El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, rechazó parcialmente el proyecto de ley que despenaliza las declaraciones juradas de bienes para los funcionarios públicos. La iniciativa vuelve al Congreso Nacional para la aceptación del veto o ratificación.
La Cámara de Senadores sancionó el pasado 12 de mayo la iniciativa al no lograr reunir los 23 votos necesarios para penalizar el “olvido” en las declaraciones juradas de bienes. De esta manera prosperó el planteamiento de eliminar la obligación de la Contraloría General de la República de comunicar al Ministerio Público cuando un funcionario omite algún dato en su declaración jurada de bienes, por lo que el delito ya no será considerado como un hecho punible y pasible de sanciones.
“He decidido no promulgar el proyecto de ley que busca modificar la reglamentación legal de las declaraciones juradas de los funcionarios. La declaración obligatoria de bienes y rentas es una de las herramientas para la transparencia gubernamental y la lucha contra la corrupción”, indicó el jefe de Estado a través de su cuenta oficial en Twitter.
Por su parte, el jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Hernán Huttemann, manifestó que el veto parcial guarda relación específicamente con la modificación del artículo 14 de la Ley vigente N° 5033 que reglamenta la Constitución en lo relativo a la declaración jurada de bienes.
“Actualmente la norma vigente en el mencionado artículo establece en su primer párrafo sobre la posibilidad que tienen los funcionarios de rectificar sus declaraciones en el caso de que exista un error o una omisión no imputable al declarante en el momento de presentar su declaración. En el segundo párrafo se establece el deber que tiene la Contraloría ante la Fiscalía en el caso de que existan errores u omisiones imputables al declarante”, indicó.
Al respecto Huttemann manifestó que desde el Ejecutivo se mantiene la postura de que la Contraloría General de la República tiene un rol preponderante dentro del sistema de control gubernamental y la rendición de cuentas.
“Nosotros creemos que este canal de información que tiene hoy la Contraloría cuyo deber es su denuncia para remitir al Ministerio Público cuando existen indicios, se vería o estaría puesto entre dicho si triunfase este proyecto de ley. Por otra parte, el resto de las modificaciones no merecen objeciones por parte del Ejecutivo y por ende en caso de que el Congreso estimen convenientes podrían ser promulgadas en un futuro”, puntualizó.
Leé también: Número dos de la Policía: involucrado en procesos por armas, drogas y con condena firme
Días atrás los diferentes gremios de la producción, la ganadería y el comercio solicitaron al Ejecutivo el rechazo de la iniciativa bajo la recomendación de apostar por la transparencia y, en consecuencia, vetar la controvertida ley.
“Las declaraciones juradas de funcionarios públicos no deben ser despenalizadas porque abre la puerta a la impunidad, a la corrupción, facilita el lavado de dinero y va contra la transparencia que permite el control ciudadano de los actos del sector público”, argumentaron los gremios empresariales.
El comunicado en conjunto fue firmado por las autoridades de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP).
“La despenalización de las declaraciones juradas permitirá circunvalar el deber constitucional de los funcionarios públicos de prestar declaración jurada de bienes y rentas (artículo 104). La declaración jurada es una obligación establecida por la Constitución, que se fundamenta en la obligación de transparentar las actuaciones de los funcionarios públicos”, argumentaron.