El titular del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, dijo ayer que es un convencido de que una Concertación Política tiene que elaborar su propio padrón para sus comicios a fin de elegir a sus futuros can­didatos a cargos nacionales. Indicó que particularmente su postura es la no utilización del Padrón Nacional.

“Nosotros en su momento, en las elecciones generales pasa­das, tuvimos que expedir­nos por resolución judicial, la Justicia Electoral se expi­dió en una sentencia donde dos ministros votaron en el sentido de que se puede usar el Padrón Nacional y yo par­ticularmente voté en disiden­cia”, recordó el presidente del órgano electoral.

Manifestó que, “considero que el Padrón Nacional no es aplicable a un sistema de interna cerrada como es el sistema electoral paraguayo.

Yo estoy convencido de que se tiene que elaborar un Padrón para la Concertación basado en los padrones de todas las fuerzas que quieren concer­tarse”.

Las declaraciones del presi­dente del TSJE fueron ver­tidas al ser consultado sobre la decisión del Senado de aprobar el pasado miércoles con modificaciones el pro­yecto “Que modifica la Ley n.° 3212/2007 ‘Que amplía las disposiciones del Código Electoral y crea la figura de las concertaciones”. El proyecto de ley volvió a la Cámara de Diputados.

Por otra parte, Jaime Bes­tard, confirmó ayer que fueron notificados sobre la resolución de la Dirección Nacional de Contratacio­nes Públicas (DNCP) por la cual se revoca la suspensión de licitación para la compra de las máquinas de votación. Indicó que con esta medida facilita la continuación del proceso normal de la licita­ción, luego de que se recha­zaran algunas protestas al proceso.

Luego mencionó que el pre­cio referencial que está en la plataforma pública es de 93 millones de dólares. “Ese es un precio de referencia, no quiere decir que va a ser adjudicado por ese precio, pero es el precio que se toma de acuerdo a todas las pro­puestas que hacen las empre­sas que quieren participar, se saca un promedio con base a 28.000 máquinas”, precisó.

En cuanto a la decisión de la compra de las máquinas y no de arrendamiento, Bestard recordó que cuando se puso en vigencia la Ley n.° 2318, que establece la lista desblo­queada y el uso del voto elec­trónico, se había optado por el arrendamiento, ya que era la primera experiencia que se tenía. Además de eso, no se tenía con certeza si el sistema se iba a mantener.

Bestard dijo que en el estu­dio que hicieron contempla al menos 10 años de vigencia y que incluye un total de 8 pro­cesos electorales, en los que se podría dar uso las máqui­nas. “Tomando en cuenta que para dos procesos electorales pasados, se llevó adelante el arrendamiento de las máqui­nas, donde para esas eleccio­nes costó casi 59 millones de dólares. Por eso considera­mos mucho más rentable la compra de las máquinas para un uso por 10 años y para 8 procesos electorales. Ade­más, nos convertimos en los propietarios de las máqui­nas”, indicó.

El senador Gustavo Leite se refirió al desafuero de Mario Abdo Benítez, que finalmente no se trató el pasado miérco­les en la sesión del Senado, a pesar del pedido del pro­pio exmandatario, pero que siguió blindado por legisla­dores de la oposición. El par­lamentario señaló que existe “una falsedad” en la supuesta intención del senador vitali­cio de someterse a la Justi­cia en el caso de filtración de Seprelad (Secretaría Nacio­nal de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), cuya imputación fue informada por la Fiscalía en marzo de 2024, mientras la causa viene soportando decenas de chi­canas.

“Evidentemente, hay un dis­curso que nos deja un poco perplejos, porque si Gustavo Leite pide ser desaforado y luego los que responden a Gustavo Leite, o los allega­dos o los concertados con Gustavo Leite, no piden que le saque el fuero a Gustavo Leite, quiere decir que hay una falsedad en el proceso”, dijo el senador al programa “Así son las cosas”, de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Un día después de que la Fis­calía formuló una contun­dente acusación contra siete exfuncionarios leales del gobierno de Abdo, el exman­datario se vio presionado a anunciar, a través de un video publicado en redes sociales el pasado 12 de marzo, que exi­giría el despeje de sus fueros legislativos para responder ante la Justicia por la persecu­ción política durante su man­dato. Sin embargo, sus aliados de la oposición pusieron tra­bas a la voluntad manifestada, pidieron que el caso se derive a comisiones asesoras y que Abdo acuda al Congreso para explicar su pedido, pese a que sus abogados ya habían acu­dido el año pasado para rea­lizar esta misma maniobra.

El pedido de desafuero, que ya se encuentra hace un año en la Cámara Alta, será tra­tado la próxima semana, informó el senador Basi­lio Núñez. Mientras tanto, Leite señaló: “Se trata el día que haya votos, pero tam­bién él (Abdo) queda des­gastándose como una per­sona mentirosa o poco fiable, ya sabíamos que es poco fia­ble, es la propia víctima de su victimización, porque el único que se quiere victimi­zar es él y nadie lo está victi­mizando”.

