Finalmente el Congreso Nacional remitió hoy al Poder Ejecutivo el proyecto de ley que despenaliza las declaraciones juradas de bienes para los funcionarios públicos. El presidente Mario Abdo Benítez cuenta con seis días hábiles para promulgar o vetar la controvertida propuesta.
La Cámara de Senadores sancionó el pasado 12 de mayo la iniciativa al no lograr reunir los 23 votos necesarios para penalizar el “olvido” en las declaraciones juradas de bienes. De esta manera prosperó el planteamiento de eliminar la obligación de la Contraloría General de la República de comunicar al Ministerio Público cuando un funcionario omite algún dato en su declaración jurada de bienes, por lo que el delito ya no será considerado como un hecho punible y pasible de sanciones.
El reciente envío del documento se debe a que el presidente del Congreso Nacional, Óscar “Cachito” Salomón, se encontraba de viaje junto con sus colegas Lilian Samaniego, Arnaldo Franco y el segundo del Ejecutivo y aspirante a mandatario por el movimiento Fuerza Republicana, Hugo Velázquez, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, ocasión que fue aprovechada por los mismos para la realización de campañas políticas, situación que dilató el proceso al no contar el proyecto con su firma.
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Días atrás los diferentes gremios de la producción, la ganadería y el comercio solicitaron al Ejecutivo el rechazo de la iniciativa bajo la recomendación de apostar por la transparencia y, en consecuencia, vetar la controvertida ley.
“Las declaraciones juradas de funcionarios públicos no deben ser despenalizadas porque abre la puerta a la impunidad, a la corrupción, facilita el lavado de dinero y va contra la transparencia que permite el control ciudadano de los actos del sector público”, argumentaron los gremios empresariales.
El comunicado en conjunto fue firmado por las autoridades de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP).
“La despenalización de las declaraciones juradas permitirá circunvalar el deber constitucional de los funcionarios públicos de prestar declaración jurada de bienes y rentas (artículo 104). La declaración jurada es una obligación establecida por la Constitución, que se fundamenta en la obligación de transparentar las actuaciones de los funcionarios públicos”, argumentaron.
Así también, destacaron el rol que desempeñan la Contraloría, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Superintendencia de Bancos, la Dirección General de los Registros Públicos, y el Servicio Nacional de Catastro. “Es por ello que todas estas instituciones deben cooperar estrechamente para comprobar y validar las declaraciones juradas, de manera a verificar que sean reales y legítimas. Si no lo hacen son cómplices o encubridores”, afirmaron.