La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) evidencia una vez más constituirse en un “garrote político” del gobierno de Mario Abdo Benítez en su confrontación interna con Horacio Cartes, al revelar a medios información institucional fragmentaria y supuesta, generada desde su interés sectario y que aún no ha sido procesada por el Ministerio Público.

En la noche del sábado, el noticiero central del Grupo Vierci anunciaba la publicación de un informe que vincularía al expresidente Horacio Cartes con el lavado de dinero y que tal informe obra hoy en poder del Ministerio Público. Para el abogado Pedro Ovelar, tal filtración es absolutamente ilegal ya que vulnera el artículo 148 del Código Penal, de revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial.

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Ovelar expresa que lo cuestionable de esta filtración es que forma parte de un atropello a la ley con finalidad de influir en las elecciones internas del Partido Colorado, atendiendo que, de por medio, se encuentra la propia iniciativa del presidente de la República de perjudicar a su contrincante interno por las elecciones para la Junta de Gobierno.

Al mismo tiempo, genera un nuevo episodio de presión sobre el Ministerio Público solamente con el objetivo de parcializar el peso de la Justicia con fines electoralistas.

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Por su parte, José Ortiz, presidente de Tabacalera del Este SA (Tabesa), planteó que se trata de “un nuevo capítulo de una vieja telenovela” en la que se quiere instalar que una industria nacional que paga todos sus impuestos, al punto de ser la empresa privada con mayor aporte impositivo, se dedica al contrabando de cigarrillos, en tanto se ha probado y comprobado que todo el negocio de la empresa es dentro del territorio nacional o a través de los conductos de exportación correspondientes.

“Lamentamos decir que estamos en un momento de salvaje persecución financiera contra un grupo económico que da sustento y beneficios a miles de familias paraguayas, por el único motivo de las internas de un partido político”, adujo también José Ortiz.

El uso mediático y político de los datos que obran bajo “resguardo” de Seprelad no solo pisotean el artículo 315 del Código Penal al respecto de la vulneración de secretos de servicio, sino también -y principalmente- pone en riesgo el juzgamiento en curso del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) sobre el funcionamiento de los dispositivos institucionales de lucha contra el lavado de activos en Paraguay.

Probablemente, el hecho de que Seprelad filtre con fines electoralistas información que se encuentra protegida es un episodio que dejará muy mal parado al Paraguay ante este organismo y puede provocar su descalificación; en tanto, la institución rectora no se sustrae de una campaña proselitista, sino estaría formando parte de ella, acotó además el abogado Ovelar.

Hace semanas se viene hablando sobre la intervención de personas vinculadas al equipo del candidato Hugo Velázquez en la operativa de Seprelad, lo que a todas luces genera la contaminación política de las iniciativas de este órgano.