Al cerrar una nueva semana con un nuevo duelo que golpea a los paraguayos con la muerte del intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, en la noche de este sábado, que se sumó al duelo de la semana pasada por el asesinato del fiscal especializado del crimen organizado Marcelo Pecci, el gobierno de Mario Abdo Benítez pareciera que aún no reacciona en la debida forma en contra de este doble golpe que ha dado el crimen organizado en el país, cuyas mafias en este momento se laurean con dos golpes certeros contra quienes los combatieron de frente y sin miedo.

En el programa “Fuego cruzado”, que se emite los domingos a la noche por GEN, estuvieron invitados dos analistas políticos con bases constitucionales; el primero, el actual senador liberal Eusebio Ramón Ayala y, el segundo, el exlegislador Marcelo Duarte, quienes brindaron sus respectivos pareceres sobre los últimos acontecimientos y analizaron la situación del Paraguay ante estos hechos criminales.

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Al respecto, Duarte señaló que hace unos días se analizó la posibilidad de declarar estado de excepción en el departamento de Amambay. Indicó que este planteamiento se dio porque no existe una hoja de ruta clara, partiendo en primer lugar por la cabeza responsable de la seguridad del país que es el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

“Realmente es preocupante, y todo lo que se plantea desde el Gobierno, que es la administración del Estado, yo no veo que tuviese un plan claro, porque si lo tuviese supongo que lo expondría. Ante esa falta de un plan claro es que surge la idea por parte del Poder Legislativo y se plantea declarar un estado de excepción”, indicó.

Al respecto, explicó que se podría aceptar la declaración de un estado de excepción basados en dos argumentos clave ya establecidos en la Constitución, que son del conflicto bélico o la conmoción dentro del Estado. Pero viendo que el poder administrador no tiene clara la película sobre qué tiene que hacer, y eso se observó cuando el propio Mario Abdo, tras el atentado del intendente de Pedro Juan Caballero, se preguntó “¿qué puede hacer él?”, entonces se cuestionó qué tanto podría aportar el estado de excepción si el propio gobierno no tiene nada previsto.

Por su parte, el senador liberal Ayala indicó que el tema de seguridad es muy general y se requiere en muchos aspectos para que la población pueda desarrollarse con normalidad. Pero para ello implica política de empleo, políticas de infraestructura, educacionales, entre una serie de políticas públicas, porque en realidad es una cuestión sociológica porque se trata de la realidad social.

“Podría haber mayor seguridad si las políticas públicas son ejecutadas inteligentemente en la dirección correcta y de la manera más general posible. De manera que haya cierta equidad y cierto equilibrio entre los diferentes factores, de poder y de presión que funciona en la sociedad, independientemente a los poderes del Estado. Solamente desde el punto de vista legislativo no es suficiente”, explicó.

Asimismo, señaló que todas las normativas, sanciones, están contempladas en las leyes vigentes, por lo que no cree que haga falta establecer una nueva legislación para que se pueda implementar la política de seguridad porque tanto la Constitución y las leyes ya establecen cada una de las responsabilidades de cada una de las instituciones del Estado.

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Entonces, indicó que teniendo los instrumentos jurídicos vigentes, existen los planes de acción, faltan algunos detalles, pero están las líneas generales establecidas en la Constitución Nacional y en las leyes que establecen responsabilidades y funciones.

Al respecto, indicó que el régimen hiperpresidencialista del sistema constitucional del Paraguay deposita en la eficacia, en el trabajo y en la gestión del presidente de la República. Entonces, cuando el primer mandatario no cumple su función de manera eficiente o deja que continúe el desarrollo normal sin ninguna intervención, entonces es que se producen estos problemas que hoy se observan.

“El presidente de la República tiene a su cargo dar seguridad jurídica, seguridad física, proteger la libertad y la seguridad y la vida de la gente; al igual que el Poder Judicial, la Fiscalía, sin dudas. Pero esos planes, para contener, incluso en la prevención, son los planes que debe ejecutar el Poder Ejecutivo. Cuando esto no cumple el Ejecutivo es que se produce el aumento de la criminalidad porque hay inequidades”, explicó.

Al respecto, sostuvo que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas cuentan con personal capacitado y preparado en seguridad nacional, al igual que otras instituciones del Estado que entienden muy bien del tema. Pero lo que hace falta es un líder que tenga la voluntad, la cualidad y tenga la capacidad de dirigir y utilizar todos esos elementos que ya están disponibles. Es por este motivo, indicó, que votó en contra del proyecto de ley de declarar estado de excepción para Amambay porque ya existen todos los elementos jurídicos.

