La normativa electoral establece que funcionarios que cumplan cargos públicos y se postulen a unas elecciones deben renunciar 90 días antes de los comicios generales, ya sean municipales o nacionales; sin embargo, en el caso de los cargos legislativos no se da esta misma situación.
En este sentido, la actual ministra de Trabajo y precandidata del oficialismo en la lista para el Senado, Carla Bacigalupo, refirió que la misma normativa debe ser aplicada para los senadores, diputados y miembros de juntas departamentales y municipales.
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“Nosotros somos del pensamiento de que tenemos que ajustarnos a la ley, tanto a la Constitución como la Ley Electoral establecen que 90 días antes de las elecciones generales, la fecha en que los ministros tienen que renunciar, eso estamos hablando desde el mes de enero del 2023, y hay otras fechas establecidas para otros funcionarios”, refirió en entrevista a la radio Universo 970 AM/Nación Media.
Igualmente, refirió que por lógica, los legisladores también ocupan un cargo público y de la misma forma que ministros u otros funcionario públicos utilizan recursos públicos para la campaña electoral. “Si vamos por un razonamiento lógico, fijando la ley que nos ampara, que establece claramente el cronograma, eso también debería trasladarse a los senadores, diputados y juntas de gobernaciones, porque todos están en la función pública. Podríamos partir de la base que todos están utilizando los recursos o sus puestos, para hacer campaña”, apuntó.
Agregó, que si se da el caso, se daría una renuncia en masa de todos los legisladores que quieran volver a sus bancas o que se postulen a otros cargos electorales. “Debería darse una renuncia en masa, no solamente de la parte ejecutiva o los ministros del Poder Ejecutivo, sino también de todos los senadores que están en sus funciones. Hay que entender que esa siempre fue una posibilidad prevista por la ley y el legislador ha tenido en cuenta un calendario para determinados tipos de cargos que tienen que cumplirse al momento de postularse”, puntualizó.
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Gremios y sindicatos tuvieron un amplio debate sobre la Ley de Función Pública y Servicio Civil
Miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Públicos de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Blas Antonio Dubrez, explicó que previo a la presentación del proyecto de ley de la “Función Pública y la Carrera del Servicio Civil” ante el Congreso han participado de todos los espacios de análisis dando un profundo estudio del documento y participado de todas las audiencias públicas que han convocado los senadores durante su estudio en las respectivas comisiones.
En comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, mencionó que este estudio también se llevó a cabo con los diferentes gremios y sindicatos de la función pública, con quienes analizaron los puntos que generaban mayor preocupación. Todos esos puntos fueron presentados a los parlamentarios, asegurando que todo lo planteado se ajusta a las leyes vigentes y convenios internacionales.
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“Hay que entender que dentro de un análisis en toda la extensión de la Ley en sí, es beneficiosa; por ello, no es que haya muchas dudas al respecto. Porque enfoca dos aspectos fundamentales: la función pública por un lado, y la carrera del servicio civil por otro. Están muy bien marcadas, como se diría, la cancha en lo que hace a las promociones o el ingreso. Incluso se ha peleado por el tema de concursos para que se hagan de manera transparente, controlada y con participación de los sindicatos para que acompañen el proceso”, explicó.
Mencionó, además, que el proyecto de ley contempla lo relativo a la idoneidad de la persona desde el punto de vista profesional, que es lo que se busca: que el funcionario público se profesionalice. Esta ley permitirá jerarquizar y profesionalizar a los funcionarios públicos del Paraguay.
Cabe recordar que el pasado 17 de septiembre, el Poder Ejecutivo, mediante el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, presentó el proyecto de Ley de la Función Pública y del Servicio Civil, que establece el mecanismo de ingreso a la función pública, la estabilidad laboral, las designaciones y la búsqueda de mayor eficiencia.
Tras su análisis en las respectivas comisiones asesoras, de las cuales también participaron los miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Públicos de la ANR, este miércoles la Cámara de Senadores tiene previsto analizarlo durante la sesión extraordinaria que se lleva a cabo esta tarde.
Abierto a escuchar a todos
Al respecto, Dubrez dijo que este proyecto de ley tuvo un amplio análisis incluso antes de que se presentara finalmente el proyecto al Congreso.
