El líder del movimiento Honor Colorado en la Cámara de Diputados, Basilio “Bachi” Núñez, calificó de “coimera” a su colega Celeste Amarilla del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y solicitó también la pérdida de investidura de la legisladora tras reconocer que “arreglaba” las licitaciones referentes a la provisión de la merienda escolar.
Al respecto, el parlamentario sostuvo que “la mafia” se encuentra presente dentro del directorio liberal encabezado por su actual presidente Efraín Alegre, al apuntar contra la dirigente liberal, a quien calificó de “reina de las licitaciones amañadas”.
“La impoluta que reconoció que compró su banca por 200.000 dólares ahora reconoce que coimeaba, qué digna representante del Frente Parlamentario contra la Corrupción. Quiere mi suspensión porque molesto y no me puede coimear. La reina de las licitaciones amañadas de meriendas reconoció que arreglaba las licitaciones y los perjudicados son los niños. Pérdida de investidura ya”, sostuvo.
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“Muchos coimeaban conmigo”
Las declaraciones de Núñez surgieron tras difundir un video a través de sus redes sociales referente a la convocatoria virtual realizada este jueves pasado por el directorio azul, ocasión en que Amarilla, teniendo el uso de la palabra y respondiendo a un comentario del extesorero del PLRA, Dionisio Amarilla, dijo: “Vos conocés muy bien mi caso porque vos coimeabas con una de las que vendían meriendas, y muchos otros que están ahí coimeaban conmigo, así que quieren que hable, vos querés que cuente con quién coimeabas, gordo desubicado, cuídense, no le ataquen al pitbull porque les voy al cuello y ubíquense”.
En ese sentido, Núñez desafió a sus colegas de las bancadas opositoras a sentar un posicionamiento ante lo mencionado por Amarilla y puntualizando que el exdiputado Carlos Portillo terminó siendo expulsado del Parlamento “por mucho menos”. Una investigación del diario La Nación refiere que Amarilla es conocida como la “reina de la merienda escolar” desde los tiempos en que su entorno político asumió el control del Estado tras la destitución de Fernando Lugo como presidente de la República en junio del 2012.
La investigación reveló que las firmas con las que la diputada mantenía vínculos resultaron beneficiadas con sendas adjudicaciones en el rubro del almuerzo escolar. La aparición de sus declaraciones juradas dejaron al descubierto millonarias cuentas a cobrar en su manifestación de bienes, a través de firmas con elevados montos de contratos con el Estado.
La investigación de La Nación se enfocó principalmente en su enorme y llamativo incremento patrimonial, considerando sus inicios como funcionaria pública. De un activo de G. 3 millones, la diputada pasó a registrar bienes por G. 24.561 millones al asumir el cargo de parlamentaria, cifra que se redujo a G. 22.491 millones en el 2019. Como respuesta a estas investigaciones periodísticas, la diputada se limitó a responder que no existía nada llamativo en estos valores.