La jueza penal de Garantías, Lici Sánchez, explicó los fundamentos y las pruebas presentadas para la desestimación de la denuncia del Ministerio Público sobre los integrantes del avión de la empresa venezolana Emtrasur. Esta investigación había iniciado tras la denuncia de René Fernández, exministro abdista de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), en contra de la empresa Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) con firmas de otros países para que sea objeto de sospecha. El pedido para desestimar la denuncia fue hecho por los fiscales Francisco Cabrera y Jorge Arce.

La jueza explicó que el Ministerio Público inició una investigación en base a la ley 4.024 y la modificatoria 6.408, que refiere a la asociación terrorista, financiamiento de terrorismo. Esta normativa hace referencia a quien creare, dirigiere, prestare apoyo para estas organizaciones terroristas. “Esa es básicamente la normativa que nos convoca”, dijo Sánchez, este lunes, en entrevista al programa “Así son las cosas”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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“El Ministerio Público hace sus diligencias. Tengo desarrollado en la resolución de nueve tomos de expediente, en el cual comunica al juzgado que solicita la desestimación en razón de que la conducta observada por los mismos no es la conducta típica de estas normativas y tampoco los hechos presentados son ilícitos”, indicó. En este sentido, el juzgado realizó una búsqueda profunda de todas las documentaciones, lo que se ha plasmado en la resolución en la consideración, de suma importancia, a los efectos de dar o no viabilidad del requerimiento fiscal.

“Encontramos que esta empresa Emtrasur, que es la responsable, vamos a decir, de la aeronave en cuestión, porque aquí también hay que hacer una división entre la problemática generada con el avión y la problemática generada con la tripulación y también la problemática generada con la carga de la empresa Tabesa. Son tres ejes en la misma cuestión. Esta empresa Emtrasur vendría a ser una división logística de transporte de carga de origen venezolano y como brazo logístico de la empresa Conviasa (Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A.)”, explicó la jueza a Nación Media.

Indicó que la empresa Emtrasur realiza a su vez una subcontratación de otra empresa paraguaya, con domicilio en Ciudad del Este (Alto Paraná), para que la misma realice las gestiones documentales en el aeropuerto. “Todas estas circunstancias han acontecido, creo que fue el 13 de mayo del año 2022, específicamente. Bueno, esta empresa, que sería como una operadora terrestre, nuevamente contrata a otra empresa exclusivamente para el transporte de la tripulación desde el Aeropuerto Guaraní hasta un hotel con domicilio en Ciudad del Este”, apuntó.

En esta operación de traslado de carga y tripulación intervinieron varias empresas, y estas documentaciones fueron las arrimadas por el Ministerio Público, con una secuencia de informaciones, también se han prestado varias declaraciones testimoniales de los responsables de todas las empresas involucradas, y todas han demostrado cuáles son sus responsabilidades.

También se cuenta con un informe remitido por la Dirección Nacional de Aviación Civil (Dinac), por el entonces titular Félix Kanazawa, que manifiesta que la aeronave con matrícula 3531 realizó una operación en el mes de mayo del 2022 y que contaba con todas las autorizaciones ya desde mayo del mismo año. “Estaba preestablecido el itinerario que debía de traer esta aeronave que partía del aeropuerto, Maiquetía (Venezuela), esta venía directamente a esta ciudad y de Ciudad del Este nuevamente a Aruba”, mencionó la jueza.

Finalmente, indicó que la investigación giraba en torno a que independientemente de que la actividad comercial sea lícita o ilícita, si ésta iba dirigida a financiar a grupos terroristas. “Ese punto y ese extremo no fue acreditado, ni fue demostrado, ni existen documentaciones, y por sobre todas las cosas hay que tener muy presentes también los informes remitidos por entonces”, puntualizó la magistrada Lici Sánchez en comunicación con Nación Media.

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El diputado colorado Rodrigo Gamarra reivindicó la Marcha Campesina, que se realiza cada año en marzo. Recordó que nació del pueblo trabajador y que es una conquista de décadas: la lucha por la tierra, la producción y la dignidad.

