El Ministerio Público podría iniciar de ofi­cio una investigación penal por el hecho punible de denuncia falsa contra exmi­nistro Anticorrupción René Fernández, quien años atrás denuncio sin fundamento, ni argumentos a la firma Tabesa sobre posibles conexiones con el terrorismo.

Esto fue desvirtuado por el Ministerio Público, quien investigó el caso por varios años y llegó a la conclusión que la firma Tabesa no se ha cometido ningún delito. Ante el escenario mencionado, la jueza penal de Garantías Lici Sánchez luego del análisis per­tinente resolvió hacer lugar a la desestimación de la denuncia por no existir ningún vínculo con el terrorismo.

El artículo 289 del Código Penal Paraguayo donde se detalla sobre el delito de denuncia falsa refiere que el que a sabiendas y con el fin de provocar o hacer continuar un procedimiento contra otro le atribuyera falsamente, ante autoridad o funcionario com­petente para recibir denun­cias, haber realizado un hecho antijurídico o violado un deber proveniente de un cargo público.

También refiere el citado artí­culo que “le atribuyera públi­camente una de las conductas señaladas en el numeral ante­rior, o simulara pruebas con­tra él, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa”, indica el citado artículo.

La jueza de Garantías Lici Sán­chez desestimó la denuncia que había presentado el enton­ces ministro Anticorrupción René Fernández quien recu­rrió a la Fiscalía con informa­ción falsa sobre el avión iraní y los negocios realizados por la empresa Tabesa, quien realizó operaciones comerciales con empresas de Aruba. El pedido para poder archivar la denun­cia fue hecho por los fiscales Francisco Cabrera y Jorge Cabrera La determinación judicial refiere que “los países involucrados confirman que la operación del vuelo se rea­lizó con la debida autorización y cumplimiento de los proce­dimientos legales establecidos y no se encontraron indicios de que la tripulación tuviera conocimiento o participación en actividades ilícitas relacio­nadas con el terrorismo o su financiamiento”.

Asimismo, la magistrada indicó que durante la pesquisa se ha ratificado que la respon­sable de la empresa Tabacal Free Zone NV está registrada en la Cámara de Comercio y de Industria de Aruba, obviando informaciones y datos perso­nales de la titular, pero que se encuentran debidamente indi­vidualizada en la documenta­ción de referencia.

De mismo modo, Sánchez sostuvo que los documentos enviados por las autoridades de nuestro país, Argentina y Aruba no han revelado nin­guna evidencia que permita determinar que la tripulación de la aeronave con matrícula venezolana YV3531 incurrió en conductas tipificadas en los artículos 2 y 3 de la Ley de Asociación Terrorista y Financiamiento del Terro­rismo en Paraguay, previs­tos en la Ley n.° 4024/2010 y su modificatoria la Ley n.° 6408/19 indica la resolución judicial.

El presidente de la República, Santiago Peña, anunció que Petropar bajará G. 300 en los precios de todos sus combustibles. William Wilka, gerente general de la empresa estatal, destacó que se trata de la octava reducción de los precios durante este Gobierno y que los precios se mantendrían, en principio, hasta abril.

Los precios de los combustibles de Petropar tendrán una reducción de G. 300 por litro, en atención las bajas internacionales en los productos derivados del petróleo y compras eficientes de parte de la empresa estatal. El anuncio lo realizó el presidente Santiago Peña a través de sus redes sociales, destacando que se trata de una “medida concreta para aliviar el bolsillo de las familias y acompañar el esfuerzo de quienes mueven el país”.

La sorpresa y felicidad se apoderaron de los rostros de los estudiantes de los 22 distritos priorizados en el marco de la entrega de los nuevos mobiliarios. La entrega de estos mobiliarios, adquiridos con la colaboración de Itaipú Binacional, ha iniciado teniendo en cuenta parámetros de matrícula y urgencia.

En esta primera fase se ha programado la entrega de un total de 330.000 mobiliarios para instituciones educativas de distritos priorizados de los departamentos de Alto Paraná, Caazapá y Caaguazú. De este trabajo de distribución se encarga el Ministerio de Educación (MEC), recibiendo la estrecha colaboración de las autoridades municipales y de las Fuerzas Armadas para retirar el mobiliario antiguo y facilitar el acceso.

Este domingo concluyó con gran éxito la 57.ª edición del Campeonato Sudamericano Juvenil de Golf por Equipos, que regresó al Paraná Country Club de Hernandarias después de 40 años. Colombia brilló al consagrarse campeón en ambas categorías por equipos, mientras que Paraguay celebró en la competencia individual femenina con el triunfo de Victoria Livieres.

En la categoría masculina, el equipo colombiano revalidó su título con un total de 589 golpes (+13). Liderado por Tomás Restrepo, campeón individual, junto a Santiago Russi y Samuel González, el equipo cafetero dominó de principio a fin durante las cuatro jornadas de competencia. Tanto Restrepo como González formaron parte del equipo vencedor en la edición pasada, disputada en el Club de Golf del Uruguay.

