Por María José Argaña, exministra y exembajadora de Paraguay.

El Paraguay ha emprendido un camino importante en materia de desarrollo, y no es posible concebirlo, sin sentar las bases de las políticas públicas en la sostenibilidad, y esto, en gran medida, se halla ligado a la eficiencia energética.

No podemos ignorar que los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) nos invitan, entre otras cosas a: lograr una energía asequible y no contaminante, construir ciudades y comunidades sostenibles, e impulsar acciones por el clima. Éste fue un compromiso asumido por el entonces presidente Horacio Cartes, en el marco de la Asamblea General de las NNUU del 25 de setiembre de 2015, y en esta misma línea, se suscribió el Acuerdo de París sobre Cambio Climático el 21 de abril de 2016, instrumentos que ratifican un compromiso país, que debe honrarse.

Actualmente, es innegable, a nivel mundial, la preocupación por los efectos del cambio climático. Y este cambio, está estrechamente vinculado a las fuentes de energía, por lo que resulta imperioso, abordar el tema con la mayor amplitud posible, y también, con celeridad, en razón de que es necesario avanzar en la transición del mercado hacia un uso más racional de la energía.

Nuestro país, pese a tener algunas de las hidroeléctricas más grandes del mundo y con mayor carga de producción, no ha sido capaz de administrar adecuadamente esa materia, aún sabiendo que se trata de un tema prioritario para el desarrollo de la sociedad y el bienestar de la nación. Utilizamos apenas, un 10 a un 15 por ciento de la producción nacional, cediendo el excedente de forma preferente a nuestros socios internacionales en los diferentes tratados (tema aparte), sin entrar a detallar las pérdidas y stock negativo que se derivan.

La gestión responsable del gobierno, que, por cierto, no se ha dado hasta ahora, pasa por garantizar internamente, un diálogo amplio, tanto político como técnico, en torno a este tema tan sensible para los intereses nacionales. Paraguay debe emprender con firmeza, con seriedad, y con sólidas estrategias, la defensa de la soberanía y sostenibilidad energética del país.

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La adecuada estructuración de esta política, que fomente el uso de energía sostenible, apoyará significativamente a todas las actividades económicas, con una notable reducción de costos y una mayor seguridad energética. Este uso eficiente, es sin duda la medida más efectiva cuando hablamos de sostenibilidad ambiental. Es así que, en virtud del Decreto 6092/2016 se expone la importancia de la energía como elemento sustancial de crecimiento económico, desarrollo industrial y progreso social, delineando la Política Energética del país para los próximos 25 años.

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, en consonancia con los instrumentos internacionales, también se halla orientado, a incorporar la energía renovable y limpia como motor económico, aunque, como vengo señalando, va a ser necesaria, mucha visión y aún más, voluntad y responsabilidad política para salvar las ‘imperfecciones’, que no son otra cosa, que barreras técnicas, institucionales, económicas y culturales, para la implementación real de estas medidas eficientes, que nos desapeguen de una vez y sosteniblemente, de la dependencia a los combustibles fósiles y desde luego, de otros intereses ajenos al bien común.

Si bien se han sentado las bases, solo es el principio. Queda la tarea de no permitir que todo esto acabe siendo una utopía en los papeles, y se asuma como un deber patriótico, el desafío de hacer realidad una auténtica soberanía energética. No una que redunde en beneficio de unos pocos y de unos cuantos intereses, sino una verdadera soberanía energética integradora, eficiente, que realmente beneficie, y sea el motor que impulse el desarrollo social y económico del país, alcanzando a todos, en todos los rincones del mismo.

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