Sostuvo que esta marcha no fue creada por agitadores de escritorio, ni por partidos familiares, ni por oportunistas de ocasión; por lo que hizo un llamado a no permitir que la marcha campesina se desvirtúe por “oportunistas políticos”.

En conversación con La Nación/Nación Media, indicó que esta marcha nació con la Democracia, tras la caída de la Dictadura de Alfredo Stroessner, donde cada grupo campesino buscó visibilizar a su sector, con sus respectivas reivindicaciones, las cuales señaló como justas.

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Desde entonces, estas organizaciones campesinas se aglomeran, se juntan, se organizan y vienen a marchar a Asunción cada marzo, reivindicando históricamente la tierra y la asistencia del gobierno para sus producciones agrícolas. Esto se fue dando con el transcurrir de los años. Cuando llegaron gobiernos más serios, como el de Horacio Cartes o el actual de Santiago Peña, se está cumpliendo ese sueño de tener tierras para trabajar y contar con implementos agrícolas de primer nivel, indicó.

En ese sentido, señaló que, gracias a esta lucha legítima de más de 30 años, hoy el campesino recibe tractores, semillas, invernaderos; también hay un récord en titulación masiva de tierras y apoyo para producir. Esa es la verdadera victoria de las organizaciones campesinas. Indicó que esta verdad, por más que chillen, no la van a esconder los sectores políticos de la oposición.

“Esta marcha se ha vuelto un símbolo y yo creo importante que se sigan haciendo de manera a no olvidar nunca las raíces. Recordando aquella famosa frase que dice que Asunción no termina en Calle Última, ni en Cuatro Mojones, que hay un Paraguay tierra adentro que está pendiente de lo que pasa en la capital, y que está esperanzado siempre en sus autoridades. Esto es importante, y creo que se está dando y demostrando. Por eso, la marcha campesina es importante y simbólica”, expresó.

Ahora bien, el diputado Gamarra cuestionó a los sectores de la oposición que busca aprovecharse de esta masiva movilización de campesinos para lograr ser visibilizados. “Pero lo grave y lo feo es cuando aparecen las sanguijuelas oportunistas, esos políticos de partidos de maletín, o de escritorios o partidos familiares, que no conocen donde queda Ypané o Nueva Italia. Pero son los que ahora están hablando más fuerte y quieren aprovechar la situación”, indicó.

Señaló que son gente que no tienen arraigo popular, o que ingresaron por accidentes al Congreso, aprovechándose de la cosecha de los votos Anti, aprovechándose tal vez de gente que aún no están sintiendo la llegada del Estado, que cada vez son menos.

El legislador lamentó que este sector político busque desvirtuar el espíritu de esta marcha, y hacen sus convocatorias con un espíritu de no acompañar las reivindicaciones de los campesinos, ni tampoco de conseguir algún beneficio para los campesinos. Si no más bien, operan para que esto se descomponga.

“Tratar de que se llegue al caos, de que haya un muerto si es posible, para que ellos puedan reclamar después en nombre de los muertos o los mártires, buscar reclamar el poder, entrando por la ventana, sin pasar por las elecciones, porque saben que no tienen los votos ni el acompañamiento popular en las urnas”, acotó.

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El medio digital El Observador publicó un artículo titulado “Avión Iraní: Fiscales no encontraron conexión entre venta de cigarrillos de Tabesa con financiamiento del terrorismo”, en el que detallan que “los fiscales Jorge Cabrera y Francisco Cabrera solicitaron la desestimación de la denuncia relacionada al avión Iraní, al no poder acreditarse que el negocio realizado por Tabesa haya tenido como objetivo financiar actos de terrorismo”.

La publicación relata que la causa se inició con las “denuncias de Gustavo Sandoval como por el ministro secretario de la Senac, René Fernández, sobre el arribo a Paraguay de la aeronave matrícula venezolana YV3531 con autorización no regular para el traslado de cigarrillos de la empresa Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) al país de Aruba”.

Agrega que “la aeronave ingresó al país el 13 de mayo de 2022 en horas de la noche, con una tripulación de 18 personas, de las cuales 7 eran de nacionalidad iraní y 11 de nacionalidad venezolana, quienes supuestamente se encontraban vinculadas con grupos terroristas de las fuerzas Quds”.