“No se puede poner en tela de juicio la discusión, el análisis y los llamados que se hicieron a los distintos gremios sindicales y gremiales. En eso, creo que no hay duda de que hubo una gran apertura por parte del Gobierno nacional, que estuvo abierto a escuchar a todos. Más aún en las audiencias públicas, donde fueron escuchados todos los puntos cuestionados”, indicó.
Finalmente, señaló que espera que en la brevedad sea aprobada la ley, ya que esto va a fortalecer al Estado paraguayo.
“Lo que se pretende con esta ley es jerarquizar la función pública, profesionalizar a los compañeros y, por sobre todo, que las largas postergaciones que siempre existieron en la función pública acaben de una vez. Sería iluso decir que esta ley va a terminar con todos los problemas, pero sí será un instrumento normativo que podrá colaborar para que esto vaya subsanando las lagunas que antes había en la Ley 1626, que ya lleva 24 años de vigencia. Por eso, creemos que será satisfactorio para el país”, concluyó.
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Consejo del IPS: renuncia Aníbal de los Ríos y asume Gustavo González
El doctor Aníbal de los Ríos presentó su renuncia ante el Consejo Administrativo del Instituto de Previsión Social (IPS) y en su reemplazo fue designado Gustavo Alberto González en representación del Ministerio de Salud Pública. El cambio fue realizado vía decreto número 2832 de la Presidencia de la República, con fecha de 5 de noviembre del 2024.
El cambio del ahora exconsejero se habría dado por recomendación del presidente de la previsional, Jorge Brítez, al presidente de la República, Santiago Peña, que finalmente vía decreto realizó los cambios en el Consejo del IPS.
El exconsejero fue cuestionado por varios sectores políticos y sociales tras sus polémicas declaraciones en una de las sesiones del Consejo Administrativo de la previsional, mencionando que se debe dejar de invertir en hospitales del interior, ya que esto “no ayuda a la imagen” del IPS.
Tras estas expresiones fueron varias las reacciones, entre ellas el Consejo de Gobernadores que solicitó incluso la salida del mismo del Consejo Administrativo. Las reacciones también se dieron en la Cámara de Diputados, donde incluso se habló de una interpelación al ahora exfuncionario previsional.
De los Ríos se excusó en varias ocasiones, señalando que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. “Sigo con mis mismas convicciones sobre lo que dije en la sesión del Consejo, era una simple comparación entre dos centros, uno de la capital y otro del interior del país y en ningún momento tuvo un tinte discriminativo hacia las instituciones del interior del país”, había mencionado en un programa del canal GEN/Nación Media.
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“El PLRA se cae a pedazos”: disidentes toman el control y exigen la renuncia de Hugo Fleitas
Los distintos movimientos disidentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) tomaron el control del directorio y lograron mediante una sesión extraordinaria liderada por el vicepresidente segundo, Eduardo Vera Bejarano, convalidar el desdoblamiento de las elecciones internas de las votaciones municipales previstas para el 2026.
De esta forma, se prevé que los comicios internos del PLRA sean realizados el 17 de agosto de 2025. Asimismo, ratificaron otro de los puntos resueltos en la última convención del pasado 6 de octubre consistente en que el titular de la agrupación tradicional que lance su candidatura para el cargo de la presidencia o vicepresidencia de la República, deberá renunciar al cargo 6 meses antes de las elecciones internas del partido.
“Un año ha pasado y no tenemos resultados dentro del directorio (asunción de Fleitas a la presidencia), ya no hay excusas. Hoy cada día estamos peor, el PLRA se está cayendo a pedazos, tenemos que recuperar la institucionalidad del partido. No vamos a fortalecer a nuestro partido escondiéndonos y haciendo oídos sordos, 400 convencionales estuvieron presentes en el último encuentro, no se puede desconocer que son ellos las máximas autoridades partidarias”, manifestó el gobernador de Central y líder del movimiento Nuevo Liberalismo, Ricardo Estigarribia.
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De esta manera refirió que el exgobernador de Cordillera perdió la confianza de la mayoría de los liberales tras ser incapaz de impulsar un trabajo de unidad y fortalecimiento en el partido. Mientras que la senadora Celeste Amarilla exigió la renuncia de Fleitas y la vicepresidente primero, Alba Talavera. “A mayor crisis, mayor democracia, a mayor crisis, mayor unidad. Yo quiero hacer un llamado a ambos que renuncien. No nos tiene que marear los carguitos, hoy ser presidente del PLRA es un carguito porque es un partido en crisis, quebrado sin la menor esperanzas”, sostuvo.
