A través de una controvertida nota de advertencia, el intendente municipal de Caaguazú, el liberal Severo José Ríos Núñez, emplazó a las empresas de telefonía móvil para desmontar las torres de transmisión de señal telefónica e internet, que podría dejar sin esos servicios a unos 102.000 usuarios.

Las firmas afectadas, ante esa disposición que podría regir a partir del viernes 24 de junio próximo, ya solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). No descartan también recurrir a una acción de inconstitucionalidad, ya que consideran que la disposición es arbitraria y se contrapone a las normativas legales y licencias vigentes.

Así lo confirmó el asesor corporativo de Relaciones Exteriores de Personal, Arsenio Ocampos, en entrevista al programa “Dos en la ciudad”, emitido por la radio Universo 970 AM y el canal GEN/Nación Media. El entrevistado explicó que esa situación se generó en torno a una normativa del municipio de Caaguazú, que establece los requisitos para la autorización de la instalación de torres de transmisión y el respectivo pago de tasas e impuestos a la comuna.

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En ese sentido, Ocampos confirmó que han presentado en tiempo y forma todas las carpetas con las documentaciones de pedido de autorización requeridas y que ha sido la intendencia la que no ha dado el trámite a los mismos.

Dijo, además, que hay una confusión por parte del intendente, y que lo que se estaría buscando en este caso es el cobro de tasas e impuestos, supuestamente, por compensación social. “Eso está dado por ley, la Constitución es muy clara, los tributos son generados y son sancionados por leyes en el Congreso”, argumentó.

El abogado insistió en que de forma arbitraria han recibido una notificación que no se funda en ninguna resolución ni sumario. “Sencillamente es una nota donde nos comunican que desmantelemos las estructuras que sostienen a las antenas que permiten la conectividad en ese distrito”, criticó. Ante esa situación, recordó que es la Conatel la que debe intervenir en este caso y explicar que la única institución por ley, autorizada para poder desplegar la tecnología en todo el país, es ese organismo regulador y no los municipios.

Por su parte, el intendente de Caaguazú argumentó en su descargo, también en declaraciones al programa “Dos en la ciudad”, que se vieron obligados a recurrir a la citada medida, atendiendo a la existencia de, presuntas, torres de transmisión que habrían sido instaladas de forma clandestina, sin notificación ni autorización previa de la comuna.

“No estamos en contra de la instalación de antenas. Tuve que intimar. Lo que queremos es que se respete la institución encargada. Era una manera de llamar la atención de ellos para que puedan venir. Hoy estuvimos autorizando la instalación de 4 antenas por las que sí vinieron a realizar los trámites”, expresó. El jefe comunal mencionó que espera que los afectados, en este caso que incluye a tres empresas de telefonía móvil, se acerquen al municipio para que se pueda encontrar una solución pacífica a ese conflicto.

Entretanto, las operadoras advirtieron que, de aplicarse la medida anunciada, se podría interrumpir el servicio telefónico y de internet para unos 102.000 usuarios, así como para varias instituciones estatales, empresas, comercios y otros tipos de entidades de la zona de Caaguazú.

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