El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, arremetió contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y lo calificó como el peor presidente de la era democrática. El mismo sostuvo que su gobierno fue responsable de la mayor deuda del país en todas las administraciones de colorados.

“Yo fui y soy detractor del gobierno de Mario Abdo Benítez, para mí es el peor gobierno colorado en su momento, es el gobierno que duplicó nuestra deuda externa de prácticamente tres presidentes, y siempre critiqué”, dijo en una entrevista para la 1020 AM.

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Agregó que, incurrió en varios hechos irregulares durante su periodo de mandato. “Creo que en la era democrática fue el peor. Es de mi partido, por más que siga activando en la política hay que ver los números, que se violó la ley de responsabilidad fiscal, la cantidad de funcionarios que entró, y de las obras que dejó”, apuntó.

Núñez también aseguró que se debió llevar adelante el juicio político en contra de Mario Abdo en su momento, y refirió que el error con ese primer intento de juicio político fue anunciar la postura de la bancada de Honor Colorado de apoyo a esta iniciativa.

“El error fue anunciar un día antes, ahí se le dio tiempo de reacciones y a la noche se compran voluntades, se alquilan voluntades, se tuercen voluntades y eso pasó. Nosotros le dimos esa ventaja de toda la noche y ahí ellos reaccionaron. En aquel entonces yo estaba convencido de que se tenía que hacerle ese juicio político”, aseguró.

Por otra parte, sostuvo que a pesar de que Mario Abdo sea del Partido Colorado, se mantiene firme en su postura de crítica y que de eso la ciudadanía debe tener conocimiento. “Creo también que nosotros, independientemente que sea colorado o no, no callarnos, si Juan Pérez fue presidente de la República y tuvo un mal gobierno, entonces yo tengo que criticar, y el ciudadano ya sabe que igual si es del partido va a ser criticado por su correligionario, y eso no aprendieron los colegas de la oposición”, sentenció.

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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, adelantó que se implementarán cambios “radicales” en la institución el próximo año. El legislador mencionó que estos cambios tienen que ver con la disminución de las direcciones generales y la reestructuración de recursos humanos.

“Va haber cambios radicales para el año que viene en el Senado de la Nación, estamos trabajando para reestructurar los recursos humanos para que desaparezcan las casi 250 direcciones y nos quedemos con 30 direcciones generales, apartar los que tienen oficio, los que tienen profesiones”, dijo en conversación en la 1020 AM.

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Sostuvo que están trabajando con otros legisladores de diferentes bancadas para presentar un proyecto en el cual se pueda establecer una carrera legislativa, esto teniendo en cuenta la superpoblación en la institución legislativa.

“Estamos trabajando con varios senadores de diferentes bancadas y queremos eso ofrecer después en el marco de una ley de carrera legislativa o un reglamento de una carrera legislativa, nosotros no nos vamos a quedar atrás”, adelantó el senador.

Por otra parte, ya en conversación con diferentes medios de comunicación, informó que propondrá a sus colegas eliminar cupos de combustible y seguro médico VIP del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025. Adelantó además que la bancada de Honor Colorado estudiará eliminación de estos beneficios.

“El sentir de la mayoría de los colegas de diferentes bancadas es dejar sin efecto lo que había aprobado la bicameral con respecto al seguro para los parlamentarios y el aumento que se tenía previsto, y también los combustibles”, sentenció.

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• LA CAJA NEGRA

Los abogados presen­taron hasta la fecha una docena de inci­dentes ante la Justicia, dise­ñadas meramente para dila­tar el proceso legal en lugar de abordar las acusaciones de manera directa. Estas manio­bras impiden que avance el caso que investiga las filtraciones de datos confidenciales.

El expresidente Mario Abdo Benítez y varios de sus cola­boradores están procesados por la filtración de informes confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) entre 2021 y 2022. Durante ese período, según la Fisca­lía, estos informes se habrían utilizado para afectar políti­camente a rivales internos del Partido Colorado, específica­mente a figuras como Horacio Cartes y Santiago Peña. Entre los cargos se encuentran reve­lación de secretos de servicio, denuncia falsa y asociación cri­minal, entre otros delitos.

Tras la imputación inicial en marzo de 2024, los abogados defensores presentaron múltiples acciones judiciales para detener el avance de la causa, señalando que se trataba de una persecución política y cuestionando la validez de las pruebas, pero sin sustentar estas declaraciones.

Entre las medidas adoptadas están las solicitudes de nuli­dad de imputación, recursos ante tribunales superiores, exclusión de varias pruebas, y recusaciones contra los inter­vinientes, que lograron pospo­ner las diligencias judiciales en varias ocasiones.

