Desde el Ministerio Público comunicaron que la Fiscal General del Estado (FGE), Sandra Quiñónez ya dispuso de la apertura de una investigación con el fin de “indagar los hechos ocurridos y determinar las conductas que pudieran tener relevancia penal” en el caso del avión venezolano-iraní, actualmente retenido en Argentina, y que en mayo pasado estuvo tres días en territorio paraguayo.
Agregaron que la decisión surge tras la comunicación realizada a la institución el día de ayer por parte de un funcionario de la Subdirección de Seguridad de la Aviación Civil (Savsec), de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), en donde se puso en conocimiento las distintas actuaciones realizadas en el marco de la operación del vuelo carguero con chapa YV3531.
La información fue dada a conocer tras la instrucción realizada por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, al titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción, René Fernández, para que solicite a la Fiscalía realizar las investigaciones a la par de presentar elementos relativos al caso del avión de origen iraní, que este año es administrado por una compañía venezolana.
Los fiscales designados por Quiñónez para el proceso de investigación son Alicia Sapriza, de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado, Omar Legal y Liliana Alcaraz, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo; y el agente de la Unidad de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán. La institución aún no se cuenta con una caratula preliminar del proceso.
Al respecto, Abdo Benítez había puntualizado que su pedido surge en cumplimiento con la obligación de denunciar ante la justicia sobre la presencia del avión Boeing 747 de la empresa Emtrasur SA, cuyos tripulantes formarían parte de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán.
No obstante, la denuncia fue presentada recién en la fecha por parte de las autoridades del Ejecutivo, tras conocerse la imputación de Gholamreza Ghasemi, piloto del avión quien será investigado en la Argentina por posibles actos de terrorismo. El caso está a cargo de la fiscal argentina Cecilia Incardona.
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El avión se encuentra demorado en Buenos Aires y contó el pasado 5 de mayo con la autorización de la Dinac para su ingreso al Paraguay, que se produjo entre el 13 al 16 de mayo. El carguero, que posee la matrícula YV3531, también transportaba autopartes, y que luego de continuar con diversos vuelos desde su salida del aeropuerto de Minga Guazú, a inicios de junio quedó sin combustible en la capital argentina, tras ser negado el pedido de ingreso en Uruguay.
La situación generó varias críticas no solo de la clase política, sino de la ciudadanía en general debido a la inoperancia de los organismos encargados del control de la seguridad como, por ejemplo, la Dinac, Migraciones, Aduanas y la Policía Nacional, teniendo en cuenta que proporcionó incluso protección a los tripulantes, de acuerdo a las propias afirmaciones realizadas por el comandante Gilberto Fleitas.