El diputado del Partido Colorado, Walter Harms, argumentó que las denuncias contra la gestión del gobernador del departamento de Guairá, Juan Carlos Vera, deben ser resueltas en el ámbito judicial y no político, teniendo en cuenta que el planteamiento se encuentra siendo analizado en la Cámara Baja, en pleno año electoral.

“La mayoría de los gobernadores se encuentran presionados por la situación interna del Partido Colorado y la puja que hay por cuestiones electorales hace que se pierda de vista la objetividad y se lleve por el camino de la política. Tenemos que dejar que la justicia haga su trabajo y que sea el Ministerio Público, la institución que investigue, la Contraloría General de la República, el ente que denuncie, que los organismos de investigación tomen las determinaciones”, indicó.

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El pedido de intervención contra la administración de Vera finalmente no fue tratado ayer por los diputados ante la falta de quorum. La solicitud no fue incluida por los parlamentarios en la sesión extraordinaria. “Es lógico que en este ambiente tan politizado la objetividad es lo que menos prima y son los intereses sectarios, particulares de movimientos internos. No existen razones y objetividad para este pedido de intervención”, remarcó.

Las declaraciones de Harms surgen ante las manifestaciones realizadas por el gobernador, quien dijo que el pedido de intervención responde a una persecución política por parte del oficialismo comandado por el segundo del Ejecutivo y aspirante a la Presidencia de la República, Hugo Velázquez, y orquestado en la Cámara Baja por el diputado Éver Noguera, quien tendría según las manifestaciones de Vera intereses de encabezar la gobernación para utilizar los fondos en las campañas internas.

“Yo soy partidario que la división de los poderes tienen que primar en el Paraguay, más allá de la potestad que tiene la Cámara de Diputados de proceder a una intervención, sabemos que en muchos casos los pedidos de intervención se dan por mayorías coyunturales tanto en las juntas municipales como departamental”, puntualizó Harms en una entrevista con medios de prensa en la Cámara de Diputados.

Vera fue acusado por un grupo de concejales de un supuesto despilfarro de unos US$ 2 millones que fueron transferidos por el Gobierno con la finalidad de impulsar la reactivación económica y para ayuda social durante la pandemia del COVID-19.

Las denuncias presentadas fueron sobre la construcción de una planta de oxígeno que, de acuerdo a las manifestaciones de los ediles, no se encuentra operativa; la supuesta sobrefacturación en varias obras, como por ejemplo la construcción de calles, pozos artesianos, asistencia a productores, el supuesto pago doble por las obras de lumínicas para el estadio del club Guaireña, entre otras.

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