La parlamentaria del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González cuestionó que desde los propios organismos encargados de respaldar la lucha contra el contrabando se esté por el contrario dando protección. Sostuvo, además, que para reducir la delincuencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos es necesario un pacto político.

“El tema de seguridad es complejo y multidimensional, y requiere de un pacto político. Hay estudios del índice global de criminalidad que dice que la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas de la Nación, la Fiscalía y el Poder Judicial tienen un 80% de operadores que hoy trabajan para el crimen organizado”, afirmó en entrevista con la 1020 AM.

Explicó que al aludir a operadores se incluye a fiscales, jueces, asistentes. “Desde el último tahachi hasta el último comisario general y el último general del Ejército. Si vos tenés ese nivel de contaminación institucional, cómo implementás políticas públicas”, manifestó.

La diputada y precandidata presidencial habló de tres pilares de su proyecto político enfocados en la seguridad, la educación y la salud, a través de los cuales busca transformar el Paraguay. A ello se suma la campaña impulsada para lograr la movilidad eléctrica y la modernización del sistema de transporte público.

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Habló de la necesidad de mapear el país e impulsar políticas de prevención para intentar controlar la delincuencia que se encuentra en auge. “No es lo mismo un sicariato o el crimen organizado que ese crimen barrial que hoy se cobra vidas de jóvenes por falta de la cobertura correcta de seguridad. No podemos seguir teniendo una Policía bicéfala. Trabajaría mucho en la prevención”, indicó.

Con respecto a la renovación de la flota de buses y la implementación de los buses eléctricos con fuertes inversiones provenientes de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, Kattya señaló que se precisan de 3.000 buses como mínimo. “La idea de Paraguay eléctrico es transformar el sistema de transporte público en cinco años. El 100% de la flota de colectivos tiene que ser eléctrico, son 2.700 buses que hay que comprar”, señaló.

En materia de salud, la congresista aseguró que no se improvisará, sino que también se apostará por establecer políticas de Estado que trasciendan los gobiernos. “No estamos hablando de algo improvisado, es un gran desafío para el próximo período”, remarcó.

La educación es otro punto que le preocupa y, en ese sentido, se refirió a los jóvenes, a quienes desea que puedan acceder a oportunidades en el campo profesional. “No debemos pensar solo en nuestro beneficio, sino en lo que podemos heredar a futuras generaciones como una bandera reivindicatoria en la lucha estudiantil. No es lo mismo estudiar en un colegio público del interior que en uno privado”, indicó.

La precandidata de la Concertación también incluyó en su proyecto un aspecto que apunta a la reforma del Poder Judicial. En este punto, aseguró que al máximo organismo judicial no le llegó la independencia, puesto que sigue manejándose con la ley de organización que data del régimen de Alfredo Stroessner.

“Hay muchas cosas que se pueden hacer sin reforma constitucional, modificar el Código de Organización Judicial, que hoy es preconstitucional. Es del año 89, cómo ellos en 33 años siempre han conseguido que ningún Parlamento estudie su Código de Organización Judicial, entonces ellos siguen con las reglas de la época de Stroessner. Al Poder Judicial paraguayo no le llegó la independencia”, concluyó.

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