Con modificaciones, la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado aprobó el proyecto de ley “Que regula el régimen de actualización de los haberes jubilatorios de los funcionarios y empleados públicos jubilados de la administración central y del servicio civil”. El senador colorado Juan Darío Monges determinó que las modificaciones fueron sustanciales y ahora pasa al estudio del pleno de la Cámara Alta.

No obstante, Iván Haas, viceministro de Economía, señaló que en las modificaciones aprobadas se incorporan elementos que en lugar de mejorar la situación de la caja fiscal, la empeoran. Dentro de ese punto, comentó que se tratan dos aspectos sustanciales: un aporte del Estado de 9,5% para los jubilados y la restricción de la utilización de los superávits acumulados, limitándolo a un 50%.

“Hicimos unos cálculos y ese aporte de 9,5% tendría un costo de 220 millones de dólares, que hoy el Estado no está aportando y tampoco tiene. Realmente es preocupante para nosotros y por eso hablamos con el presidente del Congreso, solicitando que se posponga el tratamiento del proyecto en el orden del día”, reafirmó Haas.

El viceministro declaró que, de aprobarse así como está el proyecto, se tendrá que prorratear las jubilaciones de funcionarios si los recursos no alcanzan, afectando esencialmente al sector civil. En cuanto a la postergación del estudio, Haas se mostró confiado, apuntando a que con ello se podrá explicar mejor el impacto del proyecto en una reunión prevista entre la Comisión Directiva y Hacienda, agendada para el próximo lunes.

El documento cuenta con el dictamen del Ministerio de Hacienda, donde no se recomienda la aprobación porque no se cuantifica lo que representaría, pero el proyectista y los peticionantes manifestaron que representaría alrededor de 600 millones de dólares . “Sin embargo, es un legítimo derecho que tienen los jubilados porque han aportado en tiempo de servicios activos y ahora que hay cajas deficitarias, no es responsabilidad de ellos porque se han ceñido a la exigencia del momento”, argumentó el senador Juan Darío Monges.

Agregó que, por ello, argumentos legales y constitucionales ameritan entender que el mecanismo quedaría a cargo del Ministerio de Hacienda u otras instituciones del Estado a los efectos de hacer un relevamiento para cuantificar los beneficiarios y los términos de las actualizaciones que deberían aplicarse en la versión del Presupuesto 2023.