Ni bien se presentó la impu­tación del Ministerio Público, comenzó el concurso de los abogados chicaneros con estrategias legales para ralen­tizar y obstaculizar el proceso judicial. El 28 de octubre de 2024, el abogado Emilio Fus­ter, defensor del exministro Arnaldo Giuzzio, recusó a la jueza Cynthia Lovera por haber admitido la imputación formulada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, quienes luego fueron aparta­dos de la investigación.

Le siguieron las defensas de los otros procesados con más chicanas. Los abogados Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; Jorge Rolón Luna, quien ejerce la defensa de Carmen Pereira y Francisco Pereira Cohene; y Enrique Kro­naweter, defensor de Daniel Alberto Farías, plantearon una reposición y apelación en sub­sidio contra la determinación adoptada por la jueza Lovera. Misma acción efectuaron los letrados Felino Amarilla y Emi­lio Fúster.

Otro incidente planteado por la gavilla de Abdo Benítez guarda relación con el cuadernillo de extracción de datos de la Sepre­lad. Al respecto, los involucra­dos solicitaron que esta prueba no sea aceptada en la causa.

Así también el abogado Kro­naweter apeló la resolución de la jueza de turno Clara Ruiz Díaz, quien había hecho lugar en el mes de enero a la autoriza­ción judicial para la extracción de datos como acto investiga­tivo, mediante la cual la Fiscalía tuvo elementos de convicción para sostener su imputación. Con esta medida, la defensa busca obtener la nulidad del acta de imputación.

El 1 de abril, el abogado Felino Amarilla, en representación del extitular de Seprelad Car­los Arregui, presentó una recusación contra los cama­ristas que debían confirmar a la jueza recusada inicialmente por Fuster, elevando la causa a la Sala Penal de la Corte. El 21 de agosto, la Cámara de Apela­ción, integrada por los cama­ristas María Belén Agüero, Digno Arnaldo Fleitas y Gus­tavo Aguade, confirmó la com­petencia de la magistrada Cyn­thia Lovera tras estar casi cinco meses trabado el proceso penal. Sin embargo, el 2 de setiem­bre, el abogado Emilio Fúster, defensor de Arnaldo Giuzzio, volvió a paralizar el proceso, al presentar una apelación gene­ral contra la resolución del Tri­bunal de Apelación que con­firmó a la jueza Lovera.

El 6 de noviembre, la Sala Penal de la Corte declaró inadmisible la apelación y confirmó la com­petencia de la jueza en el pro­ceso penal. No obstante, para evitar que el proceso pueda seguir su curso, la defensa del imputado Daniel Alberto Farías solicitó la nulidad de la resolu­ción del Tribunal de Apelación que hizo lugar al pedido de pró­rroga de la Fiscalía para que pueda investigar hasta el 11 de marzo de 2025. Ahora los inte­grantes de la máxima instancia judicial tendrán que resolver la nueva chicana para que luego pueda bajar el expediente judi­cial al Juzgado Penal de Garan­tías, que deberá fijar la fecha de audiencia de imposición de medidas y a su vez estudiar la decena de chicanas que siguen pendientes de resolución.

El departamento de Justi­cia de los Estados Unidos dio inicio al seminario interna­cional sobre investigación financiera en el cual partici­pan jueces, fiscales, asisten­tes fiscales, policías y agentes de la Secretaría de Preven­ción de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). La capa­citación se extenderá hasta julio de 2025.

“Es muy difícil ser juez, no solamente en Paraguay sino también en todos los países.

Un juez necesita saber o reco­nocer la ley obviamente, pero también el contexto de la cri­minalidad entonces por eso los jueces están aquí, mano a mano con los investigado­res y fiscales para entender mejor eso”, expuso Brian Ska­ret, asesor del departamento de Justicia.

De estas jornadas participa­rán además de los miembros de la Corte Suprema de Justi­cia, los jueces de los tribuna­les especializados y también alrededor de 170 miembros del orden público, lo que representa una inversión de alrededor de USD 250.000 que realiza el gobierno nor­teamericano en nuestro país.

Skaret hizo énfasis en la necesidad de contar con jue­ces que puedan ser severos en sus sentencias, pero tam­bién que cuenten con “misericordia” cuando la persona así lo merece. El asesor mani­festó la razón por la que Esta­dos Unidos decide apostar por países como Paraguay y poner a su disposición capacitacio­nes encabezadas por expertos en bienes, recursos financie­ras y crímenes trasnacionales que han generado un impacto en el sistema de justicia nor­teamericana.­