Por primera vez en la historia, un presidente del Grupo Banco Mundial hará una visita oficial al Paraguay, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas. En su último informe, el organismo internacional calificó al país como una nación con un futuro prometedor.

Ajay Banca, titular del Grupo Banco Mundial, estará en Paraguay el 1 de abril en la sala de convenciones del Banco Central del Paraguay para el conversatorio sobre el rol de este organismo en la región. Abordarán las oportunidades de cooperación con nuestro país en materia de crecimiento económico y reducción de la pobreza, anunciaron las autoridades.

La selección paraguaya se alista para visitar la calurosa Barranquilla, donde espera una herida Colombia, por la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas. Gustavo Alfaro sabe que la formación cafetera representa un desafío mayúsculo, no solo por su juego y por ser local, sino porque a su entender será “una combinación de todos los partidos que jugamos hasta ahora”.

“Cambiar, no. No vamos a cambiar nuestras actitudes”, advirtió el seleccionador nacional, ayer domingo en conferencia desde Ypané. Sobre el equipo, indicó que, mirando lo que contra Chile, la estrategia guaraní sí podría tener algún retoque. “Un parado táctico es el punto de partida de un partido, como distribuís el campo de juego. La estrategia es lo que tenés que hacer, que se implementa de acuerdo a cada partido”, explicó.

La jueza penal de Garantías, Lici Sánchez, explicó los fundamentos y las pruebas presentadas para la desestimación de la denuncia del Ministerio Público sobre los integrantes del avión de la empresa venezolana Emtrasur. Esta investigación había iniciado tras la denuncia de René Fernández, exministro abdista de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), en contra de la empresa Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) con firmas de otros países para que sea objeto de sospecha. El pedido para desestimar la denuncia fue hecho por los fiscales Francisco Cabrera y Jorge Arce.

La jueza explicó que el Ministerio Público inició una investigación en base a la ley 4.024 y la modificatoria 6.408, que refiere a la asociación terrorista, financiamiento de terrorismo. Esta normativa hace referencia a quien creare, dirigiere, prestare apoyo para estas organizaciones terroristas. “Esa es básicamente la normativa que nos convoca”, dijo Sánchez, este lunes, en entrevista al programa “Así son las cosas”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La jueza penal de Garantías, Lici Sánchez, explicó los fundamentos y las pruebas presentadas para la desestimación de la denuncia del Ministerio Público sobre los integrantes del avión de la empresa venezolana Emtrasur. Esta investigación había iniciado tras la denuncia de René Fernández, exministro abdista de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), en contra de la empresa Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) con firmas de otros países para que sea objeto de sospecha. El pedido para desestimar la denuncia fue hecho por los fiscales Francisco Cabrera y Jorge Arce.

La jueza explicó que el Ministerio Público inició una investigación en base a la ley 4.024 y la modificatoria 6.408, que refiere a la asociación terrorista, financiamiento de terrorismo. Esta normativa hace referencia a quien creare, dirigiere, prestare apoyo para estas organizaciones terroristas. “Esa es básicamente la normativa que nos convoca”, dijo Sánchez, este lunes, en entrevista al programa “Así son las cosas”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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“El Ministerio Público hace sus diligencias. Tengo desarrollado en la resolución de nueve tomos de expediente, en el cual comunica al juzgado que solicita la desestimación en razón de que la conducta observada por los mismos no es la conducta típica de estas normativas y tampoco los hechos presentados son ilícitos”, indicó. En este sentido, el juzgado realizó una búsqueda profunda de todas las documentaciones, lo que se ha plasmado en la resolución en la consideración, de suma importancia, a los efectos de dar o no viabilidad del requerimiento fiscal.

“Encontramos que esta empresa Emtrasur, que es la responsable, vamos a decir, de la aeronave en cuestión, porque aquí también hay que hacer una división entre la problemática generada con el avión y la problemática generada con la tripulación y también la problemática generada con la carga de la empresa Tabesa. Son tres ejes en la misma cuestión. Esta empresa Emtrasur vendría a ser una división logística de transporte de carga de origen venezolano y como brazo logístico de la empresa Conviasa (Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A.)”, explicó la jueza a Nación Media.

Indicó que la empresa Emtrasur realiza a su vez una subcontratación de otra empresa paraguaya, con domicilio en Ciudad del Este (Alto Paraná), para que la misma realice las gestiones documentales en el aeropuerto. “Todas estas circunstancias han acontecido, creo que fue el 13 de mayo del año 2022, específicamente. Bueno, esta empresa, que sería como una operadora terrestre, nuevamente contrata a otra empresa exclusivamente para el transporte de la tripulación desde el Aeropuerto Guaraní hasta un hotel con domicilio en Ciudad del Este”, apuntó.

