El proyecto de ley para reducir la carga horaria en el sector privado, de 48 a 40 horas semanales, ya fue presentado por el senador José Oviedo ante la Cámara de Senadores. Existen varias posturas dispares al respecto, unas en contra y otras a favor, como la senadora Esperanza Martínez.

La legisladora sostuvo que ya es el momento de analizar la situación del sistema de trabajo en el país, y adelantó que conversará con su colega, el senador Oviedo para plantear incluir algunos puntos.

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“Hay que reconocer que esta es una tendencia en todas partes, hay varias experiencias que se están haciendo, y como idea comparto con el senador Oviedo, es más, yo quería conversar con él porque hay algunos temas, con otras leyes que tienen que ser tenidas en cuenta para la aplicación posterior”, indicó en entrevista para los medios de comunicación.

Agregó que se debe implementar una mesa de trabajo para el debate de esta propuesta en el que estén involucrados todos los sectores, desde los empleadores hasta los sectores de trabajadores, para establecer acuerdos previos al tratamiento de la propuesta en el Senado.

“Creo que hay que hacer una mesa de trabajo, tanto con el sector empleador como con los trabajadores y ver las modalidades de aplicación y la factibilidad de aplicación, pero de que estas medidas son efectivas en todas partes del mundo y más todavía en este momento en que la calidad de trabajo en Paraguay es mala y necesitamos mejorar las condiciones de los trabajadores”, apuntó.

Agregó que es necesaria la revisión del sistema de trabajo, teniendo en cuenta que actualmente existe dificultades en el pago del salario mínimo, la seguridad social, la informalidad, y principalmente en la distancia entre el empleo y la residencia de los trabajadores.

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“Todos los estudios que lleven a un mejoramiento de la calidad de producción deben adaptarse a la realidad paraguaya”, sostuvo el senador Natalicio Chase tras expresar su rechazo al proyecto de ley que plantea reducir el horario laboral en el sector privado. Agregó que esta iniciativa podría poner en riesgo las inversiones internacionales instaladas en nuestro país.

“No es tan sencillo bajar el horario laboral del país sin tener en cuenta todos los factores. El 98 % de la mano de obra que se utiliza en el Paraguay son las pequeñas y medianas empresas, entonces hay que consultar con todos los sectores para tomar una medida así y no una medida alegre que busca figuración”, comentó a los medios de comunicación.

El proyecto que establece las 40 horas laborales sema­nales fue presentado este último jueves por el senador del movimiento Yo Creo, José Oviedo. El dirigente opositor indicó que actualmente existe una desigualdad en la carga horaria en el Paraguay, teniendo en cuenta que un funcionario del sector público trabaja un promedio de 36 horas, mientras que el empleado del ámbito privado posee un horario de 48 horas semanales.

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“El senador no se reunió con las industrias, con la fuerza trabajadora del país, es un proyecto de ley que busca un resultado mediático, no se puede tomar medidas unilaterales. Él es un senador, representa a una pequeña porción de los paraguayos. Esta medida afectará al 100 % de todos los ciudadanos, a veces las iniciativas que son irresponsables pueden hasta ocasionar desventajas en el sector industrial y poner en riesgo las inversiones internacionales en nuestro país”, indicó Chase.

Asimismo el parlamentario acotó: “No se puede traer estudios extranjeros no aclimatados a nuestro país. Yo creo que es inapropiado, no tiene análisis. En Paraguay no se tiene las 8 horas de trabajo como está previsto en la ley, porque siempre hay hora de almuerzo. La propuesta puede analizarse, pero sí tiene un estudio más acabado”.

El proyecto de ley ahora deberá ser girado previamente a las diferentes comisiones asesoras de la Cámara Alta para sus correspondientes dictámenes, ya sea a favor o en contra para luego ser analizado en la plenaria.

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La diputada Dalia Estigarribia indicó que el proyecto que pretende crear juzgados para atender casos de violencia contra la mujer ya podría ser sancionado este año. Esta iniciativa busca la creación de juzgados especiales para descomprimir a los juzgados de paz.

