El senador del Partido Patria Querida (PPQ) Stephan Rasmussen mencionó que existirá un fuerte control por parte del Congreso Nacional en la implementación de la iniciativa referente a las ollas populares, esto teniendo en cuenta la preocupación de que los recursos puedan ser utilizados por el titular del Ministerio de Desarrollo Social, Mario Varela, actual precandidato al cargo de senador por el oficialismo del Partido Colorado, en el marco de su campaña proselitista.
“No se estará entregando dinero, el proyecto de ley no contempla eso, es un tema importante esto, ya que cuando se entrega efectivo su trazabilidad se vuelve muy complicada es por eso lo que establece es la entrega de insumos y se establece el equipamiento de los centros comunitarios. Con referencia a los controles se establece la supervisión del Congreso mediante los informes que tiene que brindar el Ministerio de Desarrollo Social que es la institución encargada de la aplicación”, indicó.
El documento fue analizado ayer por la Cámara de Diputados y retornará al Senado para su estudio en una tercera vuelta teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al proyecto de ley. La propuesta requiere la suma de G. 11.000 millones, en un contexto netamente electoral y político.
Al respecto, el legislador advirtió que la aplicabilidad de la iniciativa de volverse ley estará a cargo principalmente de los centros comunitarios y no en sí del Ministerio de Desarrollo Social. “Esto no es una política pública donde va el ministerio y se instala en la comunidad con los funcionarios púbicos esto surgió y funciona de la comunidad y el planteamiento es que el Estado solo haga un acompañamiento y si no funciona su aplicación en la comunidad; obviamente, no deberían existir los insumos porque ahí sí se podrían mal utilizar los insumos para fines políticos”, expresó en una entrevista realizada por el noticiero “Info+”, emitido por el canal GEN-Nación Media.
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Se debe recordar que el Ministerio de Hacienda cuestiona la asignación de fondos a este proyecto de ley, teniendo en cuenta que son recursos destinados a la administración de los bonos. De igual forma sigue en estudio esta normativa que representó en el momento de la pandemia un importante soporte social para un sector vulnerable.
Las ollas populares en sí cuentan con un presupuesto superior a G. 6.000 millones, de los cuales G. 5.500 millones son para la adquisición de productos alimenticios, pero no hay ejecución de los mismos. Tampoco hay una explicación justificada por el ministro sobre el congelamiento de estos fondos.
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