En esta operación de traslado de carga y tripulación intervinieron varias empresas, y estas documentaciones fueron las arrimadas por el Ministerio Público, con una secuencia de informaciones, también se han prestado varias declaraciones testimoniales de los responsables de todas las empresas involucradas, y todas han demostrado cuáles son sus responsabilidades.

También se cuenta con un informe remitido por la Dirección Nacional de Aviación Civil (Dinac), por el entonces titular Félix Kanazawa, que manifiesta que la aeronave con matrícula 3531 realizó una operación en el mes de mayo del 2022 y que contaba con todas las autorizaciones ya desde mayo del mismo año. “Estaba preestablecido el itinerario que debía de traer esta aeronave que partía del aeropuerto, Maiquetía (Venezuela), esta venía directamente a esta ciudad y de Ciudad del Este nuevamente a Aruba”, mencionó la jueza.

Finalmente, indicó que la investigación giraba en torno a que independientemente de que la actividad comercial sea lícita o ilícita, si ésta iba dirigida a financiar a grupos terroristas. “Ese punto y ese extremo no fue acreditado, ni fue demostrado, ni existen documentaciones, y por sobre todas las cosas hay que tener muy presentes también los informes remitidos por entonces”, puntualizó la magistrada Lici Sánchez en comunicación con Nación Media.

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La jueza penal de Garantías Lici Sánchez hizo lugar a la desestimación de la denuncia solicitada por el Ministerio Público sobre los integrantes del avión de la empresa venezolana Emtrasur. La investigación fiscal había iniciado tras la denuncia del exministro Anticorrupción, René Fernández, que buscó a toda costa maniobrar para que el negocio legal realizados por Tabesa con firmas de otros países sea objeto de sospecha. El pedido para desestimar la denuncia fue hecho por los fiscales Francisco Cabrera y Jorge Arce.

La resolución de la mencionada magistrada refiere que “los países involucrados confirman que la operación del vuelo se realizó con la debida autorización y cumplimiento de los procedimientos legales establecidos y no se encontraron indicios de que la tripulación tuviera conocimiento o participación en actividades ilícitas relacionadas con el terrorismo o su financiamiento”.

Asimismo, Sánchez sostuvo que durante la pesquisa se ha ratificado que la responsable de la empresa Tabacal Free Zone NV está registrada en la Cámara de Comercio y de Industria de Aruba, obviando informaciones y datos personales de la titular, pero que se encuentran debidamente individualizada en la documentación de referencia.

De mismo modo, la magistrada sostuvo que los documentos enviados por las autoridades de nuestro país a Argentina y Aruba no han revelado ninguna evidencia que permita determinar que la tripulación de la aeronave con matrícula venezolana YV3531 incurrió en conductas tipificadas en los artículos 2 y 3 de la Ley de Asociación Terrorista y Financiamiento del Terrorismo en Paraguay, previstos en la Ley n.° 4024/2010 y su modificatoria la Ley n.° 6408/19 indica la resolución judicial.

También en la presente resolución judicial se mencionó que las autorizaciones para operar en los aeropuertos de destino estaban en orden, y la documentación de la mercadería transportada cumplía con los requisitos legales aplicables tanto a nivel nacional como internacional.

Igualmente las documentaciones agregadas en la carpeta fiscal y que fue enviada por las autoridades aeronáuticas y aduaneras de los países involucrados confirma que la operación del vuelo se realizó con la debida autorización y cumplimiento de los procedimientos legales establecidos y no se encontraron indicios de que la tripulación tuviera conocimiento o participación en actividades ilícitas relacionadas con el terrorismo o su financiamiento. Además, no existen registros de búsqueda o captura vigentes contra los miembros de la tripulación en los países involucrados, lo que descarta cualquier sospecha de que estuvieran implicados en actividades delictivas de este tipo.

Los fiscales Francisco Cabrera y Jorge Arce solicitaron archivar el caso al no poder acreditarse que el negocio realizado por Tabesa haya tenido como objetivo financiar actos de terrorismo y que, por el contrario, todas las operaciones de venta de la carga de cigarrillo eran lícitas y estabas documentadas.

En junio del año 2022, el entonces presidente de la República Mario Abdo Benítez ordenó e instruyó al ministro anticorrupción René Fernández a pedir que el Ministerio Público inicie una investigación sobre caso avión venezolano-iraní en Paraguay.

Ante está directa orden de Abdo, el ministro Fernández inició el caso recolectando información falsa sobre las operaciones lícitas que realizaron dos firmas, una firma tabacalera (Tabacalera del Este) y empresas de Aruba. Posteriormente entró en acción el funcionario Gustavo Sandoval Lamas, subdirector de Seguridad de la Aviación Civil, quién presentó la denuncia ante el Ministerio Público en el marco de los hechos punibles de Asociación Terrorista y Financiamiento del Terrorismo en Paraguay; que luego de la presente investigación se descartó por completo tal hecho punible. El propio Sandoval ratificó que no recibió “ninguna alerta ni pedido de informe sobre grupos terroristas en la región.