“Este proyecto ya tiene una media sanción de Senadores, está dentro de la Cámara de Diputados, ya tiene dictamen favorable de dos comisiones, una es la Comisión de Niñez y la Adolescencia y la otra es Legislación. (…) Yo creo que este año ya va ser aprobado este proyecto”, apuntó en entrevista para el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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La diputada indicó que en consideración al aumento de los casos alarmantes de violencia contra la mujer, además de las víctimas colaterales, el objetivo de este proyecto es la creación de nuevos juzgados que sean especializados para estos casos.

“Este proyecto básicamente expone de que en este momento los casos de violencia familiar son tratados en los juzgados de paz, pero estamos hablando de casi 34.000 casos al año y están sobrepasados los jueces de paz, están sobrecargados, entonces no hay una acción positiva”, explicó.

Estos juzgados tendrán a su cargo atender exclusivamente todos los casos que tengan que ver con la violencia contra la mujer, como así también los casos de víctimas colaterales, hijos o personas dependientes de las víctimas en hechos de feminicidio.

“Teniendo en cuenta los casos de violencia familiar excesivos, este año tenemos 27 casos de feminicidio, 58 víctimas colaterales que serían los huérfanos o personas dependientes de estas víctimas, y este proyecto lo que busca es crear fueros especializados para tratar todos los casos de violencia contra la mujer y también actuar en casos donde los hijos, hijas o personas dependientes de la víctima se encuentran en peligro”, mencionó.

Detalló además que se trata de un gran proyecto, que va tener su tiempo, y en principio proyectado para que haya tres juzgados en capital, cuatro en Central, uno el Alto Paraná, y después de acuerdo al presupuesto, uno en cada cabecera departamental. “Lo bueno de estos juzgados, que además de tratar la violencia física, psicológica o patrimonial, se va contar con profesionales que serían psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales integral, que se trate en un solo lugar”, sentenció.

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El pasado 11 de noviem­bre fue remitido a la Cámara Alta el pedido de desafuero en el marco de la causa caratu­lada: “Rafael Augusto Filiz­zola Serra y Otros s/Lesión de Confianza”.

El proceso judicial es por la compra irregular de cuatro helicópteros y el supuesto daño de más de 50.000 millo­nes de guaraníes cuando se desempeñaba como minis­tro del Interior, en la era del expresidente Fernando Lugo.

Tras la lectura del oficio por parte del presidente del Senado, Basilio Núñez, el senador Filizzola pidió a sus colegas a constituirse en Comisión y dictaminar a favor del pedido judicial. Y adelantó que solicitará la extinción de la causa.”Este es un caso que se refiere a mi administración al frente del Ministerio del Interior. Lo que solicito es que los cole­gas permitan que el pleito se convierta en Comisión para poder dar las explicaciones correspondientes”, indicó Filizzola.

El legislador sostiene que el “caso helicópteros” nació como un ataque político de los colorados para manchar su entonces candidatura a la Vicepresidencia de la Repú­blica. Afirmó que la Fiscalía lo acusó con una mentira y cometió numerosas irregu­laridades.

Filizzola agregó que ya se habían presentado varias acciones de inconstitucio­nalidad sobre el caso. “Yo había planteado una acción de inconstitucionalidad, se habían presentado varias acciones de inconstitucio­nalidad contra las actuacio­nes en este proceso y la Corte resolvió en forma unánime declarar inconstitucionales y nulas todas las acciones, incluyendo la acusación”, manifestó Filizzola.

De acuerdo a las investigacio­nes, también se habría produ­cido un perjuicio de G. 1.200 millones en la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción.

El exministro del Interior había aprobado la licita­ción para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de aquel entonces.

El parlamentario es recordado principalmente por las cau­sas penales que boicoteó durante años mediante chicanas por casos como la compra de los helicópteros y las comisarías “de oro” que supuestamente implicaron en conjunto un perjui­cio de G. 51.200 millones al Estado.

En la causa por la compra de helicópteros para la Policía Nacional a precios “de oro”, su defensa querelló a los testigos de la Fiscalía por supuestamente haber mentido en sus declaraciones y también denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a los fiscales que lle­varon adelante las investigaciones.

Según el Ministerio Público, la empresa Proibérica fue adjudicada para proveer al ministerio, en noviembre de 2010, 4 helicópteros a pesar de no reunir los requisitos del pliego de bases y condiciones de la licitación.