“El avión es propiedad de la empresa Emtrasur, la división logística y de transporte de carga de la empresa venezolana Conviasa, sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)”, precisa El Observador.

Los antecedentes refieren que “la aeronave realizó una operación de traslado de mercadería de exportación, más específicamente, 7086 cajas de cigarrillos vendidas por Tabacalera del Este S.A. a Tabacal Free Zone Nv, empresa ubicada en el país de Aruba”.

Para comprobar, durante las investigaciones, que “la aeronave ingresó al país con una autorización para operación no regular otorgada por la Dinac para el traslado de la mercadería vendida por Tabesa. Conforme a las declaraciones testimoniales tanto de los funcionarios de la Dinac como de la Dirección de Aduanas, llegó sin carga alguna ─ salvo pallets para cargar la mercadería ─ y con 18 tripulantes a bordo, sobre quienes recaía la sospecha de su vinculación con grupos terroristas; sin embargo, conforme las diligencias realizadas estos no poseen órdenes de captura internacional, ni causas abiertas por hechos punibles ligados al crimen internacional o a actos terroristas”.

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La Secretaria de Prevención e Investigación del Terrorismo (Seprinte) informó que “los tripulantes Alireza Daneshpour; Zeus Andres Rojas Velazquez; Carlos Ramón Anseume Merchan; Absolbaset Mohammadi; Gholamreza Ghasemi; José Miguel Ramirez Martinez; Ricardo Antonio Rendon Oropeza; Vicente Antonio Raga Tenias; José Angel Chacon Quintero; Emilio José Salazar Velazquez, Victoria Vanessa Valdiviezo Marval; Ali Kawalvand; Richard Roiman Garmendia Lugo; Naghi Naei Naranj Bon; Jorge Gabriel Perez López; Nelson Alberto Coello; Faisal Azkarzadeh y Vahid Lorzanganeh, no registran investigaciones, procesos o condenas por actos vinculados al terrorismo”.

El artículo refiere que las mismas personas “fueron investigadas también en la República Argentina por hechos similares, informando dicho país a través del informe de Cooperación Internacional que la justicia argentina archivó la causa contra estas personas, a quienes inicialmente se detuvo y afrontaron un proceso penal”.

Aclara que “si bien es cierto Ezequiel Santoro Da Silva y Dario Eugenio Diaz Ocampos, ligados a la operativa del traslado de los tripulantes y al manejo de la carga, tuvieron causas penales por hechos punibles cometidos en el país, estos no se encuentran relacionados con el financiamiento del terrorismo ni con los hechos ocurridos entre el 12 al 16 de mayo de 2022, ocasión en que el avión carguero ingresó al país, cargó la mercadería para luego tomar destino a Aruba”.

En cuanto a la carga, sostiene que “esta cuenta con despacho de exportación de la Dirección Nacional de Aduanas, cuenta con factura de venta y se encuentra con todos los permisos tanto fitosanitarios como los expedidos por Dinavisa”.

Los fiscales advirtieron “que no existe asociación alguna a la que pertenezcan los tripulantes y las empresas relacionadas con la carga para la comisión de hecho punibles de terrorismo, se comprobó mediante informes y declaraciones testificales, que el avión aterrizó en el país sin carga alguna y posteriormente se realizó la carga de cajas de cigarrillo con destino a Aruba, además de comprobarse que los tripulantes del avión no tienen órdenes de captura pendiente ni tienen procesos abiertos por hechos vinculados al terrorismo, por lo que no se permite afirmar que forman parte de una asociación destinada a la realización o promoción de hechos punibles transnacionales”.