Por otra parte, el senador comentó que existe un pro­ceso de acusación que irá a un juicio oral y público, contra los exfuncionarios y excolaboradores de Mario Abdo en su gobierno, y ese proceso se debe llevar ade­lante hasta aclarar estos hechos. “La gente va a poder saber si es que levantaron o no los cargos en su contra, si lo levantan son inocentes y si no lo levantan terminarán presos, así funciona”, refirió.

• HOY.COM.PY.

El expresidente Mario Abdo Benítez, quien decía emocio­narse cuando Jair Bolsonaro lo llamaba Marito, causó per­juicio a los intereses del país en Itaipú, al permitir reduc­ciones consecutivas de la tarifa, dos de ellas inconsul­tas. Esto, además del acta bila­teral secreta que casi le costó el cargo y del espionaje orde­nado por Bolsonaro, también durante la era abdista.

En agosto del 2022, la tarifa de Itaipú de ese año, consensuada por Bolsonaro y Abdo, bajó de 22,60 Kw/h a 20,75 Kw/h, lo que se calificó como una tarifa intermedia, por situarse cerca de las posiciones pretendidas por ambos países. Sin embargo, desde enero hasta agosto del 2022 (mes en que se llegó a un consenso de partes) Brasil pagó lo que quiso, es decir, USD 18,90, con el argumento del descenso de la deuda.

Demostrando la sumisión de “su amigo Marito”, o por la inutilidad de su par de hacerse respetar, Bolsonaro repitió la jugada al año siguiente, anti­cipándose de un plumazo en diciembre del 2022, mediante un decreto que estipulaba una nueva reducción de la tarifa, esta vez, quedando en USD 12,67, en una decisión unilateral que no halló respuesta de Abdo.

La actitud entreguista comenzó mucho antes: el 24 de mayo del 2019 fue firmada el acta bilateral entre Paraguay y Brasil para la contratación de energía entre Itaipú y Centrais Elétricas Brasileiras SA (Ele­trobras). El contenido contem­plaba sobrecostos de unos 250 millones de dólares, perjudi­ciales para el Paraguay, según los antecedentes.

El documento vio la luz meses después y fue conocida como el “acta secreta entreguista”. El caso derivó en un inminente juicio político contra Marito, que, de hecho, estuvo a punto de concretarse, hasta que Jair Bolsonaro comunicó la anu­lación del acta el 1 de agosto del 2019. Lo hizo ante la inmi­nente destitución de su par paraguayo y amigo, al que salvó con esta decisión.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard, confirmó que en la tarde de ayer miércoles fueron notificados sobre la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por la cual se revoca la suspensión de licitación para la compra de las máquinas de votación. Con esta medida facilita que continúe el proceso normal, luego de que se rechazaran algunas protestas al proceso de compras.

A la salida de una reunión que mantuvo en la Cámara de Senadores, el titular del TSJE resaltó que esta medida es favorable para la institución, atendiendo que se rechazó la protesta formulada por una de las empresas interesadas; así como otra protesta que hizo una compañía de seguros que también fue rechazada por la DNCP, de oficio y sin necesidad de ningún análisis, dando la razón a la Justicia Electoral.

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“Con esto el proceso sigue normalmente como marca la Ley en todas sus etapas y luego se pasa a un examen técnico en todas las etapas de las ofertas”, confirmó.

Por otra parte, Bestard mencionó que el precio referencial que está en la plataforma pública es de 93 millones de dólares. “Ese es un precio de referencia, no quiere decir que va a ser adjudicado por ese precio, pero es el precio que se toma de acuerdo a todas las propuestas que hacen las empresas que quieren participar, se saca un promedio con base a 28.000 máquinas”, precisó.

En cuanto a la decisión de la compra de las máquinas y no de arrendamiento, recordó que cuando se puso en vigencia la Ley 2.318, que establece la lista desbloqueada y el uso del voto electrónico, se había optado por el arrendamiento, ya que era la primera experiencia que se tenía. Además de eso, no se tenía con certeza si el sistema se iba a mantener.

“Hoy estamos en contacto con todas las fuerzas políticas, que nos dicen que el sistema se va a mantener por un buen tiempo, y no se va a volver atrás con las listas cerradas y bloqueadas. Entonces, se hizo un estudio financiero y tecnológico conjuntamente con el Ministerio de Economía, donde determinamos que era más conveniente desde el punto de vista financiero”, acotó.

Mencionó que en el estudio que hicieron contempla al menos 10 años de vigencia y que incluye un total de 8 procesos electorales, en los que se podría dar uso las máquinas. “Tomando en cuenta que para dos procesos electorales pasados, se llevó adelante el arrendamiento de las máquinas, donde para esas elecciones costó casi 59 millones de dólares. Por eso consideramos mucho más rentable la compra de las máquinas para un uso por 10 años y para 8 procesos electorales. Además, nos convertimos en los propietarios de las máquinas”, indicó.

Informó que dentro del pliego de bases y condiciones prevé que las baterías de las máquinas, que son altamente inflamables, se puedan extraer y almacenar por separados, a fin de evitar que ocurran percances en el futuro.

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