Las contradicciones entre las autoridades de control siguen con respecto al paso del avión carguero venezolano-iraní y evidencian cada vez más la falta de acción estatal ante el caso. La mesa directiva de la Cámara de Senadores hoy recibió a los encargados del orden y control para el ingreso de la tripulación que está siendo investigada; el objetivo fue buscar aclarar lo ocurrido, sin embargo surgieron más contradicciones.

La directora de Migraciones, Ángeles Arriola, luego de la reunión mencionó a la prensa que ninguno de los tripulantes del avión iraní tenía objeciones o antecedentes que puedan ser reclamados, según el cruce que realizaron con la Interpol. Las alertas y alarmas de seguridad no se registraron a través de los inspectores.

Sin embargo, la Agencia de Investigación de Estados Unidos (FBI) advirtió a la Justicia argentina sobre los nexos de esta tripulación con el terrorismo. Se vincula al piloto del avión, Gholamreza Ghasemi, con una compañía aérea ligada a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, además la Secretaría Nacional de Inteligencia también había dado a conocer esta alarma al vecino país.

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“Migraciones tiene conocimiento desde el aterrizaje, no previamente, llegó el avión y el despachante de vuelo entregó el manifiesto de vuelo al inspector de Migraciones en la ventanilla y se verificó que estén en orden”, explicó Arriola como protocolo administrativo de la institución a su cargo.

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El procedimiento que siguieron fue traer el documento, escanear y verificar que sea original el documento presentado, dentro del estándar internacional. Se registró los días y la dirección en la que se encontrarán. “Al guardar se conecta con Interpol, si no salta se pone sello y se van. En el caso de que salte una alerta, se habla de una revisión secundaria”, detalló Arriola sobre el procedimiento establecido a cumplir, y aseguró que “no saltó en ningún caso de los 18 tripulantes.

Todo este planteamiento sigue su curso con un hermetismo por la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero y otros delitos conexos, que se encuentra encabezada por el senador Jorge Querey, organismo legislativo que no sentó un posicionamiento sobre las denuncias que vinculan no solo al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, sino también al jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, con líderes protectores y financistas del Hezbolá.

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