El ministro de Salud, Julio Borba, encabezó un acto oficial preparado para la entrega de una ambulancia en el distrito de Maracaná (Canindeyú), con el que buscaban destacar la gestión del gobierno, sin embargo, fueron recibidos en medio de una manifestación de pobladores de la zona que expusieron una lluvia de reclamos y denuncias sobre las carencias sanitaras que padecen.

“Falta de unidades de urgencias, puestos de salud, medicamentos, odontólogos, sillas odontológicas”, fueron las primeras exigencias que se oyeron de parte de los manifestantes a los que se observa en un video portando pancartas y banderas ante la sede de la Unidad de Salud de la Familia (USF) del distrito de Maracaná.

A través de uno de esos carteles, los lugareños preguntan qué pasó con los 1.600 millones de dólares otorgados al Gobierno Nacional en el marco de la Ley de Emergencia por la pandemia del COVID-19. “Tenemos 1.600 hospitales, hay necesidades, vamos a ir cumpliendo”, atinó a decir Borba, quien asistió al malogrado acto en compañía del viceministro de Atención Integral a la Salud, Hernán Martínez, y otras autoridades locales.

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“Estamos también preocupadas por la situación en la que se encuentra el hospital distrital de Curuguaty”, dijo al ministro otra de las manifestantes, quien comentó que su bebé estuvo internado en ese nosocomio seis meses atrás y que debió comprar hasta las jeringas que debían emplear para su tratamiento.

“Hay muchos como yo, de escasos recursos que no pueden acceder a medicamentos y eso a nosotros nos preocupa”, lamentó la mujer, quien recibió como respuesta del titular de la cartera sanitaria: “Siento mucho que sea así porque no faltan medicamentos”.

Entretanto, otra de las pobladoras denunció que tampoco están recibiendo en la región el servicio de planificación familiar para dotar a las parejas de métodos y medicamentos para el control y planificación de embarazos. “Vamos a hablar con el director regional para solucionar ese problema y para darles mayor facilidad a todos”, añadió Borba.

Son constantes las denuncias sobre la politización de la entrega de insumos e implementos estatales, así como la inauguración de obras por parte del gobierno, cuyas principales autoridades se encuentran promoviendo, incluso, desde el año pasado sus figuras con miras a las próximas pugnas electorales. Actualmente, el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promueve su candidatura a la titularidad de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

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Además, el vicepresidente de República, Hugo Velázquez, aspirante presidencial por el movimiento oficialista Fuerza Republicana (ex-Colorado Añetete), se encuentra de gira por todo el país impulsando su campaña, hecho que le valió varias críticas por desatender sus funciones ya que sigue en ejercicio pleno del cargo.

A todo esto se suman, además, las denuncias públicas de persecuciones, ataques verbales y mediáticos, despidos y malos tratos que reciben los funcionarios públicos y todos los que no conjugan con sus propuestas electoralistas, así como la suspensión de subsidios para familias pobres o de la tercera edad en regiones donde no cuentan con autoridades afines a su proyecto.