores hace algunos años; la firma se maneja con constantes irregularidades y violaciones a los derechos de los trabajadores”, puntualizó el parlamentario, agregando que con este tipo de denuncias se configuran las estafas que envuelven a la empresa.
Al respecto, el senador remarcó que se deberían analizar las acciones que desarrollará la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (Dncp) porque si dicha autoridad señala que hay inconsistencias administrativas y limpiadores fantasmas o “mau”, se debe pensar en el accionar de la dirección a consecuencia de las irregularidades.
“¿Va a elevar al Ministerio Público una denuncia?, ¿va a promover un sumario de tal manera a que si todo esto se compruebe fehacientemente, prohibir a la empresa seguir trabajando en el Estado? Yo creo que se esperan estas decisiones y el mismo actuar también se espera del IPS, que si fue estafado todo este tiempo y no se dieron cuenta, deben hablar de las acciones a ser llevadas a cabo”, destacó.
En ese sentido, subrayó la necesaria conclusión del contrato que debería ser optado por el IPS o la elaboración de una denuncia por estafa y violaciones de derechos de trabajadores, si así lo amerita. Para el senador Richer, todo esto constituye una trama en la cual están metidos dirigentes político-partidarios y personas del Gobierno, porque esto no puede funcionar de otra manera, teniendo en cuenta que se ganan las licitaciones y ya existen denuncias al respecto.
“¿Cómo es posible que una institución del Estado contrate a alguien que viola los derechos de los trabajadores, incumpliendo con la ley? Esperemos que se tomen realmente las medidas correspondientes porque, además, esto se da en un momento de campañas electorales: hay que recaudar y esto tiene más fuerza durante este contexto político”, aseveró.