Otros puntos aprobados
Durante la sesión autoconvocada los disidentes tomaron la decisión de intervenir el Instituto José P. Guggiari, ante el despilfarro de recursos económicos del PLRA, designando como interventoras a la exsenadora Blanca Lila Mignarro, a la abogada llanista Basilisa Vázquez y a Agustín Saguier, hijo del exsenador Miguel Abdón Saguier. También decidieron reemplazar a los apoderados partidarios, nominando a Cristian González, Cirilo Pereira y Agustín Saguier.
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Tras ataque contra Evo, sus partidarios piden renuncia de Arce con bloqueos
Bajo la luz de un semáforo, unos árboles recién cortados por campesinos bloquean el acceso vehicular a Sipe Sipe, en Cochabamba, una de las localidades donde arde la protesta de los seguidores del expresidente Evo Morales contra el gobierno de Bolivia. “La renuncia del (mandatario) Luis Arce pedimos. Tiene que convocar a elecciones. ¡Ya no más!”, afirma José Loayza, un productor de trigo de 40 años, mientras mastica un puñado de coca.
Las protestas empezaron el 14 de octubre para exigir el “cese de la persecución judicial” contra el exmandatario de 65 años, ante su probable detención por el presunto abuso de una menor durante su mandato. Entre piedras, palos, llantas y desechos, campesinos arman un corro para expresarse. Han ampliado su repertorio de reclamos y ahora también apuntan contra la gestión económica de Arce, que se disputa con Morales la candidatura presidencial del oficialismo para el 2025.
La mayoría habla quechua. Sospechan de la prensa y casi todos evitan dar su nombre. La policía no está en el lugar. “Estamos saliendo (a protestar) porque el arroz y el fideo está muy caro. En el campo somos familias numerosas. Nuestros productos ya no valen nada”, dice en quechua una agricultora de pollera roja.
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Los cortes de vías incomunican al departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia, donde Morales tiene su base política. “Este bloqueo de caminos nacional no lo levantamos. Vamos a resistir hasta las últimas consecuencias”, advierte Loayza. La tensión escaló el domingo, cuando Morales -que califica la denuncia por “estupro, trata y tráfico de personas” como “otra mentira más” - denunció un atentado con 14 disparos a su vehículo por parte de un grupo “militar y policial”.
El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo, desmintió la versión del expresidente. “Podemos defender también a nuestro hermano del campo. ¿Ayer (domingo) cómo han atentado? No vamos a permitir esas situaciones en Cochabamba. Vamos a masificar” los bloqueos a nivel nacional, agrega Loayza.
A 15 kilómetros de Sipe Sipe está Parotani, el punto donde el viernes se desataron los enfrentamientos más intensos entre civiles y policías desde el inicio de la protesta. El saldo fue de 44 detenidos y 14 agentes heridos, uno de ellos de gravedad, según información del Ministerio de Gobierno.
“Queremos que bajen los precios de la canasta familiar (...), que el presidente Arce dé un paso al costado y que entre otro. Nada más”, dice la campesina de pollera roja. Desde el comienzo de las protestas, los puntos de bloqueo pasaron de cuatro a 23 ayer lunes, según la estatal Autoridad Boliviana de Carreteras.
“De peor en peor”
De mano en mano, una fila de manifestantes se pasa piedras pesadas desde el cauce seco del río Khora, a 10 minutos de Sipe Sipe, para fortalecer el bloqueo sobre el puente de la zona. Se han congregado sobre todo campesinos y transportistas para protestar. En un cartel en la ribera aparece la cara de Arce, que ha sido borroneada con pintura negra.
“Bloqueamos por lo que necesitamos: canasta familiar, combustible, dólares. No hay movimiento económico”, dice Grover Torrico. Este conductor de carga de unos 30 años se sumó a la toma del puente para protestar por la escasez de combustible. “No hay diésel. ¿Con qué voy a viajar?”, agrega.
Bolivia registró en setiembre una inflación de 6,2 % interanual, su cifra más alta desde julio de 2014. Los bloqueos han acentuado aún más el desabastecimiento de combustible. Bolivia redujo la importación del diésel y la gasolina que distribuye a precio subsidiado, a raíz de una caída de sus reservas de divisas. “El país está yendo de peor en peor. Y un gobierno tiene que estar para priorizar, para solucionar. No tiene que esperar a que la gente salga a bloquear las calles”, concluye el transportista.
Fuente: AFP.