El contralor general de la República, Camilo Benítez, entregó este miércoles a ambas cámaras del Congreso Nacional todo el compendio de información sobre auditorías practicadas en las instituciones del Estado y los gobiernos municipales y departamentales. Destacó como un hecho llamativo el cobro irregular de subsidios durante la pandemia del COVID-19 involucrando incluso a funcionarios públicos, lo que ocasionó un perjuicio de G. 20.000 millones al fisco.
Otro dato llamativo es el alto índice de deshonestidad hallado en los gobiernos municipales y departamentales del país. “El 90% de las denuncias que tenemos tiene que ver con los intendentes y gobernadores porque es muy sensible. Tiene que ver con alimento escolar, con mejoras de las escuelas y eso a la gente le llega mucho”, refirió en diálogo con la prensa acreditada en el Poder Legislativo.
El contralor adelantó que uno de los proyectos principales que busca implementar desde el próximo año es un mejor control en el sistema de pago de subsidios mediante el cruzamiento de datos con diferentes instituciones.
“Nosotros verificamos el pago de todos los subsidios que se hicieron durante la pandemia. Y verificamos que hay gente que cobró esto y que no debía haber cobrado. Pero de qué sirve ir a pedirle a un ciudadano que devuelva tipo 800.000 guaraníes. Nosotros tenemos que controlar antes eso”, afirmó.
Explicó que la única forma de garantizar transparencia en el manejo de los recursos es a través de un control exhaustivo del proceso de selección de beneficiarios que involucra a varios entes. “Debemos cruzar los datos que hay en Tributación, en IPS, en el Registro Civil, ver si esa persona vive o no, si es funcionaria pública, si paga renta, cuánto paga de IVA”, indicó.
Funcionarios públicos
Fue en este punto que Benítez reveló que se descubrió que hasta funcionarios públicos accedieron a las compensaciones económicas otorgadas por el Gobierno durante la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus.
“Tenemos hasta funcionarios públicos que cobraron subsidios. Entonces, ese es el camino y esa es la propuesta de la Contraloría para el año que viene. Creemos nosotros que el Gobierno va a acompañar esto porque tiene que tomar la decisión política de trasladar información para hacer un trabajo de cruzamiento y de esa manera ser más eficiente en el gasto público”, puntualizó.
Insistió en que las fiscalizaciones deben concretarse en tiempo real y no de forma tardía, cuando ya se han desembolsado los fondos. Consultado sobre el número de personas que habrían cobrado de manera irregular los subsidios, el contralor respondió que no tenía los datos, pero precisó que el monto orilla los G. 20.000 millones de perjuicio a las arcas del Estado.
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