Se precisa que “no se ha acreditado que el negocio realizado por Tabesa para la venta de cigarrillo a Tabacos Free Zone en Aruba y el transporte de estos vía aérea por medio de la empresa Emtrasur, haya tenido como objetivo obtener fondos para la realización de actos de terrorismo, ya que se corroboró mediante declaraciones testimoniales e informes de las distintas instituciones públicas, que la empresa aérea fue contratada para el transporte de carga, que este si bien es cierto, era un vuelo no regular, contaba con la debida autorización de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, que este vuelo llegó sin carga y que posteriormente, la carga debidamente documentada salió del país en el mismo vuelo con destino final a Aruba de donde fue adquirida esta carga, sin que haya indicios de que esta operación tuvo la finalidad de aportar fondos, dinero o bienes para la realización de actos de terrorismo”.

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Se aclara que en el presente caso, “no existen elementos que permitan establecer la existencia de hechos punibles ni la participación de los tripulantes del avión o de los representantes de la empresa exportadora ni compradora en hechos punibles de terrorismo ni financiamiento de este”.

Por ello, “solicitaron la desestimación de la denuncia, considerando que los hechos constatados en la presente investigación no reúnen los presupuestos de tipicidad de la conducta de los hechos investigados”, refiere El Observador.

Se agrega que “el alcance de la figura de la desestimación, prevista en nuestro ordenamiento procesal, el cual establece en su Art. 306 que, la resolución que ordena la desestimación no podrá ser modificada mientras no varíen las circunstancias que la fundamentan, es decir, cualquier denuncia desestimada puede ser reabierta, siempre que existan nuevos elementos que modifiquen los hechos que sirvieron como fundamento para el requerimiento, si de esta variación se puede establecer la posible existencia del hecho punible”.

El expresidente Mario Abdo Benítez había manifestado que el sistema de “inteligencia paraguaya hizo un gran trabajo para poder determinar la peligrosidad de este vuelo, desde que Paraguay informó y alertó se pudieron hacer las averiguaciones y vemos que gran parte de esa tripulación tiene vínculos con el terrorismo internacional y uno incluso se operó para cambiarse la cara en Cuba, esto parece una película”.

Agregó que “todo es cuestión de mirar los papeles nomás, no es un invento mío. Yo creo que él (Cartes) está enojado porque hace poco ese avión iraní que llegó al país traía cigarrillos de Tabesa, y qué culpa tengo yo si ahí estaban esos cigarrillos en un avión donde la tripulación estaba llena de terroristas”.

Abdo realizó estas declaraciones en plena campaña política para alzarse con la titularidad de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), que disputó contra su principal oponente político, el expresidente Horacio Cartes, quien finalmente ganó las internas.

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César Vargas, gerente del Banco Nacional de Fomento (BNF), comentó que la entidad reconoce la importancia del sector porcino como impulsor del desarrollo económico nacional, resaltando que la concesión de créditos para inversiones llevan cierto proceso y lamentó que se estén registrando inconvenientes.

“Se valoran las expectativas depositadas en nuestra institución como aliado estratégico de los pequeños, medianos y grandes productores con quienes estamos trabajando en este rubro”, indicó en contacto con la 1.000 AM.

Esto, teniendo en cuenta el reclamo de los productores por demoras en la concesión de créditos, así como en el caso de financiamientos ya aprobados, con los cuales los integrantes del sector reportan lentitud, habiendo casos con más de nueve meses sin resolución.

A modo de ejemplo, dijo que si bien el crédito está aprobado y se acepta el monto total del proyecto, se valora en un monto, el banco asesora al cliente para que el proyecto tenga el éxito esperado. “Con todos los clientes se tienen visitas técnicas y se les asesora para luego aprobarlos en diferentes modalidades sujetas a ciertos cumplimientos”, sostuvo.

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Indicó que con lo otorgado, nuevamente se tiene que rendir cuentas de la inversión realizada ya que debe garantizarse y asegurarse que los fondos se destinen para el propósito para el cual fue solicitado. “Somos igual a cualquier otro banco de plaza, estamos medidos por una única vara del sistema financiero que es la Superintendencia del Banco Central”, mencionó.

Desde la APPC se pronunciaron este lunes, pidiendo que se implementen controles estrictos sobre el personal bancario, evaluando tanto su desempeño como su integridad e instaron a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad. Agregaron que las reuniones con la banca estatal generaron esperanza, pero actualmente enfrentan un escenario de trabas inexplicables para contar con financiamiento.

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