La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) pretende fortalecer los mecanismos de control para evitar el ingreso de recursos financieros de origen irregular, ya sea lavado de dinero o narcotráfico, dentro de los procesos estatales. Cada proveedor del sector privado involucrado directa o indirectamente en compras públicas debe asegurar que sus recursos no provengan del lavado de dinero o de cualquier otra actividad ilícita.
El director de DNCP, Pablo Seitz, mencionó que quieren institucionalizar y dar seguridad a todo el ámbito de la compra pública. “Buscamos evitar el ingreso de recursos financieros de origen irregular, esta nueva política pretende ser la base de actuación de la DNCP en forma institucional y también la base de la acción conjunta con otras instituciones públicas”, dijo durante una conferencia de prensa.
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Por su parte, la ministra asesora de Asuntos de Seguridad, Cecilia Pérez, destacó la importancia de estas herramientas a ejecutar. “Tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado, la lucha ha trascendido a las simples luchas territoriales, la seguridad no debe ser solamente interna, debe ser trasnacional. No es suficiente detener a las personas que forman parte de los grupos del crimen organizado, sino atacar la estructura financiera para lograr debilitarlos”, sostuvo.
La Política de Integridad y Compliance, como definen a este mecanismo que se implementará para las compras públicas, garantizaría la integridad en los diversos ámbitos de la sociedad y del Estado. Buscarán las herramientas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación o compra pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones.
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Entidad bancaria dejó con interrogantes a la CBI, señaló Gustavo Leite
El senador Gustavo Leite, integrante de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre hechos de lavado de dinero, manifestó ante La Nación/Nación Media que quedan aclaraciones pendientes, tras el último encuentro mantenido con representantes de investigada entidad bancaria.
“Creo que la comparecencia de los representantes de la entidad bancaria nos deja aún algunos interrogantes. En este caso, intervenimos porque hay una carpeta abierta sobre Cabeza Branca; la fiscal Lorena Ledesma advierte que, a través de bancos de plaza, se había lavado dinero del narcotráfico”, expuso el congresista.
Leite remarcó que el caso también se relaciona con Gilberto Suárez, presunto testaferro del conocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”. Suárez había sacado uno de los créditos de la mencionada entidad bancaria y, al respecto, llamó la atención a la CBI que el banco investigado no elaboró la debida diligencia.
“Ellos aducen haber mirado los flujos de caja y los flujos proyectados de un negocio ganadero, pero el codeudor, Gilberto Suárez, aparentemente no fue investigado y el banco no sabía quién era. Le dieron USD 4 millones, que con los intereses llegaba a USD 6 millones y medio”, explicó el parlamentario.
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Caso Conmebol e IPS
Otro punto tratado por la CBI es el movimiento de depósitos superiores a USD 5 millones por parte de Nicolás Leoz, expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), durante un período en 2013. Presuntamente los fondos habrían sido utilizados para establecer un fideicomiso en la citada entidad bancaria.
“Nos llamó la atención que los representantes del banco no pudieron contestar la denuncia que hace la Conmebol. Quedamos en que le elaboraríamos un memo de los temas pendientes al respecto”, señaló Leite, agregando que también se analizó el tema de fideicomiso con el Instituto de Previsión Social (IPS).
El congresista indicó que los representantes de la entidad bancaria han reconocido el pago de obras, a pedido del director de mantenimiento del IPS, lo cual no estaba explícito en el contrato. “La Fiscalía está investigando los tres casos, pero lo que queremos es que la justicia se expida más rápido, para imputar o desestimar”, sentenció.
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Tobilleras electrónicas: DNCP destrabó implementación y habrá avances, indicó Riera
El ministro del Interior, Enrique Riera, brindó detalles sobre la ley de tobilleras electrónicas, confirmando que la implementación de las mismas ya se encuentra destrabada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para avanzar con su aplicación.
“Esta mañana se hace la reunión formal entre las instituciones que vamos a coordinar el trabajo: Fiscalía, Policía, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Corte Suprema de Justicia. Una vez que esto se adjudique, se implementará”, puntualizó el secretario de Estado a la 650 AM.
Riera aclaró que no se está procediendo a la compra de las tobilleras, como tal, sino del servicio, atendiendo los posibles cambios tecnológicos. Las tobilleras se aplicarán exclusivamente para los casos de violencia intrafamiliar, priorizando las llamadas relacionadas al tema, con un equipo especial.
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El Ministerio del Interior tendrá la potestad de reglamentar, contratar y habilitar los servicios necesarios para el cumplimento de la ley, con el apoyo de una oficina de control interinstitucional entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual proveerá las partidas presupuestarias necesarias.
Más policías y equipamientos
Por otra parte, con respecto a la inclusión de nuevos uniformados, así como también la compra de nuevos equipamientos, el secretario de Estado garantizó que los procesos se están encaminando de manera precisa. Así, el 19 de diciembre se efectuará el egreso de 5.000 policías.
“Vamos a poblar las nuevas comisarías que tenemos, bastante abandonadas. Ayer también se realizó nuevos equipamientos para los lince; está llegando todo antes de fin de año y probablemente para el 2025 estaremos un poco mejor para responder a los legítimos reclamos ciudadanos”, afirmó.
Riera subrayó además que la prioridad del Gobierno será introducir cada año 5.000 efectivos policiales más, no solo para brindar mayor solución a la demanda existente por la jubilación anual de los uniformados, sino también para dotar de más fuerzas de seguridad al país.