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“Qué le puede agregar el estado de excepción a lo que actualmente la Constitución le otorga y atribuye al Poder Ejecutivo. Nada. Pero pueden haber arbitrariedades en la ejecución del Ejecutivo, es un arma poderosa en manos de un ineficiente que no controla”, expresó.

A su turno, Marcelo Duarte señaló que el país está entrando en un punto de inflexión, si es que ya no está completamente adentro, con relación a pasar de ser un Estado bastante desordenado e ineficiente a una etapa terrible, en donde el Estado se puede convertir en un instrumento que brinde las condiciones mínimas a los ciudadanos para desarrollar sus actividades. A ser un Estado que empiece a defenderse de los ataques del crimen organizado, lavado de dinero y otros crímenes ligados.

“Por qué el asesinato de Marcelo Pecci cobró una trascendencia, porque es una señal para propios y extraños que al que intente interferir en la cadena de tráfico de drogas ilícitas puede terminar así, si molesta. Eso son los signos que tenemos que leer para hacer las proyecciones. Esto me angustia particularmente como ciudadano, que esto termine con un nuevo atentado como el que se produjo en Pedro Juan, contra la vida del intendente Juan Carlos Acevedo. Luego que no se vea ninguna hoja de ruta clara y que los responsables de los órganos de seguridad del Estado le pregunte a la víctima qué quiere que haga. Entiendo y veo la buena voluntad, pero lo que me preocupa es que no veo un plan de contingencia”, expresó.

A su turno, de vuelta el senador Ayala insistió en que existe en primer lugar una Ley de Seguridad Interna en Paraguay, así como existen los organismos como el Consejo Nacional de Seguridad, que es presidido por el propio presidente de la República, junto con todos los organismos responsables en la materia, que no fueron convocados para estos casos.

Así también, existe un Consejo de Ministros del Poder Ejecutivo que tiene que tener una reunión permanente para analizar de manera global el problema y enfocar las prioridades, lo que no se están haciendo, entonces existe un problema operativo de gestión.

“Digo un problema operativo de gestión porque tenemos los elementos, hay un Servicio Nacional de Inteligencia, en el que están todos los órganos de control de lavado de dinero, la lucha contra narcotráfico, la Senad, tenemos todas esas instituciones y tenemos muchísimos funcionarios en todas esas instituciones. Tal vez muchos de ellos permeados por la corrupción y muchos tal vez no encuentren el respaldo institucional para enfrentar frontalmente al problema del narcotráfico, el lavado, el contrabando, o la delincuencia transnacional. Entonces, como ya tenemos todos esos planes y se tiene el marco jurídico, en el plano operativo está el problema”, afirmó.

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Por otra parte, señaló que el problema de Amambay, o de Pedro Juan Caballero en particular, no es un asunto nuevo, ya que es de larga data. Pero teniendo en cuenta que el que tiene la facultad constitucional de enfrentar a los poderes fácticos, o los poderes de los criminales, no hace nada, estos avanzan y llegan a lugares donde el Estado no llega porque no quiere o no puede llegar, y otras por complicidad.

“Los tres departamentos, Concepción, Amambay, San Pedro, desde el 2013, y un poco más desde el 2018, están con la Fuerza de Tarea Conjunta, en ciertas y determinadas épocas son más eficientes, en otras épocas no son eficientes. Pero solo la FTC no es suficiente porque la presencia de los planes del Gobierno tiene que estar presente en esas comunidades”, precisó.

En otro momento de la programación, Duarte aportó señalando que lo que se observa hoy en día es una “acción por inacción u omisión”, que es una herramienta jurídica que en derecho se utiliza bastante, que es cuando se deja de hacer algo que está obligado a hacer, no es que no se hace absolutamente nada, sino que se está dejando que las cosas sucedan.

“La acción por omisión, si yo veo una canilla abierta, y está corriendo el agua potable que a mucha gente le falta y no la cierro, no es que no estoy haciendo nada, sí estoy haciendo algo al no cerrar la canilla, lo que estoy haciendo es que el agua se desperdicie. Habiendo mucha gente que no tiene agua ni si quiera para tomar, le estoy castigando a esa gente por mi inacción que se convierte en una acción”, indicó.

No obstante, señaló que este es el momento político en que toda la ciudadanía junto con la clase política debe poner presión para que la dirigencia política debata sobre estos temas y finalmente el Gobierno ponga manos a la obra.

“Rescatar al país del abismo donde vamos a caer, si es que estos grupos criminales comienzan a manejar por completo ciertas zonas. Si el crimen organizado se instala de manera definitiva en esas zonas, que no es por casualidad, tiene que ser porque las condiciones en el país están dadas para que su negocioso sea viable. Entonces, quedarnos quietos es darle semáforo verde a esta gente el futuro de nuestro país y de nuestros hijos y hacer que esto tenga represiones en otras naciones”, acotó.

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