El Senado aprobó este jueves último, el proyecto de ley de “Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco”, presentado por el Poder Ejecutivo, y que ahora se remite a la Cámara de Diputados. En el programa “Dos en la ciudad”, emitido por canal GEN y Universo 970 AM-Nación Media, el presidente de Tabacalera del Este SA (Tabesa) y de la Unión de Tabacaleras del Paraguay, José Ortiz habló de las implicancias para el sector.
“Este protocolo fue muy politizado”, afirmó Ortiz acerca del proyecto, que mediante el voto nominal obtuvo la aprobación de 34 senadores, en la sesión ordinaria realizada ayer. “Quieren políticamente de forma perversa vincular a la industria del tabaco con el narcotráfico y no tiene nada que ver”, agregó. “Ojalá que en la Cámara de Diputados se rechace y nos inviten a las comisiones a explicar las controversias”, insistió el empresario.
Barreras al comercio legal
“Este protocolo lleva a la competencia desleal porque posee una cláusula que dice que no se puede exportar en contenedores consolidados, es decir, que afecta a la logística”, explicó José Ortiz, al momento de ejemplificar que en Chile, Estados Unidos, Canadá, donde se produce cigarrillos no tienen aprobado o firmado el protocolo en cuestión. “Entonces, claro, viene una empresa tabacalera y puede decir que se apruebe en Brasil, total nosotros tenemos a Chile en donde no se aprueba y desde Chile tienen la ventaja competitiva contra Paraguay para la exportación de cigarrillos”, puntualizó.
“Se llama protocolo contra el ilícito del tabaco. Ahora yo les pregunto: una fábrica clandestina, ¿paga impuestos, está sujeta a las normas fitosanitarias, tiene sus empleados dentro del área formal, inscriptos en IPS (Instituto de Previsión Social) con las cargas sociales pertinentes, y va a estar sujeta al protocolo del tabaco? No está sujeta”, argumentó. “Por eso que este tiene que llamarse el protocolo para la instalación de fábricas clandestinas. ¿Por qué? Porque llenás de barreras y exigencias a la industria lícita y la industria ilícita no tiene ninguna de esas barreras, además que no pagan impuestos”.
Inviable e inaplicable
José Ortiz calificó de inviable e inaplicable el actual proyecto: “Ese protocolo tiene como 85 artículos, como 50 artículos están ya legislados en nuestro país, o sea, hubiera sido una legislación sobre la legislación, pero tiene artículos que son absolutamente inaplicables. Hay artículos relacionados a la trazabilidad que pueden llevar a una gran inversión del Estado”.
“Entonces, esto tiene consecuencias presupuestarias para el Estado y yo te aseguro que ningún legislador tiene condición de responder cuál es la tecnología que va a ser aplicada para cumplir este protocolo, porque ningún país cumple. Tienen que ser hardware de inmensas capacidades para poder reunir todas las estadísticas. Este tipo de proyectos tiene que adecuarse a la realidad del país”, observó.
Dijo que los promotores del proyecto pretenden que las industrias tengan un mecanismo para recibir un retorno de la información de que esa cajetilla vendida fue comprada por el consumidor. “¿Cómo si vos estás vendiendo miles de millones de cajetillas vas a tener algún identificador específico para cada cajetilla y que yo pueda recibir a través de toda la cadena de venta y de comercialización que al final esa persona compró esa gruesa o esa cajetilla?”, preguntó.
En ese contexto, también desmintió las versiones de las ventas a personas o clientes innominados. “Tabacalera del Este SA tiene por lo menos la distribuidora que es Palermo, que tiene más de 18.000 clientes catastrados, que son personas físicas o jurídicas debidamente identificadas”, recordó el presidente de Tabesa.
Connotación política perversa
En otro momento de la entrevista, José Ortiz lamentó que se busque darle a un proyecto una connotación política en un periodo preelectoral por el que atraviesa el país. “Acá el problema es que el accionista principal es una persona preponderante de la política, Horacio Cartes, entonces viene por ahí la mano. Este protocolo fue muy politizado”, señaló el empresario, acerca del expresidente de la República y líder del movimiento Honor Colorado, que se postula para la titularidad de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR).
“Si bien es cierto, está dando vueltas hace cinco años, se lo trata en un momento preelectoral y de alta política y tratando de desarrollar un hilo conductor muy perverso, tratando de relacionarlo al crimen organizado y (el tabacalero) es el sector que más impuestos paga en el país”, subrayó. “Acá hay mucha perversidad, hay intenciones políticas, en este momento, en virtud a la situación electoral, de la preferencia hacia los candidatos y demás cosas, si el Grupo Cartes u Horacio fabricaba estampitas, iban encontrar el ilícito de las estampitas, iban a tratar de relacionar y fabricar estampitas iba a ser perverso”.
Lamentó que debido a esa politización no fueron invitados como sector directamente afectado a las comisiones del Senado para dialogar previamente al tratamiento del pleno que otorgó media sanción. “Esa es la situación, porque hay intenciones políticas, por eso no permiten y no invitan a una mesa para hacer un estudio y tratamiento objetivo del proyecto, porque se quedarían sin fundamentos. Y vas a ver ahí que todos aquellos que tienen intensiones electorales ya sea para la presidencia de la República y que no entienden nada del negocio salen a opinar y felicitar”, expresó.
Diálogo con diputados
José Ortiz no descartó que puedan existir intereses económicos de ciertos sectores en la aprobación de ese proyecto, al momento de recordar que llamativamente “ayer un legislador de un partido pedía la aprobación y un referente muy importante de ese partido es representante de Thomas de la Rue, que es una empresa que se dedica a este tipo de hardware”.
“También puede haber intereses económicos detrás. Le dicen a una bancada, queremos que apruebes eso porque esto me puede venir bien porque puedo vender un montón de máquinas o tecnologías”, mencionó el empresario, al momento de aclarar que no estaba realizando acusaciones, sino una conjetura.
El polémico proyecto de ley ahora será remitido a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración. En ese sentido, José Ortiz dijo que espera ser recibido por los diputados para poder conversar sobre la propuesta. “Veremos qué pasa en Diputados, veremos si me dan el espacio para hablar y explicar técnicamente, yo quisiera tener con los legisladores una conversación técnica y si hay oportunidad más adelante, y vuelve a la Cámara de Senadores, espero que me den también la oportunidad de estar sentado en una mesa técnica”, puntualizó.