El canciller nacional, Julio Arriola, recibió al representante regional de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Juan Carlos Murrillo, a quien reiteró la postura del Gobierno paraguayo sobre los casos de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán. La enérgica protesta de Paraguay en la conducción de los procesos que hizo posible la concesión del estatus de refugiado y el reasentamiento tanto por la República de Uruguay como por el Gobierno de la República de Finlandia a los acusados y procesados por el secuestro de María Edith Bordón.
En este sentido, el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay llamó la atención sobre el papel, según expresó, fundamental de refugiados de la ONU para que los tres acusados de secuestro puedan acceder al estatus de refugiados, sin poder enfrentar el proceso en Paraguay de secuestro extorsivo, por el cual fueron procesados antes del pedido de este estatus. Arriola agregó que estas personas no pueden seguir gozando del refugio ante este proceso, de acuerdo a la información oficial de la Cancillería.
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El jefe de la diplomacia paraguaya recordó además al representante regional de Acnur que el Estado de Paraguay ya presentó toda la documentación necesaria para la revisión y cancelación del estatus de refugiados de las tres personas, a través de las sedes diplomáticas en Uruguay, y Alemania que es concurrente ante Finlandia.
Las autoridades paraguayas fueron comunicadas el 8 de octubre del 2019 que Uruguay había rechazado la extradición como consecuencia del otorgamiento de refugio político a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán. En ese momento se procedió al envío de notificaciones y órdenes de captura internacional a Madrid, para que las autoridades de España procedan a la detención de los prófugos de la Justicia paraguaya, teniendo en cuenta que hicieron escala en el aeropuerto Adolfo Suárez, de Barajas, Madrid. Sin embargo, la respuesta de las autoridades españolas fue que sin código rojo no podían detener a estas personas.
Al respecto, el canciller recordó que se ignoró la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 13 de mayo de 2019, en la cual se resolvió que el Estado paraguayo no es responsable de la alegada desaparición forzada y tortura de las personas citadas. Al respecto, enfatizó sobre la importancia de la preservación de la institución de refugio, que es otorgada con los fines de proteger a las personas perseguidas en sus países de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, y no para obstruir la acción de los órganos judiciales ni para evadir eventuales responsabilidades ante la justicia.
Por otra parte, también reiteró que Arrom, Martí y Colmán, gozan de las garantías del debido proceso en el país, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, sin embargo, sostuvo que Paraguay seguirá manifestando su desacuerdo con este caso, y realizará acciones diplomáticas y legales para lograr el levantamiento del estatus de refugiados.
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