El pasado 24 de junio, el propio titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Juan Carlos Duarte Duré, hacía una invitación masiva a una fiesta de San Juan en un club de la ciudad de Asunción. A esto se suma que la página institucional de la Conatel brinda explícitamente un apoyo a la campaña del vicepresidente de la República, haciendo eco en sus redes sociales del proselitismo de Hugo Velázquez.
Este hecho desnuda una vez más el discurso mentiroso del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien se llenó la boca en su informe de gestión ante el Congreso Nacional donde dijo que uno de los ejes de su gobierno siempre fue defender la institucionalidad.
De hecho, el mandatario es fuertemente cuestionado por utilizar a las instituciones del Estado como garrote político para atacar a sus adversarios con miras a los comicios internos partidarios previstos para el 18 de diciembre de este año. En parte de su discurso dijo que el “legado primordial” que su administración se propuso a dejar desde el primer momento es “la consolidación de la conciencia moral democrática, asegurando que es uno de los aspectos más “valiosos” que tenemos los paraguayos, el “respeto a la institucionalidad”.
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Uno de los últimos acontecimientos que dejan en evidencia esta situación fue la filtración de información confidencial a ciertos medios de comunicación por parte de la Seprelad, encabezada por Carlos Arregui, en el que se hizo alusión a un supuesto esquema de lavado de dinero y hechos ilícitos dentro del Grupo Cartes, salpicando al expresidente de la República.
La información fue utilizada por el mandatario y su entorno en el marco de su campaña electoral en busca de la titularidad de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, hecho que termina por tumbar totalmente su discurso sobre el respeto a la institucionalidad del país.
Campaña, bajo amenaza
A todo esto hay mencionar la innumerable cantidad de despidos injustificados de funcionarios de distintas instituciones del país por no sumarse a las campañas que emprende el vicepresidente de la República, quien utiliza estos espacios y a los funcionarios para el proselitismo, la mayoría de las veces a la fuerza y bajo amenazas.
Prueba de ello es lo ocurrido en el Instituto de Previsión Social de Misiones, donde funcionarios de la previsional de San Juan Bautista se valieron de un comunicado para exteriorizar su indignación por el manejo político-partidario al cual están sometidos, poniendo en riesgo sus labores y la obligación de garantizar una atención eficiente a los asegurados.
Los afectados condenaron el mecanismo aplicado desde el Consejo de Administración del ente previsional a cargo del doctor Vicente Bataglia y denunciaron que son “perseguidos por no estar alineados al oficialismo”. Muchos incluso ya perdieron sus puestos laborales.
Otro caso tiene que ver con un audio filtrado en el que se escucha a la jefa interina de enfermería del hospital distrital de la localidad de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá, Eliodora Brítez, operar para recaudar votos bajo amenaza al personal de blanco, para el diputado y aspirante al cargo de gobernador Roque Sarubbi Brizuela y para Juan Ramón Maciel Merlo, precandidato a diputado, ambos pertenecientes al movimiento oficialista Fuerza Republicana.
En el marco de las amenazas también les recordó a los paramédicos que sus contratos están próximos a vencer, razón por la cual les obliga no solo a acompañar las precandidaturas de Sarubbi Brizuela y Maciel Merlo, sino que también operen a conseguir votos para las elecciones internas de diciembre.