El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero y otros delitos conexos del Congreso Nacional, el senador del Frente Guasu (FG) Jorge Querey realizó un espectáculo en la fecha al convocar con bombos y platillos al empresario y titular de Tabacalera del Este SA (Tabesa) José Ortiz, sin contar con documentos oficiales que respalden las indagaciones y apoyarse solo en publicaciones periodísticas.

“No existe documentación oficial que hoy nosotros podamos seria y responsablemente entregar. Hay pedidos de informes, documentos que están circulando, muchos de ellos por los medios y a eso hace referencia, estamos haciendo la historia clínica sobre el lavado de dinero para presentarlo al Congreso Nacional, ese es nuestro trabajo”, manifestó Querey ante los medios de prensa en la sede legislativa.

Ante la consulta del por qué no esperar contar con documentos oficiales para formular preguntas a los convocados ante la instancia legislativa, el izquierdista solo esgrimió: “Yo creo que hay suficientes elementos”, para continuar sosteniendo que incluso los convocados cuentan con más documentos que la propia comisión que pretende impulsar investigaciones y que estaría incluso siendo utilizada como un garrote político, de acuerdo a las denuncias formuladas por algunos de sus propios miembros.

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“Tienen documentos más de primera mano que nosotros en este momento, nosotros lo que tenemos son todas las denuncias hechas públicamente”, pretendió justificarse el senador. Incluso en la convocatoria realizada por la comisión con anterioridad indica que cuentan con datos fehacientemente comprobados de que existe lavado de dinero.

Las declaraciones del parlamentario surgieron tras el pedido realizado por el abogado Pedro Ovelar, representante legal de Ortiz, empresario del rubro tabacalero, quien acudió este martes ante la comisión para ponerse a disposición y pedir los documentos oficiales.

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Cese de persecución política

Al respecto, Ovelar manifestó que el artículo 195 de la Constitución Nacional señala que: “La actividad de las comisiones investigadoras no afectará…, ni lesionará los derechos y garantías consagrados por esta Constitución”. A través de su cuenta oficial en Twitter, también agrega que el artículo 5 de la Ley 137/93 que reglamenta el 195 de la Constitución Nacional (sobre las comisiones del Congreso) prevé que el citado a declarar puede excusarse en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

En ese sentido, el abogado continuó puntualizando que el artículo 17 de la Constitución Nacional prevé como garantía, inciso 7): “La comunicación previa y detallada de la imputación, así como disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de la defensa”.

Finalmente, el letrado ante la comparecencia junto con su cliente en el Legislativo expuso: “Conclusión, se debe respetar el Estado de derecho. La persecución política y manipulación de instituciones para perseguir al adversario político debe cesar”.

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