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En Itakyry y O´Leary ampliarán atención en salud pública con 44 nuevos contratados
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El Ministerio de Salud Pública dispuso el fortalecimiento de los servicios de salud pública de los municipios de Juan E. O´Leary e Itakyry, en el departamento de Alto Paraná, contratando a 44 profesionales a ser destinados a los Centros de Salud y a las Unidades de Salud Familiar de los citados distritos.
Son médicos, odontólogos, químicos farmacéuticos, licenciados en enfermería y licenciados en obstetricia, contratados para ampliar el horario de atención de algunas USF hasta las 20:00 y contar con médicos también sábados y domingos de día.
Igualmente es para ampliar el horario de atención del servicio de farmacia y laboratorio en los Centros de Salud de ambos municipios, que atienden solamente hasta las 15:00, pero con los nuevos contratados, la atención se extenderá hasta la noche.
Es lo que explicó a La Nación/Nación Media, la doctora Noelia Torres, directora de la Décima Región Sanitaria. Los contratos fueron entregados por la propia ministra de Salud, María Teresa Barán, durante su última visita a Alto Paraná, la semana pasada.
“Lo que proyectamos es que la gente de las comunidades alejadas de los Centros de Salud, tengan posibilidades de consultar y retirar medicamentos. Por eso, en algunas USF de esos dos municipios estamos ampliando el horario y, además, habilitaremos sábado y domingo de día”, refirió la doctora Torres.
De los 44 contratados, 27 serán para el municipio de Itakyry, mientras que 17 serán para O´Leary. Ambos distritos son parte de la Mesa de Protección Social, creada por el gobierno e integrada por las comunidades con mayor índice de pobreza. La mesa, coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social, es para que se reduzca la pobreza en estos distritos.
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Intendente calificó de histórica la medida
“Nunca antes contrataron a 27 profesionales para Itakyry, es una medida histórica del gobierno, que responde a un pedido que habíamos hecho junto al consejo de salud, a inicios de este año”, manifestó Miguel Soria, intendente de Itakyry.
Agregó que la Mesa de Protección Social está funcionando y los resultados se verán pronto con más atención en los municipios. En este se había declarado en su momento emergencia en salud, ante la falta de médicos en las USF, que luego fue subsanada con más contrataciones. Ahora, se sumará más personal.
Unidades de Salud Familiar a ser fortalecidas
Los contratados empezaron hoy una capacitación que durará hasta el miércoles, sobre las líneas de acción y programas del MSP, para luego empezar el trabajo en las unidades asignadas, según la doctora Noelia Torres.
En Itakyry, las USF de Ycuá Porá y Santa Lucía serán las que tendrán horario ampliado hasta las 19:00. En el Centro de Salud, el laboratorio y la farmacia que atendían solo hasta las 17:00, ahora atenderán 24 horas. De los 27 profesionales, son dos odontólogos y cinco médicos, a ser distribuidos entre las USF y el Centro de Salud.
En O´Leary, la USF de La Candelaria atenderá hasta las 20:00 y también sábados y domingos de 07:00 a 19:00. Se sumará un odontólogo a dicha comunidad. De los 17 contratados para el municipio, tres son médicos, dos de los cuales irán a unidades de salud familiar y uno al Centro de Salud.
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Con dinero del narcotráfico se pagaron créditos en varios bancos, sostiene Leite
Luego de la audiencia de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), quedó clar la existencia de un modus operandi en varios bancos, en los que personas sin capacidad de pago accedían a créditos millonarios, afirmó el senador Gustavo Leite, quien también cuestionó la falta de resolución de estos casos por parte de la Fiscalía, pese a que ya transcurrieron 7 años.
“Se compraban propiedades, estancias casi siempre con dinero proveniente del narcotráfico de Brasil. Más tarde, iban personas a los bancos y pedían una línea de crédito. Por ejemplo, le daban USD 3,3 millones, pero le firmaron pagarés por USD 6,5 millones. Este es el primer tema que llama la atención.Con la plata sucia en garantía que es la estancia, consiguieron créditos y pagaron de vuelta con plata sucia del giro, pero lavan ese dinero y usan esa para otras actividades, ese es el modus operandi que quedó claro ayer”, expuso.
Este mecanismo para obtener créditos fue revelado por los agentes fiscales y por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), indicó el legislador en comunicación con “Así son las cosas”, emitido por GEN-Universo 970 AM/Nación Media, siendo esta última institución la que se interpuso ante el Poder Judicial para evitar que los bancos remataran las propiedades que estaban ligadas a Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.
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“Si algo ocurrió en el 2017 y tiene una irregularidad marcada, debería tener un cierre o no hubo delito o es complicidad. Desde hace siete años dicen que están recabando información, que todavía falta y me parece que la ciudadanía quiere que se cierren estos casos para bien o para mal lo antes posible, sino se estira demasiado algo que es muy notorio. Es evidente que en el otorgamiento de esos créditos ha habido algún eslabón de la cadena que no controló ni verificó algo que normalmente los bancos deben hacer”, sostuvo.
Leite indicó que la CBI aún no pudo determinar si es que en algún momento los bancos reportaron estas actividades como sospechosas; no obstante, la Senabico dejó al descubierto que ese mismo modus operandi se produjo en siete ocasiones, es decir, siete estancias valiosas fueron la garantía de personas con poca capacidad financiera para acceder a créditos. “Casualmente cuando cayó Cabeza Branca se dejaron de pagar los créditos y casualmente los tomadores de créditos son todos capangas de Cabeza Branca”, sentenció.