El abogado Pedro Ovelar, representante legal del exmandatario y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, comunicó que esta mañana solicitó al Ministerio Público una copia con respecto al informe filtrado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a cargo de Carlos Arregui. Agregó que no se descarta iniciar acciones judiciales para determinar responsabilidades sobre la entrega de los datos confidenciales y las posteriores consecuencias.
“Creo que todo lo que está siendo publicado como descargo de los directivos de Tabesa y del equipo jurídico está cambiando totalmente la situación. Una campaña orquestada desde los sectores políticos acompañados por medios de prensa se combate con la verdad en el mismo ámbito donde ellos han instalado el problema. Todas las facturas que se están viendo es una muestra mínima de todo lo que se viene después, de toda la información que se ofrecerá y se aportará a la Fiscalía”, manifestó.
Ovelar agregó también que cuentan con una fuerte presunción de que el informe fue filtrado desde la Seprelad, teniendo en cuenta las publicaciones realizadas por la senadora Desirée Masi y el secretario privado del presidente, Mauricio Espínola, en sus redes sociales, así como las declaraciones de Mario Abdo Benítez en sus discursos políticos.
“Esta mañana presentamos un pedido formal ante el Ministerio Público para que nos entreguen una copia del informe de la Seprelad, así como de todas las otras actuaciones que vienen ocurriendo de un tiempo a esta parte como para también confrontar con todo lo que está circulando tanto en los medios como en las personas que accedieron al informe. Nosotros tenemos una fuerte presunción de que esto fue filtrado desde la Seprelad”, expresó.
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El abogado afirmó a la vez que existió un esquema montado por el oficialismo para responsabilizar a la Fiscalía sobre la filtración del informe y calificó la situación como una campaña política del gobierno asociada a grupos de comunicación y periodistas.
“Ellos esperaron que el Ministerio Público reciba el mail, que lo abran, convenientemente para luego publicarlo el día domingo. Para dar a entender que desde la Fiscalía se cometió la filtración y no desde la Seprelad. Esto es una campaña política asociada con los medios de comunicación y periodistas, yo no cuestiono que lo publiquen, sino que se presten al juego político de desprestigiar a una persona, ya que se encuentran apoyando a otro sector”, remarcó.
En ese sentido, el abogado continuó manifestando que “hay cuestiones muy torpes en este informe y que es muy fácil desbaratar, cuestiones muy básicas de interpretación, normativa y legal. Este informe es insuficiente, están peleando como gatos panza arriba tratando de sobrellevar el caso”.
No descartan acciones judiciales
Finalmente, manifestó que se encuentran evaluando iniciar un proceso judicial con la finalidad de poder identificar al responsable o los responsables de la filtración. No obstante, recalcó que actualmente se encuentran enfocados en obtener de manera oficial el informe y realizar comparaciones con los datos que fueron publicados en los medios.
“Estamos considerando muy seriamente, yo personalmente, pero después se considerará en el equipo de trabajo porque tampoco yo me cierro en mi propio conocimiento y ciencia, también está el aspecto político si conviene entrar o no en ese camino. Corresponde que se investigue quién filtró, también de qué manera lo hizo y de qué manera esto afecta a la credibilidad de la institución y de todo lo que fue su consecuencia, pero es materia de análisis, ya que estamos muy concentrados en obtener el informe y compararlo con lo que circula, ver con las publicaciones si varía y ser proactivos”, dijo.
Antecedentes
Una documentación reservada se filtró desde la Seprelad a medios de comunicación que junto con el Gobierno buscan posicionarse en las internas coloradas para deteriorar la suerte del cartismo, teniendo la campaña electoral en puertas. El informe confidencial de 43 páginas no contiene elementos nuevos, son fragmentos del informe de Arnaldo Giuzzio ante el Congreso Nacional.
En el calificado de “mamotreto” de la Seprelad se hace alusión a un supuesto esquema de lavado de dinero y hechos ilícitos dentro del Grupo Cartes, salpicando al expresidente de la República. Sobre las críticas por parte de un grupo de senadores, quienes alegaron una inacción por parte del Ministerio Público en la causa, el fiscal Osmar Legal fue contundente en sostener que la institución no tomará decisiones a las apuradas.